Cada día se comenta y se discute más el futuro de la Estrategia de Atención Primaria Integral para la Salud (EAPIS) en el país, porque a pesar de que existe un aparente consenso sobre su importancia para los sistemas nacionales de Salud y de Seguridad Social, de acuerdo a las leyes General de Salud (47-01) y de Seguridad Social (87-01), no se ha estado poniendo en ejecución sistemática y estratégica a todo lo largo y ancho del país.

La ocurrencia de la pandemia de COVID-19, a medida que desarrollamos muchos esfuerzos en materia de comunicación social, recursos económicos y personal sanitario, para hacer frente a la pandemia, hemos tenido serios problemas para mantener muchos servicios de salud.

El COVID-19 se ha encargado de convencer a todos los actores del sector Salud de que tenemos que invertir realmente en la EAPIS en la producción social de la Salud, desde un Primer Nivel de Atención y los demás niveles de los servicios de salud de atención a las personas y con la participación de todos los actores de todos los sectores de la sociedad. Todo ha conducido a que se acepte realmente que la EAPIS es el “cimiento” y la “columna vertebral” del Sistema Nacional de Salud y que, además, es el eje estratégico transversal de un Plan Nacional Decenal de Salud

Desde la Declaración de Alma-Ata (1978) en la cual se promovió la meta de “Salud para Todos” para el año 2000, la Región de las Américas ha sido una referencia emblemática de exigencias e iniciativas para la transformación de los sistemas de salud, así como para priorizar los desafíos pendientes y actualizar sus estrategias en un nuevo contexto.

Una serie de estrategias e iniciativas regionales han sido un ejemplo de ello y han contribuido significativamente con el desarrollo de la EAPIS en la Región, desde los Sistemas Locales de Salud (SILOS) durante la década de los ochenta, hasta las publicaciones de la OPS sobre la renovación de la APS en las Américas, las iniciativas de las Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS) y los documentos «Renovación de la Atención Primaria de Salud en las Américas” y la “Declaración de Montevideo”.

Tres décadas de un esfuerzo nacional intenso, plagado de tropiezos y problemas sociales, económicos y políticos, y aunque han ocurrido algunos avances significativos en ese periodo, persisten condiciones de inequidad en salud.

Son muchos los desafíos sociales pendientes, como la erradicación de la pobreza y de la pobreza extrema y las desigualdades estructurales de género, curso de vida, situación de discapacidad, estatus migratorio, barreras de acceso geográficas, culturales y económicas, con una atención predominantemente hospitalaria, servicios de salud orientados a enfermedades y sin recursos humanos suficientes ni formación orientada a la APS y una escasa participación social e infraestructuras inadecuadas.

En el mismo orden de ideas, también las iniciativas de reforma de la salud han estado centradas en los servicios de atención médica a las enfermedades, sin una significativa contribución a su prevención y sin apostar en la cobertura a la promoción de conductas de vida saludables y a la ampliación de la cobertura en base a un aseguramiento integral no limitado.

Actualmente, en el transcurso de la pandemia del COVID-19, mediante la estrategia de Cobertura Universal de Salud aprobada en 2014 por la OPS, se procura superar la cobertura limitada, conjugando la equidad y la universalidad del acceso a la salud, en servicios de salud integral y de calidad.

Compromisos que en la Agenda 2030 y el alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se refuerzan desde el 2018, en la Declaración de Astaná y, posteriormente, en abril de 2019 cuando se expresaron, junto a la OPS y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en el compromiso de lograr una cobertura sanitaria integral y universal con la EAPIS.