En el año 1985, la República Dominicana se comprometió a aplicar las directrices para la protección del consumidor, aprobadas en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. La misma fue consignada en la Resolución número 39/248, del 9 de abril del mismo año, en las que se especifica el rol que deben jugar los gobiernos para proteger y salvaguardar los derechos e intereses de los consumidores.

Nuestra constitución consagra los derechos de los consumidores en su artículo 53, así como con la creación de la ley general de los derechos del consumidor o usuario 358-05 del 26 de julio del 2005. Anterior a esta ley, en el año 2001 se crea la ley general de electricidad 125 -01, modificada el 06 de agosto del 2007 por la 186-07. Dentro de esta, en su artículo 121 se crea la Oficina de Protección al Consumidor de Electricidad, con funciones muy definidas.

“Atender y dirimir sobre los reclamos de los consumidores de servicio público frente a las facturaciones, mala calidad de los servicios o cualquier queja motivada por excesos o actuaciones indebidas de las empresas distribuidoras de electricidad. Esta oficina estará bajo la dirección de la Superintendencia de Electricidad y funcionará en cada municipio del país”.

En las últimas semanas existe una queja generalizada de la mala calidad del servicio que reciben los usuarios, como también del aumento de las facturas eléctricas. Recientemente, en la región norte del país, prácticamente el servicio eléctrico colapsó con la falta del servicio.

Usuarios de varias provincias se quejaban por la falta del mismo y, la mala calidad de este, entonces las redes sociales y medios de comunicación se hicieron eco de ello. Las explicaciones que daba el administrador de la Empresa de Distribución de Electricidad del Norte era que los mismo fueron productos de la interconexión de una línea de 345 kv en una sub estación de Bonao. La aclaración no satisfacía a los usuarios cansados de aguantar apagones en los últimos meses, tampoco sabemos si la empresa distribuidora notificó a tiempo los trabajos.

Lo que más llama la atención de esta situación presentada es que al día de hoy no existe una sola explicación del órgano regulador,la Superintendencia de Electricidad, cuando existen patrones de la mala calidad y/o informaciones que no están claras. El órgano regulador debe tomar los correctivos que amerite. Esos patrones en el sectorsuelen convertirse en costumbres y, por lo general van en detrimento de los usuarios que nunca reciben ningún tipo de compensación por las fallas y faltas ocurridas en el sistema eléctrico.

Los órganos reguladores están creados para velar por el buen funcionamiento de los mercados, corregir las faltas y, aplicar las sanciones correspondientes si lo amerita, no importa que las empresas pertenezcan al estado. Para desgracia de nosotros los consumidores del servicio energético, somos clientes cautivos.

Para mejor comprensión, somos presos del negocio eléctrico de distribución, no tenemos la libertad de elegir a quien podemos comprar el servicio de energía. Dada la manera como el negocio está concebido, la falta de competencia en el sector de distribución de energía es quizás el mayor daño al negocio y, claro, en perjuicio de nosotros los consumidores.

El negocio eléctrico, estoy casi seguro, es el más complejo de todos los negocios, pero eso no es excusa para que la Superintendencia de Electricidad no ejecute la función para la que fue creada.

Para entender un poco la magnitud de lo que relato, pondré un ejemplo: meses atrás, cuando asumieron las nuevas autoridades de las empresas de distribución, comenzaron a llegar miles de quejas por el pago de la potencia fija de negocios medianos y pequeños, así como usuarios residenciales por el aumento de sus facturas, producto de la pandemia.

Por el tipo de tarifa que contratan estos negocios, tienen que pagar una potencia fija por un año que los obliga a seguir pagando aun no consuman energía. Lo cierto es que, en un estado de emergencia y una crisis sanitaria mundial y económica, es imposible que un negocio cerrado siga pagando por una potencia contratada o una penalidad, a menos que lo quieran llevar a la quiebra.

El administrador de Edesur anunció que revisaría un paquete de facturas de usuarios para comprobar si existe error en las misma, y que esta revisión seria avalado en una mesa por Pro Consumidor y Protecom como veedores.

Yo pregunto: ¿Desde cuándo las empresas que son entes de regulación tienen facultad para auto regularse? La dirección de protección al consumidor de electricidad tiene una función muy clara en la ley. Es válido que las empresas de distribución de electricidad asuman las revisiones de las facturaciones, pero deben ser ex-ante cuando detectan fallas en lo interno de las misma.

A su vez, están obligados a notificarles al organismo regulador de lo que está aconteciendo para fines de revisión como establecen las normas. En el caso en cuestión, se “realizaron” ex-post, es decir después del hecho consumado.

La obligación de la Superintendencia de Electricidad y de su Dirección de Protección al Consumidor era asumir las funciones que la ley les confiere, ya que existía un patrón que afectaba a un universo muy grande de usuarios que indicaban la existencia de anomalías y, por ende, violaciones de los derechos de los consumidores.

Si realmente se realizaron esas revisiones, todo lo que salió es ilegal, aun sean establecidas en consenso, y en beneficio de unos cientos de usuarios.

Confiamos que la Superintendencia de Electricidad asuma el mandato que tiene por ley, que no deje que la agenda que le corresponde se la impongan los entes a regular, porque el cambio no es un logo nuevo, es asumir el rol asignado por la ley, para implementar políticas y regulaciones que beneficien a la mayoría de ciudadanos.

Exhortamos a los ciudadanos a que no se queden callados por reclamar un servicio muy caro que pagamos. Tenemos leyes que nos protegen, así como la misma Constitución nos lo garantiza, tenemos que entender que los consumidores somos la razón de que esas empresas existan, por ende, somos el mayor y más grande activo, hagamos sentir nuestras voces exigiendo nuestros derechos.