El derecho a la vida y a la propiedad, la libertad de expresión y el sufragio son las raíces de la civilización occidental.  Sobre su ejercicio se construye el edificio donde habitan los demás derechos. No en vano cada vez que uno de ellos está amenazado, en nuestras sociedades se desatan crisis que, en muchos casos, marcan el fin o el inicio de una época.

La conquista definitiva de la libertad de expresión y la instauración extendida del sufragio universal fueron los avances políticos más significativos de Occidente durante el siglo pasado. A ello se debe además que el conflicto bélico haya sido la excepción durante los últimos sesenta años. 

De esos cuatro derechos fundamentales, el más difícil de garantizar es la libertad de expresión.  Si para respetar la vida, la propiedad o el sufragio se acude a criterios muy objetivos y de fácil ejecución, el carácter subjetivo e individual de la opinión puede resultar altamente complejo, sobre todo en un mundo en el que los enclaves dominantes tienen tan bajo el umbral de tolerancia al parecer ajeno.

Si hacemos un análisis de la libertad de expresión a lo largo de la historia nos encontramos con que cada época ofrece al gobernante una excusa ideal para limitarla: la forma de rendir o no culto a Dios, el comunismo, la igualdad, la droga y el terrorismo han servido como causa para segar muchas vidas y callar todavía más opiniones.

La masificación de la opinión publicada a través de las redes sociales ha traído consigo una sutil y sofisticada fórmula para vulnerar el derecho a expresarse libremente que tienen los ciudadanos.  Me refiero a la denominada “corrección política” que, utilizando a las minorías alternativas como mampara, busca homogeneizar desde el discurso político hasta el lenguaje del entretenimiento.

Así quien llama viejo a un adulto mayor, hace humor a costa de un obeso, se muestra contrario a privilegiar a inmigrantes indocumentados calificándolos como ilegales, comete la herejía de decir que una persona gestante es una mujer o se refiere de forma vulgar alguien con una orientación sexual no convencional, corre el riesgo de ser censurado, cuando no directamente cancelado, aun haya presentado excusas por las ofensas, en el uso de las redes sociales y hasta de los medios de comunicación.

(Espero que el lector haya captado el sarcasmo en la corrección política expresada en el párrafo anterior).

Al parecer en la dictadura de la corrección política las minorías monopolizan el ejercicio del derecho a ofender y cumplen a cabalidad el deber de sentirse ofendidas.  Visto a la luz de la racionalidad y comprendiendo la magnitud y alcances del concepto de libertad, me pregunto ¿cuál es el daño que puede causar un político que pida u ofrezca el cumplimiento estricto de sus leyes migratorias llamando por su nombre a quien las viola: ilegal?¿Dónde está el escarnio en caricaturizar a un negro, a un gordo o a un gay?

Si no reivindicamos el carácter universal del derecho a ofender y ser ofendidos, en poco tiempo los políticamente incorrectos no podrán ni votar, ni tener propiedades, ni vivir. 

Ojo con eso, la libertad de todos está amenazada.