Confieso que no quería escribir un nuevo artículo para sustituir el último publicado. Lo decía entonces y lo repito ahora: no podemos normalizar la tragedia.

Los accidentes de tránsito se han convertido en un cáncer social que corroe a la República Dominicana, mientras nuestras autoridades y líderes sociales parecen vivir de espaldas al dolor de las familias que pierden a sus seres queridos cada día.

En nuestro país, los accidentes no solo se cuentan en muertos -que ya son demasiados-, sino también en miles de personas que quedan inválidas, muchas veces jóvenes en edad productiva y reproductiva.

Cada herido es una carga para su familia y un costo altísimo para la sociedad. Según la Organización Mundial de la Salud, los accidentes de tránsito son la primera causa de muerte en jóvenes de 15 a 29 años, y en República Dominicana tenemos una de las tasas más altas de mortalidad vial de toda América Latina.

¿Dónde quedó la humanidad y la razón de quienes dirigen? ¿Por qué seguimos actuando como si el país fuera inmune al sufrimiento de las familias que hoy entierran a un hijo, y mañana podrán ser los suyos, querido lector.

El liderazgo político, institucional y social muestra una indiferencia irresponsable y peligrosa. Los costos hospitalarios por accidentes son desproporcionados, y los recursos invertidos en atender a víctimas podrían destinarse a educación, salud preventiva o desarrollo comunitario, así como las perdidas del sector eléctrico, pero no parece importar.

A esto se suma un transporte público deficiente, caro y estresante, que consume horas de productividad en tapones interminables. Todo esto tiene un precio: ciudadanos irritados, agotados y con una tensión social que estalla en violencia, feminicidios, riñas por un parqueo, pleitos por un turno en una fila o discusiones que terminan en tragedia por un roce entre vehículos, además del incremento del cáncer y los infartos.

La mala educación vial, la imprudencia de motoristas, la falta de cortesía de los conductores y la indiferencia de las autoridades forman un cóctel peligroso que erosiona la paz y la esperanza de la gente. Esta violencia cotidiana no surge de la nada: es el resultado de la ausencia de orden, de políticas públicas coherentes y de instituciones firmes que hagan cumplir la ley.

Lo que necesitamos es evidente: liderazgos más responsables. Autoridades capaces de reconocer que la seguridad vial y el orden social no son asuntos secundarios, sino problemas centrales del desarrollo humano y económico.

Instituciones fuertes que apliquen las normas sin privilegios ni excepciones. Una visión de Estado que entienda que cada vida salvada es un recurso que el país conserva.

La República Dominicana no puede seguir perdiendo su capital humano más valioso en el asfalto. Si no construimos capital social y no contamos con un liderazgo responsable que lo asuman, seguiremos condenados a vivir entre la tragedia y la indiferencia.