El amor que siente el Gobierno de Abinader por la transparencia y la inversión estatal se hace evidente en cada transacción, especialmente cuando se trata de arrendar edificios por sumas astronómicas.

Al parecer, ser un “partido moderno” va de la mano con el desapego a los bienes estatales. Alquilar edificios en lugar de adquirirlos para albergar instituciones es la nueva norma del PRM. Así, el pueblo se queda sin edificaciones propias, pero sí con contratos de alquileres.

Es el caso de la Ogtic, entidad que dispone de 1,400 millones (una ganga) para el alquiler de cuatro niveles en un edificio por 10 años. El Ministerio de Interior y Policía, por su parte, destina 400 milloncitos en la renta de un hotel abandonado para entrenar a sus agentes y la Dirección General de Pasaportes, con su «impecable eficiencia», apenas necesita 700 millones para rentar oficinas que, sin duda, ofrecen un servicio “diligente” a la población.

En total, 2,500 millones se van solo en alquileres de tres instituciones, mientras tanto, 150,000 niños y niñas quedan sin cupo escolar por falta de aulas, y los enfermos se amontonan en hospitales deteriorados, como basura en el vertedero de Duquesa.

Los funcionarios del gobierno perremeísta justifican el derroche alquilando voces de comunicadores para defender estas cifras. Pero, ¿qué más da? Si hasta las ambulancias del 9-1-1, en este gobierno alquilador, implican un sacrificio de más de mil millones a los bolsillos del pueblo.