Todo lo que está ocurriendo durante la pandemia era predecible, y así lo indicaron muchas asociaciones científicas internacionales que gozan de gran credibilidad en salud pública. Y una de las situaciones más predecibles es que mientras no se tomen las medidas necesarias, promovidas por tales asociaciones (y conocidas desde hace bastante tiempo), tendremos pandemia para rato. Ya van tres inviernos y continuaremos otros más, si se continúan desoyendo lo que han estado proponiendo aquellas asociaciones. En realidad, lo que estamos viendo es la cronificación de la pandemia. Y lo que ha ocurrido en estas últimas tres semanas, continuará ocurriendo. Cuando hace cuatro semanas parecía que estábamos volviendo a la normalidad (y la gente salía por la calle sin mascarillas y sin mantener distancias), de pronto apareció una variante del virus, que es incluso más contagiosa que la variante anterior Delta, y que en tres semanas aparece ya como la variante dominante en muchos países a los dos lados del Atlántico Norte (primordialmente Norteamérica y Europa Occidental, donde están ubicados gran parte de países de renta superior) y de virulencia semejante (aunque se considera algo menor a Delta, la variante más maligna conocida hasta entonces), y qué va arrinconando toda esperanza de comenzar la normalidad de nuevo. Y así continuará constantemente. No hay duda de qué variantes se seguirán produciendo (con características semejantes o peores de las que sustituyan) sobre todo en los países de renta media y baja que rápidamente se distribuirán a todo el mundo, alcanzando a los países de renta superior en periodos cada vez mas cortos y breves.

¿Por qué esta cronicidad? Las causas de la cronicidad no son científicas sino políticas de las que no se habla

Es un hecho común entre la gran mayoría de los gobiernos de países de renta superior, el pedir a sus ciudadanos que hagan sacrificios (como por ejemplo el confinamiento), para controlar la pandemia, justificando tal demanda con el argumento de que tal sacrificio es necesario, pues se asume que estamos en una «guerra contra el virus», que hay que vencerlo para la supervivencia de amplios sectores de la población. No me parece mal esta imagen, y esta expresión, pero si que, de continuar utilizándose, habría que exigir a los gobiernos que utilicen tal eslogan, la veracidad y coherencia en su llamada al sacrificio, pues no se puede ser arbitrario, incoherente, selectivo y discriminatorio, en su demanda de hacer sacrificios (exigiendo a unos y eximiendo a otros) para alcanzar el bien común (la eliminación y/o control del virus) salvando vidas y evitando muertes. Este principio, sin embargo, no se está respetando y ejemplos de ellos son miles.

La gran mayoría de gobiernos en los países de renta superior a los dos lados del Atlántico norte, está mostrando un comportamiento discriminatorio, favoreciendo a grandes grupos económicos (que tienen como objetivo incrementar sus beneficios empresariales) a costa de dificultar el control y eliminación de la pandemia. Ejemplos, de nuevo, hay a montones, comenzando con los productores de las vacunas anti-COVID, que utilizando el símil militar serían los armamentos necesarios para ganar la guerra. He escrito extensamente y está bien documentado de que las industrias farmacéuticas productoras de tales vacunas (empezando por Pfizer y Moderna), se han opuesto a que se generalice la producción de tales vacunas a nivel mundial, dificultando con ello el acceso a tales productos por parte de la gran mayoría de la población de países de renta media y baja. Tales empresas (que están consiguiendo unos beneficios exuberantes sin precedentes) se han opuesto a que tales vacunas se puedan producir en los países de renta media e inferior, manteniendo un monopolio en su producción y distribución (asegurando sus patentes) que impide que ello ocurra.

Y los Gobiernos de los países de renta superior, donde tales vacunas se están produciendo, no están tomando las medidas necesarias para impedir la continuación de tal monopolio que está dificultando enormemente la vacunación mundial para resolver el problema de la pandemia, incluyendo en sus propios países. Lo que está ocurriendo con Delta primero, y con Ómicron ahora, es un claro ejemplo de ello. La variante Delta se inició en la India, uno de los países que expertos en la producción de las vacunas anti-COVID han indicado que tiene el conocimiento y los medios para producir las vacunas anti-COVID de Pfizer y Moderna. En realidad, India es el país que produce mas productos farmacéuticos genéricos en el mundo, incluyendo genéricos que se consumen a los dos lados del Atlántico norte. Y produce vacunas anti-SIDA, que son de mayor complejidad que las vacunas anti-COVID. Y Suráfrica, donde se identificó Ómicron, es también (según los mismos expertos), competente para producir tales vacunas. Si se hubieran producido y distribuido tales vacunas en tales países es muy probable que no habríamos tenido los problemas que estamos teniendo.

Como he indicado en diferentes ocasiones, la solidaridad internacional es una condición indispensable para la eliminación de la pandemia. Y a no ser que la solidaridad aparezca, la situación se irá empeorando. El virus, variante Delta, descubierta en la India, tardo varios meses hasta que apareció con toda intensidad en Norteamérica y Europa Occidental. La siguiente variante, Ómicron, tardo solo tres semanas desde que se conoció en Suráfrica para llegar a ser dominante en aquellas mismas zonas del mundo de renta superior.

