Un un momento en que la precisión de la información es crucial para el desarrollo de políticas públicas efectivas y justas, y en el que la confianza de los pueblos con sus gobiernos se fundamenta en la veracidad de lo que se comunica a la población, abordar ciertas discrepancias en los datos económicos y sociales de las instituciones públicas y el discurso de toma de posesión del 16 de agosto, merece toda nuestra atención.

En una sociedad comprometida con el cierre de los temas más vulnerables para nuestra nación, la educación es un pilar fundamental de la agenda nacional de todos los sectores, sabiendo que el factor humano es determinante para el desarrollo.

Por ello, citando el discurso “Nuestro mayor logro ha sido el avance en la educación inicial, de 3 a 5 años. A nuestra llegada al Gobierno la tasa de cobertura para este nivel era de un 36%, y tres años después, conseguimos pasar al 64%”, aseveración que fue aplaudida y que difiere de las estadísticas oficiales publicadas por el Ministerio de Educación, que presentan la tasa de cobertura para la educación inicial de 3 a 5 años en el año escolar 2019-2020 con un 57.1%, y en el año escolar 2022-2023 se mantiene por debajo de dicho nivel, con una tasa 56.5%.

Lo que más debe de llamarnos a la preocupación, además de la discrepancia de las informaciones, es que en ninguno de los niveles se presentan mejoras a la fecha al comparar las tasas de cobertura en el nivel primario y secundario previo a la pandemia.

No se trata de meros datos fríos, pues en el informe del informe del IDEC publicado en este año, se expresa: “Todavía, más de 240,000 niños y niñas de 3 a 5 años están fuera de la escuela y más de medio millón de niños de 0 a 2 años”.  

Y en las últimas semanas hemos visto como, por ejemplo, en el distrito educativo 12-01 de Higüey, provincia La Altagracia, hay más de 3,500 niños que a finales de julio, no contaban con un cupo asegurado en el sistema educativo.

En este sentido, cabe preguntarnos: ¿cuál es la información veraz para saber desde dónde se parte en este nuevo cuatrienio y establecer las acciones correspondientes para cerrar esas deficiencias?

Y si bien todos reconocemos la estabilidad económica que el país ha logrado mantener a lo largo de los últimos años, las desigualdades y las tasas de inflación requieren un análisis más cuidadoso para presentar soluciones que puedan ser tangibles en el corto plazo, pero sobre todo que respondan a las necesidades de los dominicanos y dominicanas, quienes según la Encuesta Barómetro de Las Américas, 2023, luego de 15 años la economía volvió a colocarse como el problema más importante entre los dominicanos desde el 2008.

Y es que una de las principales problemáticas nacionales es el alto costo de la canasta familiar, afectada por la inflación, la cual según datos de Trading Economics y Statista, cuando se compara la República Dominicana con países de la región, se sitúan con menores niveles de inflación Costa Rica, Bahamas, Trinidad y Tobago, Panamá, Islas Caimán, Ecuador, El Salvador, Perú, Puerto Rico, y Aruba.

Aunque se ha expresado que el salario mínimo promedio ha crecido un 14% por encima de la inflación, utilizando los datos del Banco Central, se revela que el poder adquisitivo de los trabajadores dominicanos ha disminuido.

Mientras que los ingresos laborales mensuales por trabajador han subido de RD$ 27,995.00 a RD$ 35,067.00, la canasta familiar ha aumentado de RD$ 34,903.00 a RD$ 44,999.00, resultando en una pérdida neta de RD$ 3,024.00 pesos mensuales en poder adquisitivo, siendo la inflación de alimentos acumulada, la segunda más alta de Centroamérica desde agosto del 2020 a julio del 2024, según análisis realizados por el economista Juan Ariel Jiménez. Es decir, que, aunque los salarios han subido, hoy en día pueden comprar muchos menos bienes y servicios que hace cuatro años.

De hecho, un 61.9% de los encuestados de la encuesta Gallup-RCC Media informan que la inflación y el alza del costo de la vida constituyen preocupaciones diarias para la ciudadanía.

