Las autoridades agropecuarias del gobierno del PRM y Luis Abinader han cancelado o desvinculado de las instituciones públicas agropecuarias cerca de 600 técnicos agropecuarios en todo el país.

En muchos casos, esas desvinculaciones han violado la Ley 41-08, sobre Función Pública, porque las autoridades agropecuarias han cancelado centenares de técnicos agropecuarios que pertenecen a la Carrera Administrativa, sin estos haber cometido ninguna de las faltas graves que estipula dicha ley. 

Igualmente, los derechos adquiridos por los profesionales agropecuarios desvinculados han sido vulnerados, en franca violación a la Ley 41-08, debido a que centenas de técnicos no han recibido el pago correspondiente a sus derechos adquiridos.

Las cancelaciones incluyen técnicos que prestan sus servicios en puertos, aeropuertos y puntos fronterizos, lo cual pone en gran riesgo la sanidad agropecuaria del país, debido a que la disminución de la supervisión e inspección que realizan los técnicos facilitaría la entrada al país de plagas y enfermedades que pueden devastar la agricultura dominicana.

Esas acciones del gobierno ponen en riesgo de desaparición subsectores claves de la agropecuaria dominicana. Ese es el caso de la producción de plátanos y guineos que está altamente amenazada por la presencia de la enfermedad conocida como Fusarium raza 4, presente en Colombia, Ecuador, Perú y otros países. Esos cultivos generan una economía superior a los RD$18,000 millones de pesos por año y generan cientos de miles de empleos directos e indirectos, así como exportaciones superiores a los US$250 millones.

Igualmente amenazada está la producción y exportación de cacao, debido a que la enfermedad conocida como Monilia está presente en Jamaica y la falta de técnicos en los puntos de entrada al país facilitaría la entrada de la misma. El cultivo de cacao tiene un gran importancia social porque cerca de 40,000 productores se dedican a producir este rubro. Asimismo, el cacao genera divisas superiores a los US$200 millones por año.

Una amenaza similar enfrentan los productores de vegetales orientales, frutas de exportación como mango, aguacate, limones y vegetales de invernaderos que no cuentan con los servicios técnicos de inspección sanitaria correspondientes para exportar sus productos.

Los productores de esos rubros corren el riesgo de perder sus mercados de exportación porque sus exportaciones podrían llegar a sus destinos con residuos de plaguicidas prohibidos y presencia de plagas no presentes en los países de destino. Los valores exportados de esos rubros supera los US$180 millones por año.

Por otra parte, la falta de asistencia técnica a los productores de cultivos básicos de la alimentación del pueblo dominicano, como el arroz, plátanos, yuca, habichuela y batata pone en riesgo la producción eficiente de esos cultivos y en consecuencia amenaza la autosuficiencia alimentaria del país.

Es decir, por un lado, la falta de asistencia técnica provocaría una reducción en la producción local de esos rubros e incremento de precios a los consumidores de los mismos. Por otro lado, miles de productores quebrarían debido a la baja productividad y la inestabilidad de precios de sus productos en el mercado.

La desvinculación de técnicos de las instituciones públicas agropecuarias está afectando los programas de vacunación y asistencia técnica en la producción animal. Específicamente, los programas de vacunación contra la enfermedad conocida como Peste Porcina Clásica, Influenza Aviar, Enfermedad de Newcastle y el Programa de Trazabilidad Bovina han disminuido sus actividades de manera significativa.

Evidentemente, el riesgo de incremento y propagación de esas enfermedades se potencializa con la disminución de la vacunación oportuna y la falta de orientación y asistencia técnica por parte de los profesionales agropecuarios.

En conclusión, la desvinculación de profesionales agropecuarios por parte del gobierno, amenaza seriamente la sanidad agropecuaria, poniendo en riesgo de desaparición subsectores claves de producción y exportación que representan más de US$630 millones por año. Asimismo, la destrucción de esos subsectores resulta en el incremento del desempleo y la pobreza rural en el país.

–Winston E. Marte
PhD, Economista Agrícola y Profesor Universitario.