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Construir instituciones democráticas sólidas ha sido el sueño de mucha gente, por mucho tiempo y en circunstancias diversas. Ha sido un esfuerzo titánico por alejarnos del caos, la imprevisión o el simple empirismo, a la vez que un lance hacia lo normativo, mejores prácticas y una ciudadanía más fuerte.

Hablar de institucionalidad se ha hecho rutina entre nosotros. Casi un juego de palabras, resaltada más, cuando favorece  intereses y propósitos económicos, sociales o políticos particulares.

Hay un vínculo estrecho entre democracia, instituciones, normas,  prácticas y ciudadanía. Un lazo indisoluble. No hay democracia sin instituciones, como no hay  instituciones democráticas sin apego a las leyes y normas establecidas.

¿Podemos hablar de institucionalidad, cuando las prácticas contravienen leyes y normas, cuando malas prácticas son protegidas o ignoradas por los ministerios y direcciones?

 Me refiero al tema de los reclamos de los “desvinculados no remunerados” y el encaje de esta violación de derechos con el cacareado discurso de la institucionalidad.

 Es más, he notado pocos o ningún pronunciamiento del liderazgo social, sindical, empresarial o religioso acerca de estos abusos. Salvo la reacción tardía, después de consumados los hechos, del Presidente.

A muchos les parecerá insustancial, banal, este caso como expresión de lo que bien puede ser tomado como indicador de falla institucional. Pero resulta claro, que en el caso de la especie no solo se ha violado la ley, sino también que se incurre en un acto de injusticia laboral tenida a menos.