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En los últimos 20 años, la República Dominicana produjo un cambio más que significativo en las políticas orientadas a dar cobijo a la ciudadanía ante necesidades básicas cuyo financiamiento necesitaba la mano garantista del Estado.

Un país con tantas desigualdades no puede avanzar en su desarrollo dejando en cola a tanta gente con ingresos, salud y educación tan precarios. De algún modo, aligerar el peso de la desprotección mediante el incremento del gasto social del Estado explica los avances alcanzados.

Es en momentos de grandes eventos adversos, como el actual tiempo de pandemia, en donde las medidas de protección adquieren la mayor relevancia.

 La encuesta de julio pasado realizada por la Red Actúa sobre los efectos socio-económicos de la pandemia pone en escena nueva vez la pertinencia de programas como Pa’ti, Fase I, Fase II y las acciones del Plan Social de la Presidencia durante el primer semestre del 2020.

71.6% de los hogares consultados refirieron que los alimentos constituían su preocupación  principal, revelando que 50.8% de los hogares pobres estaban presentando carencias severas de alimentos y que el 40.8% acude al crédito o la donación para alimentarse.

Posterior a esa encuesta, se ha producido un aumento de precios, despidos masivos y no pagados y la eliminación de la asistencia social del Estado a amplios grupos de la sociedad a los cuales, y no podemos olvidarlo, se agrega el cierre de escuelas públicas y la práctica desaparición del desayuno y almuerzo escolar.

La alerta de Visión Mundial/Red Actúa sobre las amenazas de desnutrición de amplios sectores nacionales es oportuna para recordar a quienes gobiernan el rol social protector del Estado.