La electricidad es el talón de Aquiles de la economía dominicana.  Muy probablemente, sin el problema de los apagones o el peso muerto de la factura energética, los ciclos de expansión económica que ha experimentado nuestro país de 1992 a la fecha habrían sido mucho más provechosos.  Con un sistema eléctrico estable y costos razonables la República Dominicana ocuparía un lugar en el top 3 de las economías de América Latina.

Probablemente, si el proceso de capitalización de 1999 no se truncaba en 2003 con la pesarosa recompra de las EDES, tendríamos el problema eléctrico resuelto.  Sin embargo, el pobre manejo durante el periodo 2000-2004, implicó un retroceso de diez años.

Aunque hemos tenido una notable evolución en varios aspectos del sector, el problema es tan complejo y envuelve tantos intereses, sobre todo asociados a la geopolítica, que todavía lastra nuestro progreso.  Las cifras lo confirman: mientras la demanda de energía ronda en promedio los 3,000 MW, la capacidad instalada es de 5080 MW, por tanto, los apagones por desequilibrio entre oferta y demanda es un tema superado.

Con el inicio del proyecto de Punta Catalina, la resolución del problema toma un nuevo aire. Además de representar un tercio de la oferta, por el hecho de ser una planta a carbón mineral aceleró la diversificación del parque energético que pasó de una dependencia del petróleo de 90% en 1999, a apenas un 11% en la actualidad.

Aunque la construcción de Punta Catalina fue satanizada en el pasado, sobre todo con una campaña alentada por Estados Unidos, desde Marcha Verde hasta Plaza de la Bandera, y financiada por las empresas de generación eléctrica, mucho se ha hablado en los últimos días sobre sus bondades (desde su aporte en la generación eléctrica, hasta su alta rentabilidad como negocio pues le deja al Estado alrededor de 500 millones de dólares al año entre beneficios brutos y ahorros generados en la factura petrolera).

Cuando se anunció la creación de un fideicomiso público para administrar Punta Catalina, todos aplaudimos en el entendido de que, aunque no era una alternativa óptima, supera la opción de privatizarla e implicaba un manejo aséptico de sus finanzas.  Sin embargo, al conocer el contrato nos hemos dado cuenta que, peor que venderla, los ocupantes de la administración pública decidieron regalarla a los empresarios vinculados al sector.

El contrato de fideicomiso de Punta Catalina es un tutorial sobre como realizar el crimen perfecto: en apariencia de pone en manos de la Fiduciaria Reservas, un ente público, la administración de la planta, pero en la realidad subordina todas sus decisiones a un comité técnico que tiene no solamente las facultades de contratar, comprar, vender y establecer sus propias reglas para ello, sino la de admitir socios adherentes al fideicomiso, que es realmente la finalidad última del entramado. Todo esto sin ningún mecanismo serio de transparencia, ni rendición de cuentas.

Aunque la duración de treinta años del fideicomiso de Punta Catalina es adecuada, el hecho de que el contrato no tenga contemplada su revocabilidad por algún mecanismo de excepción y tampoco se establezca de manera clara cuál será el destino de sus utilidades financieras, nos obliga a a exigir que sea retirado del Congreso por el Poder Ejecutivo y se abra un proceso de estudio y discusión entre todos los sectores, incluyendo a los partidos políticos, para garantizar que Punta Catalina sea puesta en manos de un Fideicomiso Público, transparente, cuyos beneficios estén orientados  a lograr que nuestro sistema eléctrico tenga la capacidad de brindarnos energía limpia, las 24 horas y a un costo razonable.