El Senado argentino aprobó este jueves el acuerdo que alcanzó el Gobierno del presidente Alberto Fernández con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar la deuda de 45,000 millones de dólares contraída durante la Administración de Mauricio Macri.

Tras varias horas de sesión, la cámara alta avaló el proyecto de ley que incluye el acuerdo con 56 votos a favor, 13 en contra y tres abstenciones. Los votos negativos fueron de legisladores del Frente de Todos (FdT).

El ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó que este resultado es un paso firme hacia adelante en el desarrollo de la economía del país.

 “Nunca un acuerdo con el FMI tuvo apoyo social y político de tal magnitud. Por primera vez en la historia pasó por el Congreso y logró un nivel de adhesión del 80 por ciento. También acompañaron sindicatos, el sector privado, universidades, movimientos sociales y la sociedad civil», externó.

La bancada del oficialismo dividió votos a favor o en contra, según se confirmó en la sesión donde no asistió la titular del Senado y vicepresidenta del país, Cristina Fernández, quien lidera el sector del kirchnerismo en el Gobierno, el más crítico con el FMI.

“Argentina no tenía que haber tenido un crédito tan grande, pero creo que los que estamos en este honorable cuerpo tenemos que tomar una decisión. Para cuidar a la inmensa mayoría de los argentinos tenemos que llegar a un entendimiento con el Fondo Monetario Internacional para no llegar a un ‘default´”, expresó el senador Sergio Leavy, del FdT.

El jefe del bloque del Frente, José Mayans, recordó que “el presente que estamos viviendo y el futuro dependen del error que se cometió en el pasado”. Asimismo, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, afirmó que esta deuda la hicieron los argentinos y por eso tienen que ser responsables.

Mayans hizo un recorrido por las medidas económicas de la administración de Macri (2015-2019) y mostró con cifras las terribles consecuencias que trajo para el pueblo.

La aprobación de esta norma en el Congreso sucede tras un largo proceso de negociación entre el Ejecutivo argentino y el ente financiero para renegociar el crédito dado en 2018, pues el país está imposibilitado de devolver en tiempo y forma el préstamo, ante una grave crisis económica.

Dentro del oficialismo, históricamente crítico con el FMI, las tensiones parlamentarias ha sido fuerte, pues se oponen a haber cerrado el acuerdo, al considerar que esto llevará a ajustes económicos.

“Voto en contra de la deuda ilegítima que dejó Mauricio Macri y voto en contra del Fondo Monetario Internacional, que una vez más, como desde 1956, vuelve a imponer las condiciones para repetir los ciclos de endeudamiento, crisis social, valorización financiera y fuga de capitales”, dijo la senadora Nora Giménez, que adelantó su rechazo al hablar en la sesión.

El mandatario Alberto Fernández ha sido crítico con la política de la deuda de Macri, mientras reitera la necesidad de alcanzar un entendimiento con el organismo, para evitar que el país entre en cese de pagos. En las últimas semanas, ha defendido el acuerdo y ha reiterado que no habrá ajustes en la economía y que permitirá su crecimiento.

“Ajuste deberíamos haber hecho si hubiéramos caído en ‘default’, porque ahí sí no teníamos ninguna salida ni escapatoria”, afirmó el mandatario en un acto público, donde dijo que, luego de superar este tema, se podrá pensar en otros que sufre Argentina, donde la inflación es uno de ellos.

Mientras tanto, la oposición apoyó la norma, fundamentalmente la bancada de Juntos por el Cambio, el principal frente opositor al que pertenece Macri, que rechaza las medidas de ajuste, peros ven la necesidad del acuerdo para no caer en el cese de pago.

“Somos una oposición responsable y, al aprobar este acuerdo, estamos priorizando los intereses de la República Argentina impidiendo el ‘default’. Vamos a honrar el principio de honrar nuestras deudas y la continuidad del Estado”, comentó el senador José María Torello.

La pasada semana, la iniciativa contó con la media sanción de la Cámara de Diputados, mientras diversos sectores sociales, sindicalistas y grupos obreros rechazan el acuerdo y demandan mejoras del salario mínimo y garantías laborales.