Luego de la pandemia del covid-19, el costo de las viviendas ha aumentado entre un 35 a un 40 por ciento, informó ayer Annerys Meléndez, presidenta de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi), quien ofreció el dato basada en estudios de la Oficina Nacional de Estadísticas.

Durante su comparecencia en el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, Meléndez precisó que los elementos que más han incidido son el acero y el cemento, que representan el 40 por ciento de los materiales utilizados para la construcción de la edificación.

Recordó que el otro 60 por ciento de los gastos lo componen la mano de obra y materiales de terminación, entre otros.

De acuerdo a lo explicado por la empresaria, el acero y el cemento aumentaron entre un 40 a un 60 por ciento dependiendo de las tipologías, al tiempo de precisar que otros insumos como la pintura y la madera subieron entre un 30 y 50 por ciento.

No obstante, dice que hay una tendencia a la baja y la estimación para finales de año es que las condiciones mejoren.

La representante de la entidad que agrupa más de 300 empresas de la construcción aclaró una confusión que ha perdurado por años: “no es cierto que los haitianos son mayoría en las construcciones”.

Precisó que toda construcción tiene dos etapas; la gris (la inicial), que es donde se utiliza, en mayor proporción, la mano de obra haitiana y luego la terminación, donde participan, entonces, los trabajadores dominicanos.

“El uso de manos de obra haitiana no tiene nada que ver con su precio, nosotros tenemos dentro del sector salarios mínimos sectorizados, que implica que las labores están definidas por un monto específico que se le paga al trabajador sin importar la procedencia, edad, ni sexo”, apuntó.

Asimismo, sostuvo que desde la institución tienen varios años trabajando para tecnificar y dotar de mayor capacitación a los trabajadores.

En ese contexto, impulsan una Escuela Nacional de Formación de Técnicos de la Construcción en coordinación con el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), que permitirá capacitar y tecnificar a los trabajadores.

Dijo que el sector construcción se ha desarrollado bastante y requiere mano de obra más especializada.

“La escasez de mano de obra tecnificada es algo que nos está impactando mucho, necesitamos más trabajadores especializados”, agregó.

Cumplen con el 80-20

Aseguró que los miembros de Acoprovi cumplen con el 80 -20 que contempla el Código de Trabajo.

El artículo 135 del Código de Trabajo precisa que “el 80 por ciento, por lo menos, del número total de trabajadores de una empresa debe estar integrado por dominicanos”. El 20 por ciento restante puede ser extranjero. El tema es abordado en los artículos del 135 al 145 de ley 16-92.

Cierre de la frontera

Consultada sobre el impacto del cierre de la frontera con la vecina nación de Haití, la presidenta Acoprovi dijo que la medida no ha afectado el funcionamiento del sector.

“El cierre de la frontera no nos ha impactado. Históricamente hemos expresado que la mano de obra extrajera que necesitamos ya la tenemos en el país”, puntualizó Meléndez.

A seguidas agregó que Acoprovi no tiene hasta el momento, ninguna evidencia por parte de los constructores y promotores de viviendas de que alguna obra se ha visto afectada de manera positiva o negativa.

Meléndez precisó que el sector genera unos 400 mil empleos directos e indirectos.

Reconoce que muchos no están formalizados, razón por la cual no disponen de la seguridad social.

Participaron en el conversatorio también Guido Rosario y Julissa Burgos, segundo y tercera viceprensidente de Acoprovi, respectivamente.

Expusieron sobre la importancia de que sea aprobado el proyecto de ley sobre alquileres de bienes inmuebles y desahucios, que cursa en el Congreso Nacional.

Burgos dijo que la iniciativa legislativa lleva ya dos años en comisión y que diversos sectores vinculados al tema han sido convocados para socializar y lograr un consenso.

Los directivos de Acoprovi proponen una legislación que garantice tanto los derechos del propietario como del inquilino.

Se ha trabajado lo relativo a los reajustes de precio de los alquileres, entre otros. Reconocen que existe un déficit habitacional.