La COP 28 o Conferencia de las Partes, es la reunión anual de casi 200 países que firmaron la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Se adoptó en 1992 y establecía que los gases de efecto invernadero producto de la  actividad industrial y explotación de los recursos naturales causan el cambio climático y fijó que los firmantes debían reducir sus emisiones. La primera COP fue en Berlín en 1995 y la que ahora se realiza en Dubái es la número 28.

Está claro que las responsabilidades de la crisis climática hay que buscarlas en el G-20, aunque son muchos otros los más afectados. Los países más vulnerables—entre los que está República Dominicana—son precisamente los que menos emisiones producen. En la anterior se creó un fondo de pérdidas y daños para compensar a los países más afectados, cuya inversión inicial no alcanzaba ni para hacer operativo el mismo.

Se necesitan más de los 400 millones de dólares propuestos para compensar a los 20 millones de refugiados climáticos al año que necesitan desesperadamente ayuda para reconstruir sus hogares tras las tormentas, o apoyar a los campesinos que pierden sus cosechas, o  los desplazados de manera permanente o muertos como en Santo Domingo en los dos últimos noviembres.

Durante décadas, los países ricos lucharon con uñas y dientes contra este fondo para no pagar «compensación» por sus emisiones históricas de carbono. Mientras, el gasto militar en la  guerra de Ucrania se estimó en cerca de 44,000 millones de dólares en 2022 y representa un incremento de más de un 640% respecto al 2021.

Y otro tanto se gastan Israel y Estados Unidos en el genocidio del pueblo Palestino. Las guerras agravan la Crisis Climática y aumentan el número de refugiados de manera astronómica porque el transporte de armas y ejércitos además de aumentar las emisiones destruye recursos naturales y vidas humanas.