Temas de Conversación 📢
⭐Abandonar Medicamento de Alto Costo es un crimen
La Sociedad Dominicana de Oncología Médica denunció que muchos pacientes dependientes de los medicamentos de alto costo llevan hasta un año que no reciben los fármacos por parte de la entidad oficial que debe suministrárselos.
Su presidenta, Ángela Margarita Cabreja Espinal, señaló que hay una crisis nunca antes vista en el suministro a tiempo de la entrega de los fármacos de alto costo a pacientes que dependen de esas medicinas para sobrevivir.
Esta denuncia se suma a la de miles de pacientes que incluso han protestado con pancartas exigiendo respuesta rápida, porque demandan los medicamentos para poder sobrevivir.
El tema fue abordado por el dos veces presidente de la República y presidente del PLD, Danilo Medina, a la salida de una multitudinaria asamblea peledeísta en Hato Mayor.
El exmandatario tildó de criminal el abandono del Programa de Medicamentos de Alto Costo, que dejó funcionando bien durante su Gobierno.
«No fue un programa que se hizo al azar ni antojadizamente. Nosotros vivimos la experiencia de cientos de dominicanos que tenían en sus casas a alguien con una enfermedad catastrófica», explicó.
«No puede ser que esos programas sean eliminados, cuando este Gobierno ha manejado más recursos que ningún otro en la historia de la República Dominicana», reprochó el exmandatario.
¿Qué hizo el PLD por los enfermos?
Cuando gobernaba el PLD, cada año se destinaban RD$2,400 millones para cubrir enfermedades catastróficas.
A través del Fondo de Alto Costo del Ministerio de Salud, solo en 2019, 23,500 beneficiarios recibieron cobertura para enfermedades.
El Gobierno PLD entregaba medicamentos para personas con enfermedades de Alto Costo, como cáncer Hepatitis C, enfermedades hematológicas, enfermedades inmunológicas e inflamatorias.
También entregó las Farmacias de Medicamentos de Alto Costo en el Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez, Santiago y el Instituto Nacional de Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares, Santo Domingo.
⭐ Escándalos persiguen el Inabie y Senasa
Tanto el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil como el Seguro Nacional de Salud han sido tema de conversación en los últimos meses, no por la buena gestión desempeñada en el actual Gobierno PRM, sino, por le contrario, por los escándalos de corrupción y mal manejo que se han denunciado.
En ese sentido, el Partido de la Liberación Dominicana ha dado la voz de alerta de las irregularidades que priman en ambas instituciones y que pone en riesgo dos sectores fundamentales para la población dominicana: la salud y la educación.
En el caso del Senasa, el PLD ha realizado ya dos conferencias de prensa para denunciar, por un lado, el déficit histórico que presenta la entidad cuyo monto aún se desconoce pero que se estima sea superior a los 20 mil millones de pesos.
Por el otro lado, también se ha evidenciado a través de programas de investigación la corrupción que ha imperado en la institución, a la que, curiosamente, la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental le ha otorgado un 92.89% en materia de transparencia en los primeros 6 meses del año.
La denunciada corrupción en la aseguradora estatal involucraría miles de millones de pesos, a través de una red que colocaba gastos en usuarios que no utilizaban el servicio de medicamentos ambulatorios, por ejemplo.
El destape de corrupción y déficit obligó al presidente a contradecirse, ya que, tras una denuncia del PLD en julio, minimizó el déficit y dijo que la entidad sólo necesitaba más recursos.
Tras estallar el escándalo, el presidente Abinader cambió el relato y, para sorpresa de todos, anunció que desde octubre el año pasado ordenó una investigación para conocer la magnitud de la corrupción en la institución.
En el caso del Inabie, el PLD pidió una investigación integral, pública y con cronograma definido sobre todos los procesos de esa institución desde 2021 hasta la fecha.
Y es que la magnitud del presupuesto de la institución —que en 2025 asciende a 40 mil millones de pesos, superando el de 18 entidades juntas— exige un manejo ejemplar y libre de cuestionamientos.
El PLD denunció que, en 2021, durante el proceso de licitación del almuerzo escolar, esa entidad adjudicó de manera irregular contratos a más de 1,260 proveedores.
Recordaron el partido morado que ninguna licitación del Inabie en los últimos cuatro años ha estado exenta de denuncias: contratos otorgados a suplidores sin requisitos, exclusiones arbitrarias de centros educativos, pagos indebidos y hasta supuestos cobros ilegales para garantizar adjudicaciones.
Señalaron además que tanto la Dirección de Contrataciones Públicas como la Contraloría General de la República han documentado irregularidades en procesos de compras de alimentos, mochilas, uniformes y calzados escolares por montos que superan los seis mil millones de pesos.
El partido advirtió que no se trata de rumores ni de especulaciones, sino de hechos sustentados en informes oficiales, resoluciones anuladas y expedientes remitidos al Ministerio Público.
⭐ PLD repudia genocidio en Gaza
El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) condenó enérgicamente el genocidio en Gaza, documentado en el informe de la Comisión Internacional de Investigación de la ONU, y exigió el cese inmediato de la masacre, así como el levantamiento del bloqueo que oprime al pueblo palestino.
Durante una rueda de prensa en la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez, encabezada por su vicepresidente Temístocles Montás, el PLD advirtió que los crímenes denunciados constituyen una violación flagrante del Derecho Internacional y de los principios más elementales de humanidad.