Las limitaciones del modelo liberal como causa de la no resolución de la pandemia

La actividad comercial y las mal llamadas leyes de mercado no pueden ser las que definan la producción y distribución del armamento (es decir de la producción y distribución de las vacunas) en esta «guerra contra el virus». Y, sin embargo, esto es lo que está ocurriendo. Y la mayor causa de ello es que son las empresas farmacéuticas las que tienen un enorme dominio y control sobre los Estados que no se atreven a enfrentarse a ellas debido a su enorme poder político y mediático. Incluso el Presidente Biden de EEUU, que estaba de acuerdo en anular las patentes en la producción de vacunas durante el período de la pandemia, no ha presionado al Congreso y Senado para llevar a cabo tal medida, sabedor que los Senadores y Congresistas financiados por tales empresas lo vetarían. La enorme debilidad de la democracia liberal aparece con toda claridad en la excesiva y antidemocrática influencia que grupos económicos, como en este caso, la industria farmacéutica productora de tales vacunas, tienen sobre las instituciones políticas y mediáticas. Hemos visto solo hace unos días, como en el Senado estadunidense, un senador, Joe Manchin, del mismo Partido Demócrata que el Presidente Biden, y que es nada menos que el presidente de la comisión de energía del senado (y financiado por la industria del carbón) ha parado una de las medidas más importantes y de mayor relevancia para la ciudadanía en aquel país que era la reconversión energética y social del país claramente favorecida por la mayoría de la ciudadanía del país.

Igualmente, estas mismas industrias farmacéuticas productoras de vacunas no solo se han opuesto a anular sus patentes provisionalmente, mientras estamos intentando ganar la batalla contra el virus, sino que también se han opuesto a que el Gobierno Federal de EEUU estableciera un Centro de Investigación y Producción de Vacunas contra posibles nuevos virus y variante para impedir nuevas epidemias y pandemias. Tal proyecto se remonta a varias administraciones y fue el presidente Obama el que lo intentó por última vez. Y de nuevo no se ha podido realizar ahora tampoco, bajo el Presidente Biden, por la enorme oposición de estas empresas. En su lugar han conseguido amplios fondos de financiación pública (sin los cuales no se habría podido haber realizado la producción de las vacunas, controlando ellos su producción y distribución). Es más, las supuestas leyes de mercado tampoco funcionan por la monopolización de su producción que ellas controlan de manera tal que son ellas las que definen el precio de estos y otros productos farmacéuticos, como hace el conjunto de la industria farmacéutica en la provisión de medicamentos para el programa federal Medicare (proveedor de servicios sanitarios a todos los ciudadanos ancianos). Tal programa no cubre la totalidad del coste de los productos farmacéuticos cuyos precios están determinados en gran parte por estas industrias. Ello conlleva que muchos ancianos no puedan comprar medicamentos con el consiguiente resultado de aumento de morbilidad y mortalidad, como bien ha documentado el National Boreau of Economical Research señalando que el aumento del coste de las medicinas determina la disminución de su utilización y por ende aumento de la mortalidad (How to Cope With Medicare’s Rising Costs, The New York Times, 26 de Diciembre de 2021). El Presidente Biden ha propuesto que sea el Estado Federal el que regule tales precios asegurando su accesibilidad con la virulenta oposición de la industria farmacéutica. Ni que decir tiene, que esta medida es muy popular, pero el que ello ocurra o no, no depende de lo que la ciudadanía desee, sino del poder que sectores económicos tienen sobre el Estado. Y esto ocurre no solo a nivel nacional sino a nivel internacional. Las supuestas leyes del mercado son las leyes de los grupos de poder que monopolizan la producción y distribución de bienes que debían de estar al servicio del bien común.

Última observación. La insolidaridad es la mayor causa de la perpetuación de la pandemia

La experiencia con la pandemia muestra claramente que la escasez de vacunas a nivel internacional o de medicamentos a nivel local, depende de la distribución de poder político, económico y mediático internacional y nacional, temas totalmente aparcados en el debate sobre la pandemia. Esta está mostrando el enorme coste que significa la mal distribución de tales poderes en los países tanto ricos como de renta media y baja. Las autoridades públicas deberían dar protagonismo a los sectores públicos sobre los privados acentuando la urgente necesidad de que los primeros antepongan el bien común por encima de los intereses particulares y privados de carácter comercial cuya lógica no puede reproducirse en la actividad y servicios públicos. No es por casualidad que los países que han tenido mayores problemas con la pandemia han sido aquellos que tienen sus servicios esenciales, como sanidad y servicios sociales privados con sistemas democráticos muy limitados que permiten una enorme influencia de los lobbies económicos en sus decisiones políticas. La insolidaridad dentro de un país, así como entre países es la mayor causa de que el enorme sufrimiento que está creando la pandemia no se resuelva. Miren los datos y lo verán.