PLD: Indicadores de confianza ciudadana contradicen discurso oficial

14-07-2026
Política
Ojalá, República Dominicana
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El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) manifestó este lunes su desacuerdo con las declaraciones emitidas por el presidente Luis Abinader en una entrevista televisiva el pasado domingo. La organización política sostuvo que la población no percibe el fortalecimiento institucional mencionado por el mandatario.

Juan Temístocles Montás, vicepresidente del PLD, encabezó una rueda de prensa junto a los dirigentes Zoraima Cuello, José Dantés Díaz, Milton Torres y Osmeldy Morillo.

Durante el encuentro, Montás cuestionó la gestión de las instituciones responsables de la seguridad ciudadana, la administración de justicia, el combate a la corrupción y la prestación de servicios públicos.

Para sustentar su postura, el dirigente citó la encuesta de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre los Determinantes de la Confianza en las Instituciones Públicas, publicada en noviembre de 2025.

Según los datos presentados, el nivel de confianza en el Gobierno se sitúa en 38.9 %, en el Congreso Nacional en 36.7 % y en el Poder Judicial en 38.6 %. El informe señala además que el 47 % de los encuestados manifiesta poca o ninguna confianza en el Poder Ejecutivo.

En cuanto a las prioridades ciudadanas, Montás indicó que el 48.5 % de los dominicanos identifica la delincuencia y la violencia como los principales problemas del país, seguido por la corrupción con un 41 % y la inflación con un 40.2 %.

El dirigente político también se refirió al sector eléctrico, señalando que las pérdidas de energía superan el 40 %.

De acuerdo con cifras de la Dirección General de Presupuesto citadas por el PLD, el déficit de las distribuidoras ha requerido transferencias por más de RD$547,000 millones entre 2020 y 2026, alcanzando un subsidio de RD$107,000 millones durante el año 2025.

Al finalizar la lectura de un documento entregado a la prensa, Montás argumentó que el desempeño institucional debe evaluarse mediante el nivel de confianza de la ciudadanía y la calidad de los servicios estatales, asegurando que los indicadores actuales reflejan deficiencias en la gestión pública.