Miles de personas se manifiestan a esta hora del jueves en Vigo en defensa de la sanidad pública y contra el negocio de la salud, en protesta por la estrategia de recortes y privatizaciones de servicios sanitarios en beneficio de empresas afines al Partido Popular, desarrollada por la Xunta desde que Alberto Núñez Feijóo accedió a ella en 2009.

La protesta está convocada por la plataforma SOS Sanidade, que agrupa a organizaciones ciudadanas y a colectivos de médicas, enfermeras y sanitarios, a los sindicatos y a los partidos de la oposición al Gobierno de Alfonso Rueda, sucesor de Feijóo en el Ejecutivo autonómico.

Vigo es la mayor ciudad de Galicia y su área sanitaria comprende a treinta municipios donde residen más de 600.000 personas con cartilla del Servizo Galego de Saúde (Sergas). De ellas, 116.000 están asignadas sin embargo a un centro privado, el hospital Povisa, propiedad de la multinacional Ribera Salud y que cobra cerca de 100 millones de euros anuales al Sergas por prestarles atención.

Para el resto de habitantes de Vigo y sus comarcas, su centro de referencia es el hospital Álvaro Cunqueiro, inaugurado hace diez años y puesto en marcha mediante una fórmula que rediseñó el proyecto inicial planteado por la Xunta antes de la llegada de Feijóo. Fue él quien abrió su explotación al negocio privado de una forma mucho más onerosa aún para el presupuesto público que la empleada con Povisa.

Sobrecoste de 470 millones

La construcción del hospital, que según el Consello de Contas de Galicia incurrió en un sobrecoste de 470 millones de euros a pesar de que se redujeron las dotaciones proyectadas inicialmente, fue financiada por una unión temporal de empresas participada por tres constructoras –Acciona (43%), Puentes y Calzadas (23%) y Veolia (16%)– y un fondo de inversión a su vez propiedad de Bankia, el BBVA, Banco Sabadell, Caixa Bank, Kutxabank, Ibercaja Banco y la consultora estadounidense Hill International, que poseen el 18% restante.

A cambio de construir el hospital, esas empresas obtuvieron de la Xunta el compromiso de pago de un canon anual que ya ronda los 81,5 millones de euros, así como la concesión en régimen de monopolio de todos los servicios no clínicos del centro.

Desde el aparcamiento de pago y la seguridad hasta la cocina, la lavandería, la cafetería, la limpieza, el mantenimiento y las máquinas de vending, además de la explotación de otros servicios del Sergas ajenos a la prestación sanitaria en los hospitales públicos Meixoeiro y Nicolás Peña y en el punto de atención continuada del hospital Xeral de Vigo.

Aunque la Xunta sostiene que el Álvaro Cunqueiro es un centro público convencional, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y el Tribunal Supremo han contradicho esa versión en sendos fallos que obligan a la concesionaria a abonar al Ayuntamiento el impuesto de bienes inmuebles, del que legalmente sólo están exentos, en su caso, los hospitales del Sergas, no los privados.

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, visitó Vigo el pasado miércoles para reunirse en la delegación de la Xunta en la ciudad con representantes de la Federación de Asociaciones de Vecinos local, a los que intentó convencer de que la fórmula del nuevo hospital ha permitido hacer unas 4.000 operaciones más al año.

Lo cierto es que los datos del propio Sergas sobre las listas de espera indican que éstas han aumentado, con más de 71.000 pacientes –el 12% de toda la población del área sanitaria– pendientes de una consulta de especialista, una prueba diagnóstica o una intervención quirúrgica.

Abel Caballero exige a la Xunta más dotaciones sanitarias

Uno de los manifestantes en la marcha que se está desarrollando este jueves por las calles de Vigo es su alcalde, el socialista Abel Caballero, quien ha alertado de la reducción de la calidad asistencial en la comarca por el “empequeñecimiento” del proyecto inicial del hospital, tanto en número de camas, quirófanosy salas de radiología como de otras instalaciones como los pabellones de pacientes, investigación y formación, que nunca llegaron a construirse pese al enorme sobrecoste en el que incurrió la concesionaria y que se paga con fondos públicos.

«Ese dinero, bien gestionado, podría haber supuesto una gran mejora para la ciudad, con más profesionales, más recursos y mejor atención», afirma el regidor. El PP ha boicoteado la comisión de investigación del Parlamento de Galicia que pretendía indagar en las adjudicaciones que derivaron en ese exceso presupuestario, de casi un 40% del gasto previsto con la fórmula que Feijóo modificó.

Otra de las participantes en la marcha es la líder de la oposición y portavoz nacional del Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, quien ha denunciado además que el sobreprecio del centro ha beneficiado a varias empresas vinculadas precisamente a altos cargos del Partido Popular.

Así, el exministro de Economía de Aznar, Rodrigo Rato, era presidente de Bankia cuando Feijóo decidió abrir el Álvaro Cunqueiro al negocio privado.

Su homólogo en los gobiernos de Rajoy, Luis de Guindos, era por entonces responsable de la división financiera de PricewaterhouseCoppers, la consultora estadounidense en cuyos informes, sufragados con dinero de la Xunta, se basó Feijóo para rediseñar el proyecto del hospital.

Abel Caballero: «Ese dinero, bien gestionado, podría haber supuesto una gran mejora para la ciudad, con más profesionales, más recursos y mejor atención»

Tomás Pérez Vidal, conselleiro de Agricultura en los ejecutivos de Manuel Fraga y presidente del Parlamento de Galicia en su primera legislatura, fue administrador único y consejero de Puentes y Calzadas, una de las constructoras propietarias de la concesionaria, de la que también fue directivo Agustín Hernández de Rojas, también exconselleiro y exalcalde de Santiago. La constructora del regidor de Sanxenxo, Telmo Martín, condenada en 2018 por cobrar sobrepecios en la venta de viviendas sociales, también fue subcontratada para las obras del hospital.

A eso se une los contratos que la gerencia del área sanitaria de Vigo ha adjudicado al Grupo Eulen, la empresa cuya directiva para el noroeste de España es Micaela Núñez Feijóo, hermana del expresidente de la Xunta y presidente del PP. Durante los trece años de mandato de Feijóo en Galicia, el Sergas se convirtió en el ente autonómico que más dinero público entregó a las sociedades de ese grupo.

Juan Oliver

Periodista licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Medios de Comunicación por la Universidade de A Coruña. Ha trabajado también en El Mundo (1995-2000) y en La Voz de Galicia (2000-2013), diario para el que fue corresponsal en Bruselas entre 2005 y 2010. También ha colaborado en El Periódico de Catalunya y colabora habitualmente en la revista Luzes. Xornalista licenciado en Ciencias Políticas pola Universidad Complutense de Madrid e máster en Medios de Comunicación pola Universidade da Coruña. Traballou tamén en El Mundo (1995-2000) e en La Voz de Galicia (2000-2013), diario para o que foi correspondente en Bruxelas entre 2005 e 2010. Tamén colaborou en El Periódico de Catalunya e colaboro habitualmente na revista Luzes.