Por largo tiempo se ha debatido y luchado por la construcción de un Estado democrático auténtico en el que sus instituciones no solo sean garantes del respeto y el derecho de los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad, sino que también el poder de las instituciones emerja de una delegación fundada en la ética y la moral.

Cuando las dictaduras en nuestra región imponían a hierro y fuego sus fueros, la lucha por las libertades constituía el afán de nuestros pueblos.

Como las desigualdades sociales han estado en el corazón mismo de la vida social latinoamericana, siempre han sido la fuerza motriz que ha legitimado las sublevaciones y rebeliones diversas y numerosas que la  historia registra.

Es innegable que la injusticia y la desigualdad han interferido  la construcción de la convivencia social, económica y política en nuestras sociedades latinoamericanas y caribeñas.

Sin embargo, el fenómeno de la narco política ha devenido en la más preocupante amenaza al sistema democrático dominicano. Las develaciones de la Operación Falcón han puesto al desnudo la importancia del papel jugado por el narco durante los pasados procesos electorales.

Congresistas, alcaldes, funcionarios y dirigentes políticos del partido de gobierno alcanzaron sus posiciones bajo el ilegal impulso del dinero sucio de las drogas en una escala tal que ha encendido las alarmas.

El poder se ha degradado, como dice Moisés Naím.

Si los resultados electorales ahora no dependen de los aportes del Estado ni del empresariado tradicional sino de acaudalados señores de las drogas, la legitimidad de los poderes públicos no solo está cuestionada sino que pone en escena una amenaza de consecuencias imponderables a la vida democrática dominicana.

Que no se meta la basura bajo alfombra mediática, generalizando las cosas o dejando pasar sin consecuencias la afrenta develada. La narco política se revela como una estructura político-económica de cuidado.