¿Está República Dominicana preparada para la revolución tecnológica que redefine al mundo? Responder la pregunta obliga a mirar con detenimiento un país lleno de contrastes: se proyecta como referente regional en crecimiento económico, estabilidad política y modernidad, pero convive con una brecha estructural entre ese discurso y la capacidad real de su población e instituciones para aprovechar el desarrollo tecnológico.

El país gusta de verse a sí mismo como moderno y vanguardista, cómodo en la narrativa del lujo, la innovación y el progreso, mientras una parte significativa de la sociedad permanece al margen de ese relato.

Esa distancia entre la imagen y la realidad no es nueva y se arrastra desde hace décadas, alimentada por la falta de políticas sostenidas que conviertan la tecnología en una verdadera herramienta de inclusión y desarrollo.

En materia de telecomunicaciones, República Dominicana no parte de cero. Internet llegó en 1995 y desde entonces el sector ha mantenido estándares competitivos.

A nivel educativo, la creación del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) y del Parque Cibernético de Santo Domingo (PCSD) en el año 2000, junto con universidades que ofrecen programas en informática, robótica e inteligencia artificial, parecería confirmar que el país entendió a tiempo la importancia del enfoque STEM en un mundo cada vez más digitalizado.

Sin embargo, las apariencias engañan. La tecnología suele ocupar un lugar secundario en el debate público, tratada con superficialidad y, en no pocos casos, subordinada a lógicas políticas que terminan vaciando de contenido proyectos llamados a ser estratégicos. El resultado es un avance fragmentado, dependiente de voluntades coyunturales más que de una visión de Estado.

El caso reciente del ITLA es revelador. La destitución de su rector, Rafael Féliz García, tras denuncias sobre la supuesta retención de un porcentaje del salario de empleados con fines políticos, no solo abrió un debate ético, sino que expuso una debilidad más profunda: la forma en que se conciben y gestionan instituciones clave para el futuro tecnológico del país.

Más allá de perfiles personales, resulta legítimo cuestionar si quienes dirigen estos espacios cuentan con la formación, la comprensión del entorno tecnológico y la independencia necesarias para liderarlos.

Lejos de cerrar la herida, el debate público posterior, marcado por apuestas a nombramientos mediáticos y ruidosos, ha reforzado la preocupación. Instituciones como el ITLA no necesitan figuras que busquen protagonismo, sino liderazgos técnicos, sobrios y enfocados en potenciar el talento dominicano en un escenario global cada vez más competitivo.

La tecnología no puede seguir tratándose como botín político ni como plataforma de posicionamiento personal.

Mientras no separemos con claridad la gestión pública del interés partidario, la deuda tecnológica del país seguirá creciendo, por más discursos de modernidad que se repitan. En ese punto, la revolución tecnológica no nos estará esperando.