La República Dominicana suma una nueva y curiosa herramienta en su arsenal contra la corrupción: una inteligencia artificial llamada María, presentada como una creación respaldada por nada menos que DOGE y el gobierno de los Estados Unidos, o al menos, eso afirma su principal impulsor, el siempre polémico Jochi Gómez.

El anuncio se realizó en un evento que prometía abrir el debate sobre gobernanza e inteligencia artificial frente a los desafíos del nuevo orden global. Pero más allá de la parafernalia y el lenguaje tecnocrático, hay varias piezas en este rompecabezas que no encajan. Y otras que, francamente, resultan difíciles de creer.

Antes de adentrarnos en el análisis – limitado, claro, por la escasa información oficial -, conviene responder una pregunta que ha estado en el centro de todas las conversaciones desde que María hizo su debut público: ¿qué es DOGE y qué relación tiene con la corrupción dominicana?

DOGE, por sus siglas en inglés, es el Departamento de Eficiencia Gubernamental de los Estados Unidos, una entidad creada al inicio del segundo mandato de Donald Trump. Su misión es clara: recortar el gasto público y desmantelar estructuras burocráticas consideradas innecesarias o ineficientes.

Esta agencia, bajo la dirección de Elon Musk —sí, el mismo de Tesla y X—, ha sido la responsable de cerrar USAID y otros programas que la administración actual tachó de improductivos o desviados. También ha liderado despidos masivos en la administración federal y promovido el regreso obligatorio al trabajo presencial.

El lanzamiento de María se dio en una conferencia anunciada por el hijo mayor de Trump —cuyo nombre destacaba en la invitación— junto a Jochi Gómez. A la cita también asistió Roger Stone, veterano estratega político y confidente de Trump, cuyo historial de escándalos es bien conocido.

El panorama luce, en apariencia, sofisticado, moderno y hasta institucional. Pero basta explorar  un poco más allá de la superficie para que salten las alarmas.

Empecemos por el mensajero: Jochi Gómez, figura mediática conocida más por sus constantes disputas y escándalos que por su trayectoria institucional. El mismo protagonista del sonado conflicto de los semáforos ahora se presenta como adalid de la ética pública, amparado en el respaldo (real o supuesto) de los Estados Unidos.

Es cierto que mencionar a Estados Unidos todavía genera un cierto peso en debates locales, pero eso no basta. La pregunta de fondo es: ¿cuál es la base legal de todo esto?

Para que una herramienta anticorrupción tenga legitimidad, debe surgir desde las instituciones dominicanas o contar, como mínimo, con su aval formal. En ese marco, cualquier asistencia externa podría considerarse cooperación. Pero este no es el caso.

Aquí estamos ante una inteligencia artificial concebida en otro país, promovida por un intermediario local sin cargo público y con antecedentes conflictivos. En otras palabras: esto huele más a injerencia que a colaboración, y ya sabemos lo que eso implica.

Y luego está Roger Stone, cuya participación en este tipo de iniciativas debería, como mínimo, levantar sospechas. Recordemos que fue investigado por sus vínculos con Rusia en las elecciones de 2016.

¿Puede alguien involucrado en ese tipo de maniobras hablar con autoridad sobre la lucha contra la corrupción? ¿Y debemos creer que una IA —alimentada con datos y sesgos humanos— es la solución mágica para uno de nuestros problemas más complejos?

A veces, la República Dominicana se parece demasiado a un espectáculo ambulante. La pregunta no es si estamos haciendo el ridículo. La verdadera preocupación es: ¿quién se atreverá a poner orden en medio de este caos?