La marcha multitudinaria contra la Barrick Gold en Monte Plata hizo que la minera canadiense desista de la presa de cola en Quance. El estado responde con decreto presidencial para que  la construya en otro lado en la provincia Sánchez Ramírez. La minera ni siquiera ha depositado una solicitud formal en el Ministerio, a decir del mismo encargado en un evento digital hecho por la Academia de Ciencias y la UASD, aunque luego la Rectoría anterior recibió en su despacho a la presidenta de la Barrick.

En el conflicto por el puerto de cruceros en Cabo Rojo, es también el grupo ITM quién comunica la  modificación de su propuesta de dos espigones a uno, pero tampoco se conoce si ha sido depositada en el ministerio de Ambiente y puesta a disposición pública como manda la ley, aunque la compañía tiene su propaganda montada en las redes como si estuviera disponible.

Con la Barcaza en Los Negros son los abogados los que presentan mapas y alegatos justificando su instalación  dando a conocer documentos oficiales del ministerio que no habían sido hechos de conocimiento público antes, todo esto después de una fuerte represión policial a las protestas de los comunitarios violando derechos humanos y civiles. Un  medio publicó que la compañía tenía ya el permiso desde el miércoles 23/11 y las protestas no se han hecho esperar.

Estos tres casos ilustran bien cómo la autoridad del Estado ha sido sustituida por los voceros y abogados de las multinacionales y el  Ministerio ni siquiera es capaz de informar a la opinión pública, mucho menos de aplicar la ley vigente de medio ambiente ni de defender nuestros recursos naturales a favor del pueblo dominicano.

¡La fórmula sigue siendo silencio y propaganda!