En 2020, la pandemia de COVID-19 hizo que la economía mundialse paralizara. República Dominicana, una nación pequeña y abierta, ha sido afectada por las secuelas globales y locales que generó este fenómeno.

Más allá de las consecuencias inmediatas o coyunturales, el COVID-19 ha generado efectos negativos de largo plazo en varios sectores que la sociedad dominicana debe comenzar a ponderar.

El primer aspecto es el fiscal. Cada año hay menos espacio fiscal para realizar inversión en infraestructura, aumentando la necesidad de un ajuste fiscal fuerte en el futuro. República Dominicana exhibía déficits fiscales entre 2% y 3% del PIB desde 2008 a 2019.

Con el paquete de estímulo fiscal ejecutado en 2020 (ampliación de gasto en salud, implementación de los programas sociales de emergencia, diferimiento del pago de anticipo) más el deterioro de las recaudaciones en 2020 producto de que la economía dominicana estaba cerrada, el déficit fiscal se deterioró en cinco puntos porcentuales en 2020.

Luego, en 2021 y 2022 se observan déficits fiscales cercanos al 3% del PIB, al margen de los anuncios y propuestas de reducción de gasto en más de RD$150 mil millones que los actuales funcionarios hicieron en el pasado reciente.

Esta situación ha reducido el margen de maniobra que tiene el Gobierno para operar, lo que genera que el ajuste se haga reduciendo el gasto de capital. Se reduce el gasto de capital o de inversión porque es lo más fácil de hacer: gastos como el costo de nómina o de intereses son muy difíciles de reducir.

En ese caso, la sociedad dominicana en el mediano plazo se enfrentará al dilema de realizar una reforma fiscal, mayormente por el lado de los ingresos, o tolerar niveles de endeudamiento y de pago de intereses cada vez más altos.

Otro aspecto a considerar es el estado del sector eléctrico dominicano. Desde hace más de cinco décadas, el Gobierno dominicano ha tenido que subsidiar un sector eléctrico ineficiente y financieramente insostenible.

La situación iba cambiando después de 2013, cuando las pérdidas eléctricas (cantidad de energía no facturada respecto al total de energía que las Empresas Distribuidoras compraban a generadores) estaban cayendo a razón de poco más de un punto porcentual por año.

La situación actual es completamente diferente. Las Empresas Distribuidoras presentan pérdidas combinadas de casi 32%. Es decir, que las EDES no facturan 32% de la energía que compran. La situación es peor si se consideran las bajas cobranzas. Si pensamos que no se facturacasi un tercio de la energía que compran las EDES y entregan al público, casi 10% de los dos tercios de energía que sí se facturan, no se cobra.

A pesar de los anuncios de reingenierías para mejorar la gestión de las EDES, en 2022 estarán teniendo el mayor déficit financiero de los últimos 20 años: casi 1.4% del PIB, unos 1,500 millones de dólares de dinero de los contribuyentes.

En este sentido, la sociedad dominicana tendrá que analizar la necesidad (y el costo) de una inversión masiva en rehabilitación de redes de distribución y repotenciación de subestaciones para bajar las pérdidas y el subsidio en el mediano plazo. Esto liberaría recursos fiscales para otras actividades como la inversión pública o permitiría reducir el gasto corriente del Gobierno.

Un tercer aspecto de preocupación para la sociedad es el relativo a la formación de capital humano. Con los fallidos dos años de clases virtuales, más la cualquerización del personal docente en el sector público en esos dos años, los niveles de aprendizaje de los estudiantes dominicanos seguramente han caído, borrando cualquier conquista previa. Recuperar el nivel de calidad de la enseñanza tomará lustros.

Peor aún, los estudiantes que recibieron clases en esos dos años virtuales o con profesores incorporados a la carrera a la docencia sin haber pasado las pruebas de rigor, tendrán un nivel de aprendizaje inferior a aquellos que tomaron clases presenciales o con profesores más capacitados.

Visto eso, la sociedad tendrá que exigir una mejora en la calidad de sus docentes, sacando presiones gremiales de la decisión de contratar un profesor, y exigiendo un manejo eficiente y transparente de los recursos destinados a la función de educación pre-universitaria.

Estos tres sectores (fiscalidad, educación y sector eléctrico) serán analizados a profundidad en los próximos años por los diferentes actores sociales y políticos dominicanos. El análisis vendrá no solo por ser aristas capitales en la consecución de una República Dominicana más justa y con más desarrollo, sino porque el uso de recursos para financiarlos es cada vez menor.