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La Ley de Medioambiente 64-00 no se hizo en dos días. Es verdad que fue aprobada por el Congreso el 25 de julio del 2000 y promulgada por el presidente entrante el 18 de agosto. Esa Ley fue un logro de consenso social de muchas ONG ambientalistas que durante cuatro años la socializaron por todo el país. Ese proceso fue presidido por la Comisión Ambiental del gobierno 96-2000 y representantes de la sociedad civil como el Grupo Jaragua. Reconocer al expresidente Mejía por esa ley es una gran falta de ética y, por más político que quiera ser el Ministro de Medio Ambiente, sencillamente no aplica.

Por lo que sí se podría reconocer el ex presidente Mejía es por el rockash vertido en Samaná de manera ilegal en violación de la misma ley promulgada; por apañar todos los desmanes del caso Bahía de  las Águilas; por auspiciar y firmar la Ley 202-04 que casi desarticula el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), sobre todo las áreas costeras para entregarlas a empresarios de la piratería turística, y desmantelar los parques nacionales de Montecristi, Los Haitises, Cabo Cabrón y la mutilación del Cotubanamá, la ley más chapucera, denunciada en 2004.

Y en cuanto a la actual gestión, aplica eso de “más de lo mismo” de su homenajeado. Pone en peligro de nuevo el SINAP con cancelaciones masivas que dejan sin protección nuestra biodiversidad y condenan al hambre a guardaparques y familias que defendían esas áreas y, en contraposición, nombra en el Ministerio a personas sin experiencia y sin titulación con sueldos privilegiados.