El Proyecto Múltiple Presa de Monte Grande (PMPMG),surgió como un proyecto para desarrollar el Suroeste, sobre todo, porque viene a constituirse en un dique de contención para la furia de la naturaleza cada temporada ciclónica y poner a parair más de 700,000 tareas de vocación agrícola, causa desesperación, así como sufrimiento para 560 familias de Azua y Barahona.

Las familias en el entorno de la presa fueron desplazados de sus tierras para dar paso a la construcción del embalse de la presa Monte Grande, pero esperan ser reubicados en un nuevo asentamiento agrícola, al menos eso le prometió el Gobierno.

Ha sido el principal problema generado por el proyecto, pues el campesinado de la zona quedó sin su medio económico para generar su sustento, cuyas tierras prometieron a cambio de las suyas para llevarlos a otras, además, dispensarles recursos para iniciar una nueva vida.

Pero, del «dicho al hecho hay mucho trecho» y las casas han resultado diferentes, porque las comunidades sacadas de sus medio de sustento económico enfrentan variados problemas: falta de infraestructura adecuada en el nuevo asentamiento, hasta la escasez de servicios básicos como alimentos básicos.

Pese a firmar acuerdos y hacerse compromisos por parte del gobierno, implementar eso ha sido deficiente, conforme con Manuel Antonio Pérez, muchas familias abandonaron sus hogares porque no tienen en donde vivir, limitándose a esperar la respuesta esperada para recibir las compensaciones prometidas, provocando vulnerabilidad.

Esto ha generado un profundo sentido de desconfianza hacia las autoridades, quienes prometieron un futuro mejor, pero han dejado en olvido a quienes viven en estas localidades en las proximidades del «metro del Suroeste».

Pérez, dijo que 560 familias que fueron desalojadas para construir el proyecto, pertenecen a Monte Grande, Los Güiros, La Meseta, San Simón y Hato Nuevo, no tienen donde cultivar porque están anegados de agua y no tienen tierra para producir, de las cuales solo 390 han sido reubicadas en sus casas, pero sin el asentamiento de sus tierras.

“Viven en casa muy bonita, amueblada con electricidad, aceras, calles y contenes, pero no tienen medio de vida para producir y llevar comida a sus hogares”, citó Pérez.

El líder comunitario afirmó que hay 10 tareas tienen cuatro años anunciándola para construcción de un canal y habilitar los terrenos para ponerlas a producir.

Santo Esteban, presidente del Comité de Protección y Defensa de Desalojados por la presa de Monte Grande, narró que el gobierno prometió casa y tierra a los moradores del área desplazada, pero solo cumplió con la mitad de las casas, pero no así con la entrega de las tierras.

Esteban, dijo que Hato Nuevo, Manzanillo y Boca de la Mula fueron también municipios afectados por esta construcción y agregó que a las autoridades no se les ve el interés de buscarle solución a ese problema, tampoco afirmó no avisa a los agricultores nada que le impacte tanto negativa como positivamente.

Recordó que en noviembre de 2023 en horas la madrugada, como «ladrón en la noche», las autoridades penetraron con maquinarias en 800 tareas sembradas de plátano, ya de corte e hicieron todo sin el consentimiento del campesinado que quedó «sin pico y sin flauta» y endeudados.

“A esa gente aún no se le dice nada, es un abuso lo que han hecho con nosotros”, dijo el líder campesino.

No hay palabras
Santo Esteban, presidente del Comité de Protección y Defensa de Desalojados por la presa de Monte Grande, dijo que “todavía a esa gente no se le ha dicho nada”, pues afirma el director del Indhri, Olmedo Caba Romero, tiene más de 10 meses sin por a la provincia “a dar la cara”.

Leonardo Mercedes, vocero de la Coalición Enriquillo, afirmó que el compromiso del Estado en la última reunión que sostuvieron el pasado 24 de abril del año en curso no se ha cumplido.