Había prometido abordar en esta entrega algunas propuestas concretas sobre la reforma fiscal que los dominicanos debemos acometer en los próximos meses.  Sin embargo, el curso del acontecer político me obliga a hacer un paréntesis para reflexionar acerca de los desafíos que plantean para el estado de derecho y la democracia los procesos judiciales puestos en marcha por la Procuraduría General de la República.

Más que a su mérito jurídico o carácter político pongo mi atención en las reacciones de los conductores de opinión a través de medios convencionales y redes sociales sobre algunos aspectos relacionados con la salvaguarda de condiciones mínimas de dignidad para los procesados que debilitan de manera considerable no solo el principio de presunción de inocencia, sino hasta el derecho a proveerse de abogados con alta solvencia profesional.

La normalización del bautizo peyorativo, con nombre de animales, a los casos elaborados por el Ministerio Público dice mucho acerca del poderoso estado de opinión pública que se ha configurado en torno a un tema tan delicado como el de la corrupción, pero además crea las condiciones para una estigmatización tan dura de los procesados que los obligará al exilio de la vida pública y profesional.

La factura cinematográfica del despliegue mediático dado a estos casos además de representar una condena previa a los envueltos en estas tramas, daña severamente la integridad moral de familiares y allegados a los cuales además de cargar con la pesada cruz de un proceso judicial en contra de un ser querido, también los obliga a arrastrar el rechazo social inducido por una opinión publicada que reclama el destierro, cuando no la hoguera o la guillotina, de manera sumaria para sus villanos favoritos.

La mayoría de los llamados comunicadores independientes, a consecuencia de la superioridad moral con la que ejercen su oficio, suelen confundir la objetividad crítica con la hostilidad selectiva cuando se trata de entrevistar u opinar acerca de los abogados que asumen la defensa de los procesados, a quienes suelen proyectar sutilmente como mercaderes del derecho interesados en las grandes sumas de dinero que, según ellos, van a recibir por brindar sus servicios.

Mientras la sofisticada pirotecnia judicial nos distrae, en nuestras narices se está fraguando un sofisticado régimen autoritario que hoy afecta a los funcionarios que sirvieron en la pasada en gestión o a empresarios que contrataron obras, bienes o servicios con el Estado, pero mañana seguramente va a conculcar los derechos del ciudadano de a pie.  

Cuando a figuras de alto perfil público se les desconocen sus derechos ante la vista de todos y el aplauso inducido de la mayoría, ¿quién evita que a Juan o Maria le esté sucediendo lo mismo? O peor aún, en ese mismo contexto, ¿qué le impide a un fiscal fabricarle un expediente por narcotráfico o violación al colmadero que no quiso fiarle unas cuantas cervezas o cuya hija no corresponde a sus lances amorosos?

No perdamos de vista que, desde 2011, los golpes de estado y las dictaduras no tienen el protagonismo de la bota militar, sino que se articulan desde las redes sociales con el concurso estelar de comunicadores “independientes”, “objetivos”, “prestigiosos” y “honestos”.  

Si usted no está viendo el monstruo que crece en el fondo del lago verde, quizás no esté prestando atención. Por lo cual es mejor que no lea este artículo.