Los países desarrollados han aplicado una política nacionalista con relación al acceso a las vacunas contra el covid-19. Líderes de varias de esas naciones avanzadas han dejado claro que de su territorio no sale una dosis hasta que toda su población haya sido inoculada. 

Daron Acemoglu, brillante profesor del MIT, demostró recientemente que el nacionalismo de las vacunas (o nacionalismo vacunatorio) es una política inadecuada y, por tanto, subóptima. De acuerdo con Acemoglu, el covid-19 sólo será detenido cuando la población en todos los lugares haya alcanzado la inmunidad; es decir, “cuando el porcentaje de población susceptible de infectarse sea tan pequeño que la enfermedad no pueda propagarse.” El surgimiento de variantes de ese virus, como la inglesa, sudafricana y brasileña implica que un país puede vacunar toda su población, pero, mientras sus vecinos no estén vacunados, su población podría contagiarse con las mutaciones del covid. Ante ese evento, la consecuencia inmediata sería el confinamiento, la caída de las actividades económicas y un deterioro más acentuado de las finanzas públicas. 

La República Dominicana, después de comenzar lentamente su proceso de vacunación, afinó su logística y logró aumentar de manera significativa la cantidad de personas vacunadas por día. Hay que reconocer que la vicepresidenta Raquel Peña y el equipo que ella dirige, junto al ministro de Salud Pública, ha realizado un buen trabajo. 

El nacionalismo de las vacunas ha impedido que la República Dominicana haya podido recibir las vacunas de Pfizer y AstraZeneca que fueron contratadas. Las chinas, que se anunció que llegarían en marzo, también fallaron, pues en ese mes solo se recibió la mitad de lo prometido por la empresa Sinovac. Y también se anunció el 27 de febrero que en abril llegarían 4 millones de dosis adicionales y no ha llegado nada. Esto ha limitado el ritmo de vacunación de los dominicanos, lo cual pospone la fecha prevista para alcanzar la meta de vacunación prometida por las autoridades para finales de junio, ascendente a un 80% de la población. 

Las lecciones anteriores abren el siguiente debate. Dado que el nacionalismo en las vacunas contra el covid-19 tiene un impacto negativo sobre la sociedad que lo aplica, ¿qué hará la República Dominicana con los haitianos que viven ilegalmente en su territorio? ¿No los vacunará? Y seguimos preguntado, ¿qué se hará con la República de Haití? ¿El gobierno de Abinader lo dejará a su suerte, sabiendo el impacto negativo que esa decisión tendría sobre la salud del pueblo dominicano? Dejo de tarea esas preguntas al presidente Abinader y su equipo.