El Gobierno acaba de presentar un proyecto de ley que modifica el Presupuesto General del Estado de 2021, que fuera aprobado mediante la ley No 237-20. En el anteproyecto del presupuesto complementario, se verifican aumentos y reducciones de sus partidas presupuestarias a varias entidades oficiales.

 Pero primero un poco de historia.

El pasado lunes 21 de junio, “las principales fuerzas organizadas e instituciones de la sociedad dominicana respondieron al llamado del presidente Luis Abinader, para integrarse a la Mesa de Trabajo por la Crisis Internacional de Precios, como una forma de superar la situación generada por factores externos, principalmente en las alzas de las materias primas.

Durante más de una hora, funcionarios gubernamentales, industriales, empresarios, dirigentes comunitarios e integrantes de los sectores religiosos analizaron el cuadro que presenta la economía del país y la coyuntura de aumentos de precios en artículos de consumo masivo.”

A tales efectos, bajo la coordinación del Ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Víctor “Ito” Bisonó, se conformaron las siguientes mesas de trabajo:

1.      Mesa Empresarial, lidereada por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP)

2.      Mesa Comercio y Mipymes, coordinada por Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CODOPYME)

3.      Mesa de la Construcción, dirigida por la Cámara de Construcción

4.      Mesa de Grandes Superficies, coordinada por la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC) 

5.      Mesa Industrial, bajo el liderazgo de la Asociación de Industrias de la Republica Dominicana (AIRD)

6.      Mesa Social y Laboral, dirigida por la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus)

En este breve escrito, sólo nos vamos a referir a los impactos en los precios, producción y comercialización agropecuaria, en este escenario de incertidumbre mundial.

Atendiendo a las recomendaciones y sugerencias para garantizar niveles razonables de producción agropecuaria, que a su vez garantice la estabilidad de los precios y una rentabilidad razonable para los actores de la cadena de valor agropecuaria, especialmente a los productores, el común denominador es que debe incrementarse y mejorarse el gasto publico en el sector agropecuario público. 

En términos generales, se sugirieron una diversidad de acciones, que van desde:

a) compra de productos excedentes a precios razonables, por parte de las entidades oficiales que gestionan programas de ventas populares y/o donaciones de alimentos, destinados a la población de menores ingresos (INESPRE, COMEDORES ECONOMICOS, PLAN SOCIAL, PROGRAMAS SOCIALES MINISTERIOS, OTROS);

b) establecimiento a través del gobierno de subsidios parciales o totales para la adquisición de algunos productos de alta demanda en las clases populares (INESPRE, MINISTERIO DE AGRICULTURA, INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO, OTROS); 

c) fortalecimiento de los programas de financiamiento a tasas subsidiadas total o parcialmente para la producción agropecuaria (BANCO AGRICOLA y FEDA).

d) fortalecimiento de los programas de preparación gratuita de tierras agrícolas y la entrega de semillas, fertilizantes y los insumos básicos (MINISTERIO DE AGRICULTURA, INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO, OTROS)

e) Fortalecimiento de la articulación y coordinación entre las entidades agropecuarias públicas, para que los programas antes descritos se cumplan y no se verifiquen desvíos ni usos inadecuados. Esa coordinación se hará bajo el liderazgo y acompañamiento del Ministerio de Agricultura, el INESPRE, el BAGRICOLA, entre otros, y las organizaciones de productores agropecuarios.

e) Y otras más.

Las acciones sugeridas, implican por obligación, recursos financieros adicionales para el Ministerio de Agricultura, como entidad canalizadora de los recursos a las entidades públicas agropecuarias.

Hacemos esta salvedad, ya que, atendiendo las informaciones publicadas en los distintos medios de comunicación, de las entidades públicas que verán reducidas sus apropiaciones presupuestarias, una de ellas es el Ministerio de Agricultura. 

Considerando la actual coyuntura económica, social, sanitaria y geopolítica, hay que pensar de que se de trata de un error o confusión, que de inmediato será corregido.

Para el presupuesto del año 2021 el Ministerio de Agricultura tenía asignado RD$13,835,081,458. Por lo publicado en la prensa aún no se tiene el dato de cuánto es la reducción exacta.

Todavía se está a tiempo de que, desde el Ministerio de Hacienda se envíe una adenda, o en el caso extremo, en el Congreso Nacional, se incremente el gasto público agropecuario, por su alta importancia en la seguridad y soberanía alimentaria de la República Dominicana.