“El PLD, coherente con su vocación progresista, se coloca del lado de la historia que defiende la vida, la justicia y la paz. ¡Alto al genocidio en Gaza! ¡Solidaridad con Palestina!”, proclamó Montás, al exponer el documento entregado a la representación de los medios de comunicación.
El documento cita a Navi Pillay, presidenta de la comisión de la ONU, quien afirmó que la responsabilidad de estos crímenes recae en las más altas autoridades israelíes, que han orquestado una campaña genocida durante casi dos años con la intención de destruir al pueblo palestino en Gaza.
El PLD dejó claro que rechaza categóricamente todo tipo de terrorismo, ya sea ejercido por grupos armados como Hamás o por Estados que utilizan su poder militar para someter poblaciones civiles.
“El terrorismo, venga de donde venga, atenta contra la paz, los derechos humanos y la convivencia entre los pueblos”, precisa la declaración.
Llamado al Gobierno dominicano
La organización política instó al Gobierno a sumarse con firmeza a la condena internacional y a respaldar en los foros multilaterales las iniciativas de paz y justicia impulsadas por la ONU y la Corte Penal Internacional.
Recordó, además, que la República Dominicana reconoció oficialmente al Estado de Palestina el 15 de julio de 2009, y exigió coherencia en la política exterior para respaldar ese reconocimiento con acciones concretas.
En su exposición Temístocles Montás afirmó que el presidente de la República, Luis Abinader, debió utilizar el escenario de la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para condenar la masacre que se está cometiendo contra el pueblo palestino, como lo han hecho los países de Latinoamérica y Europa.
Un compromiso histórico
Montás subrayó que la solidaridad con Palestina responde a la tradición progresista y humanista del PLD, surgida de la lucha contra toda forma de opresión.
“Nuestra condena al genocidio en Gaza no significa respaldo a organizaciones que practican la violencia indiscriminada, sino un compromiso con la justicia, la vida y la paz”, puntualizó.
Exhortación a la juventud
El PLD llamó a los pueblos y partidos progresistas del mundo a no guardar silencio ante la injusticia, y exhortó especialmente a la juventud dominicana y latinoamericana a mantener viva la solidaridad con Palestina.
“La lucha por la libertad y la dignidad de un pueblo es la lucha de todos los pueblos”, enfatizó Montás.
Finalmente, el PLD reafirmó que ninguna razón de Estado ni interés geopolítico puede justificar el exterminio de un pueblo y que la comunidad internacional está obligada moral y jurídicamente a actuar.
⭐ La reforma policial es un cuento
A más de 15 días de la llamada “masacre” en una babería de Santiago en la que murieron 5 jóvenes, aún las autoridades no emiten ni un informe ni aplican consecuencias para el hecho que, a la luz de los familiares de las víctimas, pretende quedar impune.
El rostro de los cinco hombres muertos en los famosos intercambios de disparos con policías, se mantienen en letreros colocados en la barbería donde trabajaba Vladimir, ubicada en la comunidad La Barranquita, donde ocurrió la matanza. Así lo recoge un reportaje del periodista José Alfredo Espinal del diario Hoy.
La Reforma Policial no ha sido más que un cambio de uniforme para los agentes, quienes siguen cometiendo barbaries, escudados en una institución que reza orden y seguridad.
La realidad es que los ciudadanos se sienten cada vez más inseguros y que la policía sigue cometiendo ejecuciones por encima de la ley y de los derechos humanos, una acción deleznable, que condenó recientemente el Partido de la Liberación Dominicana.
El PLD defendió el derecho a la seguridad ciudadana, al tiempo que rechazó toda práctica que vulnere el derecho a la vida y el debido proceso.
El vicepresidente Yván Lorenzo refirió que, al 8 de septiembre, en los últimos meses se han registrado unas 50 muertes en hechos que podrían ser catalogados como violatorios de los derechos humanos, reseñados por la prensa nacional como presuntos “intercambios de disparos”, llegando en el mes de julio a 82 casos.
Al mismo tiempo, el Gobierno reportó una tasa de homicidios en un dígito (7.9 en mayo; 8.22 en julio de 2025), mientras las muertes por intervención policial aumentan en un 195% en los últimos cuatro años.
Cabe recordar que el Informe 2024 del Departamento de Estado de Estados Unidos señaló la existencia de reportes creíbles de homicidios arbitrarios o ilegales por agentes estatales en la República Dominicana.
El PLD exigió que se desarrollen investigaciones penales independientes en cada muerte por intervención policial, aplicando el Protocolo de Minnesota, estándar de la ONU para investigar muertes potencialmente ilícitas (ejecuciones extrajudiciales, muertes bajo custodia u operativos policiales), garantizando verdad, justicia, reparación y la cadena de custodia.
También reclama la suspensión inmediata de los agentes involucrados mientras duren las pesquisas y la preservación íntegra de las evidencias, incluyendo grabaciones, demanda del uso obligatorio de cámaras corporales con métricas públicas de su utilización y sanciones automáticas por apagar o manipular estos dispositivos durante los operativos.
Asimismo, solicitó la creación de un tablero mensual de uso de la fuerza con disparos efectuados, heridos y fallecidos (civiles y agentes), denuncias y estado procesal por provincia y unidad, entre otros.
La organización política propuso, además, acciones inmediatas como la creación una Comisión Especial de Seguimiento a Muertes por Intervención Policial, con facultad de requerir información y celebrar audiencias públicas, regla de 72 horas: publicación, del parte técnico mínimo de cada caso (hora, lugar, unidad actuante, motivo de la intervención, evidencia levantada, armas incautadas y videos disponibles).
