Según la ONU, el 90% de los humedales del mundo se ha perdido o están en vías de desaparecer. En los últimos 50 años han sido los ecosistemas más rápida y extensamente degradados en la historia humana.

Se calcula que el daño a los humedales provoca la pérdida anual de servicios ambientales por valor de más de $ 20 billones de dólares anuales. 

En RD, según Medio Ambiente,  tenemos 1,800 humedales registrados que ocupan 4,196 km cuadrados; 2,298 son naturales y 1,898 artificiales, como embalses y arrozales. 

En la pasada gestión de gobierno se llegaron a mitigar y restaurar 40 humedales y en 2022 el país comenzó un proyecto con la Convención Ramsar, de la que somos signatarios, sobre “Uso racional de los humedales en el Caribe”. 

Visto así parecería que nuestros humedales están bien protegidos. Pero no. 

Uno de los más grandes, en el Parque Nacional Jaragua, está condenado por el ominoso fideicomiso ProPedernales al que acaba de entregársele licencia ambiental con todo lo que implica. 

Los del Ozama e Isabela están contaminados por el lixiviado del vertedero de Duquesa y por los miles de habitantes de sus riberas sin saneamiento adecuado. Recordemos que solo el 7% de las aguas servidas son tratadas. 

Otra parte son desecados para sembrar o rellenados por compañías constructoras de viviendas privadas o como los de Guerra, para la construcción de una cárcel pública. 

Otros están contaminados por barcazas termoeléctricas, cerca del estuario del Ozama, y ahora en Los Negros de Azua, también con licencia del Ministerio. 

Entonces, el manejo actual de los humedales no augura nada bueno para estos ecosistemas indispensables por su importancia en el balance hídrico de nuestro territorio.