Todos los gobiernos que hemos tenido desde los años 80 hacia acá conocen en detalle los efectos que la inflación provoca a la clase media y a la población más vulnerable, como son empobrecimiento y drástica  reducción de la calidad de vida.

Las causas que han desencadenado las subidas de precios, en muchos casos desproporcionadas, ya han sido suficientemente explicadas por las autoridades, sin embargo,  persiste la percepción de que todavía  faltan más acciones que permitan ayudar a amortiguar los efectos de esta asfixiante carestía.

Sería alentador que los técnicos del Gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader, a la hora de elaborar sus declaraciones públicas explicativas, tomaran en cuenta que a diciembre 2021 habían 14 países de América Latina con menor inflación que la República Dominicana, según el dato aportado por el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES). 

Indagar cómo esos 14 países han logrado un menor Índice de Precios al Consumidor (IPC) que el nuestro, pudiera ser un ejercicio enriquecedor para todos los dominicanos, debido a que esta pandemia ni  tiene fecha de vencimiento ni tampoco han desaparecido las causas de la inestabilidad global.

Con un IPC encaramado en un 8.5%, no solo se puede pensar en alternativas para los más pobres, también hay que proteger a la clase media y a todo aquel que no pueda aumentar sus ingresos por decisión propia, debido a que se encuentra  preso en el corral del salario fijo, o sea, incapaz de poder transferir los aumentos de precios a terceros.

A juzgar por algunos resultados que han terminado impactando negativamente el bolsillo de la gente, parecería ser que las políticas públicas se están elaborando en cuartos fríos, por técnicos carentes de  sensibilidad social. Sentimiento este, que siempre ha acompañado a los más grandes líderes políticos de nuestra historia.

Un ejemplo gráfico de esa frialdad es la disposición de poner a la población usuaria del sistema de salud privado a pagar casi 6 mil pesos por una Prueba de Antígenos y PCR para detectar el Covid-19, en momentos de altos repuntes de contagios.

Es decir, una familia de 5 miembros con síntomas, solo para pruebas debía disponer de 30 mil pesos, el equivalente a casi dos salarios mínimos. 

En caso contrario, debía acudir a los centros sanitarios públicos a coger lucha, por las limitaciones en cuanto a la logística que se emplea para manejar grandes volúmenes de personas.

De ninguna manera quiero significar que el asistir al sistema sanitario público sea denigrante, sin embargo, la movilización hacia estos de afiliados a las ARS privadas resultó ser un tanto traumática. 

Siempre existirá la mejor manera de hacer las cosas. Por ejemplo, las autoridades, pudieron haber abierto el mercado, para que todo el que quisiera traer pruebas para detectar el virus lo hiciera bajo cumplimiento de las regulaciones sanitarias pertinentes. Esto hubiese reducido considerablemente el costo de la canasta de salud de los trabajadores asalariados y de la clase media.