Además de esto, las cifras de pobreza ameritan una mirada desde la verdadera sensibilidad nacional, pues, aunque se ha reportado una disminución en la pobreza monetaria del 25.8% en 2019 al 23% en 2023, la realidad es más compleja.

Según el Informe de Pobreza Monetaria publicado por la Oficina Nacional de Estadísticas en 2023, se expone que la pobreza extrema aumentó del 2.9% al 3.2% en el mismo período citado, y la pobreza femenina, en un rango de edad de 20 a 59 años, pasó de 133.5 a 137.7, lo que significa, “que la pobreza afecta de manera desproporcionada a las mujeres”.

Como bien informa la ONE, por cada 100 hombres en pobreza extrema, hay 137.7 mujeres, y no se visualiza una hoja de ruta clara con las iniciativas y políticas públicas orientadas al fortalecimiento de las capacidades de la mujer, un punto vital cuando hablamos de inclusión, competitividad y progreso social.

Otro aspecto que merece una revisión detallada es el relacionado con las reservas internacionales, que han alcanzado un nivel histórico de 15,457 millones de dólares. Este logro, sin embargo, está vinculado a un aumento significativo en el endeudamiento.

La lógica de tomar prestado, pagando intereses, para aumentar las reservas internacionales, requiere un análisis más profundo desde el impacto económico, pues es esencial comprender las implicaciones de mantener altas reservas a costa de un endeudamiento creciente, especialmente cuando este enfoque podría no ser sostenible.

Estas medidas deben ser clarificadas, partiendo de que las decisiones económicas se basan en una evaluación precisa de los riesgos y beneficios que implican para el país.

Por otra parte, en el ámbito laboral, la alta tasa de empleo informal sigue siendo una de las principales preocupaciones nacionales.

Con casi seis de cada diez trabajadores en la informalidad, cualquier reforma laboral debe, necesariamente, incluir estrategias claras para integrarlos al sector formal.

Un plan detallado para abordar esta situación es imperativo para garantizar que las reformas realmente beneficien a la mayoría de los ciudadanos y no solo a aquellos que se encuentran en la economía formal.

Sin embargo, este no ha sido un elemento abordado, dejando sin claridad la estrategia para mejorar el bienestar de la mayoría de los dominicanos y dominicanas, siendo la falta de empleo una de las principales preocupaciones nacionales, según la encuesta Gallup- RCC Media.

Y si bien nuestro país ha mantenido una categoría alta en el Índice de Desarrollo Humano durante varios años, es importante destacar que el Índice de Progreso Social del 2024 muestra un deterioro en varios indicadores desde el 2020, según un informe del Consejo Nacional de Competitividad, por lo que si aspiramos a continuar avanzando hacia un desarrollo más equitativo y un país más competitivo, para lo cual, evitar los retrocesos es fundamental y no hemos visto de manera precisa las medidas para revertir la tendencia a la baja en este renglón.

Finalmente, en cuanto al gasto público, es vital revisar las afirmaciones vertidas en el discurso sobre la eliminación del gasto innecesario y la reorientación de recursos hacia los sectores más vulnerables, pues se ha incrementado el pago de publicidad, pasando de 2,769 millones en el 2019 a 6,381 millones en el 2024 (sin incluir la publicidad del Ministerio de Turismo).

Esto sin abordar que el endeudamiento ha sido superior a los 26 mil millones de dólares en términos netos, sugiere que aún queda mucho por hacer para mejorar la eficiencia del gasto público.

En resumen, es necesario una fe de errata que aclare las cifras e informaciones expresadas en el discurso del 16 de agosto contrastadas con las estadísticas oficiales, y que se precisen las circunstancias reales que enfrentamos. 

Primero, porque la discrepancia de datos lesiona la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas. Segundo, porque necesitamos información veraz en un contexto en el que solo con datos claros y correctos se pueden desarrollar políticas públicas que realmente cierren las brechas existentes y promuevan un desarrollo sostenible para todos.

Demandar información veraz es un acto de responsabilidad colectiva, una que nos corresponde como veedores de cada una de las instituciones del Estado y como parte del sistema democrático y de derechos. Es un componente de nuestra apuesta por un futuro en el que la transparencia y la exactitud de la información sean pilares fundamentales de la gobernanza y el progreso social inclusivo.