El Supremo de Brasil retoma este miércoles un juicio decisivo para el futuro de centenares de tierras indígenas en proceso de demarcación, muchas de las cuales están en la selva amazónica.

El caso, que corre en paralelo a un proyecto de ley similar en trámite en el Congreso, desata las alarmas entre los pueblos ancestrales, los ambientalistas y los defensores de los derechos humanos.

Porque lo que deben votar los jueces es si es válido el criterio del «marco temporal», según el cual solo pueden ser demarcadas las tierras cuyos habitantes demuestren que estaban ahí antes del 5 de octubre de 1988, día en que se promulgó la Constitución.

Eso, en la práctica, significa que los pueblos que no prueben o no puedan demostrar que ocupan sus tierras desde antes de esa fecha pueden ser expulsados.

Acampada en Brasilia

En concreto, el STF juzga el caso del territorio Ibirama-Laklano, en el estado de Santa Catarina (sur), que en 2009 perdió su estatus de reserva después de que una instancia inferior acogiera el argumento de que los grupos no estaban viviendo allí en 1988.

Pero su veredicto tendrá lo que en Brasil llaman «repercusión general» y podría afectar a muchas otras tierras en disputa, que son unas 250 de las 750 reservas reconocidas o no que existen.

La expectación que genera este tema es tal que desde lunes empezaron a llegar indígenas de todos los rincones del país para integrarse en una acampada de protesta contra el «marco temporal» en Brasilia, con marchas y actos callejeros por «el derecho ancestral» y el «fin del genocidio». 

El eterno conflicto de tierras

Todo es parte del eterno conflicto por tierras en Brasil. Los indígenas afirman que la Constitución les reconoce sus derechos sobre sus tierras ancestrales, sin prever ningún «marco temporal».

Y sostienen que en muchos periodos fueron desplazados de sus territorios, especialmente durante la dictadura militar (1964-1985), así que en muchos casos les sería imposible determinar su presencia en 1988.

Del otro lado están los ganaderos y los latifundistas del pujante sector agropecuario, que opinan que los 900.000 indígenas que viven en Brasil ya ocupan demasiado territorio –un 13 % de su enorme extensión– y que si no se establece el «marco temporal» esa cifra crecería mucho.

Además, sostienen que ese criterio pondría fin a infinitud de disputas territoriales y contribuiría a pacificar el campo.

Dos conceptos de riqueza

Esta disputa enfrenta dos conceptos de riqueza. Para los detractores del marco temporal, esas tierras son muy valiosas, entre otras cosas porque gracias a la presencia de los indígenas, considerados los guardianes de la selva, son las que están mejor preservadas de la deforestación, los incendios, la minería ilegal y otros crímenes ambientales.

Para los ruralistas, esas tierras son ricas porque ocupan áreas enormes que tendrían potencial de ser explotadas comercialmente, vía ganadería o especulación con el suelo y que, en ocasiones, están repletas de minerales.

Para Rafael Modesto, asesor jurídico del Consejo Indígena Misionario (CIMI), el ‘marco temporal’ sería un «revés» y podría afectar a tierras ya demarcadas, porque los indígenas podrían verse obligados a demostrar que vivían ellas en esa fecha.

«Alrededor del 95 % de las áreas aprobadas y en proceso de aprobación podrían verse afectadas. Esto se debe a que cada pueblo deberá acreditar que habitaba el área demarcada antes de 1988. Muchos de estos pueblos cuando reivindicaron sus tierras no vivían en ellas porque habían sido despojadas, lo que dificulta las concesiones», declaró.

La presión del Congreso

El juicio quedó aplazado en septiembre de 2021. Hasta entonces votaron dos de los 11 jueces, uno a favor y uno en contra. Así que los nueve que restan deberán desequilibrar la balanza.

No se sabe cuántas sesiones puede durar, pero el tema, además se sensible, se ha vuelto muy urgente, sobre todo después de que en el conservador Congreso de Brasil, donde la bancada ruralista tiene mucho peso, los diputados dieron su apoyo a un proyecto de ley sobre esta cuestión.

El texto, que ahora debe pasar por el senado, no solo reivindica el criterio del ‘marco temporal’, sino también impide que se amplíen las ya reconocidas, autoriza la cooperación entre indígenas y no indígenas para explotar sus tierras, y flexibiliza la política de no contacto con los indígenas aislados.

Su aprobación fue un duro golpe para el presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, quien retomó las demarcaciones de tierras, paralizadas durante el gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro, e incluso creó el ministerio de Asuntos Indígenas. 

En caso de que el Congreso diera su aprobación definitiva al proyecto de ley, el asunto quedaría en manos del STF. Si fallara en contra, la ley sería impugnada y terminaría muy probablemente siendo declarada inconstitucional.