Repetir la fórmula: cuando verificar IMEI no alcanza
Desde diciembre pasado opera en Plaza Central (Santo Domingo) el llamado Centro de Revisión de Celulares, una iniciativa que permite verificar si un equipo ha sido reportado como robado a partir de la consulta de su número IMEI.
Presentado como una herramienta de apoyo al ciudadano, el centro no introduce, sin embargo, ningún mecanismo nuevo: replica un proceso que ya existía y que, paradójicamente, era más simple y accesible.
La diferencia es que ahora está reforzado porque la revisión se hace en tres bases de datos y abarca tanto lo local como lo internacional.
En 2022, amparada en una resolución de 2020, la verificación de IMEI se puso a disposición, junto con un esquema de Series Negadas, mediante un enlace en línea, accesible desde cualquier dispositivo y sin necesidad de desplazamiento físico.
Ese sistema permitía comprobar, en segundos, el estatus de un equipo antes de comprarlo. El nuevo centro no amplía esa capacidad ni la mejora; simplemente traslada una consulta digital a un espacio presencial, añadiendo fricción donde antes había inmediatez.
Ahí reside el principal problema de la iniciativa. El robo y la reventa de celulares es un fenómeno ágil, descentralizado y mayoritariamente informal.
Pretender enfrentarlo con un punto físico, ubicado en un centro comercial específico y dependiente de la voluntad del usuario de acudir personalmente, es insistir en un modelo que ya ha demostrado sus limitaciones. No se trata de falta de intención, sino de un enfoque que confunde visibilidad con efectividad.
Más aún, al no ofrecer una plataforma digital abierta, integrada y actualizada en tiempo real, el centro termina funcionando como una reedición institucional de una herramienta que ya existía. La pregunta entonces no es si el servicio opera correctamente, sino por qué se desmontó —o se relegó— una solución remota para sustituirla por una más lenta y menos escalable.
En ese contexto, el Centro de Revisión de Celulares no ataca las causas del problema ni introduce un disuasivo real al mercado ilegal.
Es, en esencia, más de lo mismo: una respuesta conocida a un problema persistente, presentada bajo un nuevo formato, pero sin cambios estructurales. En tecnología, como en política pública, repetir el método difícilmente produce un resultado distinto.
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