Los colombianos vuelven a las calles. En esta oportunidad es para conmemorar el primer aniversario de las movilizaciones antigubernamentales nacionales, conocidas como paro nacional, que pusieron bajo la mirada internacional las denuncias de violación de los derechos humanos por parte de los agentes antidisturbios.

Un año después no hay una cifra conclusiva sobre el número de fallecidos entre abril y junio de 2021, lapso del mayor número de movilizaciones. La versión oficial dice que fueron 29, pero las ONG apuntan a 80 personas asesinadas en ese contexto.

Varias organizaciones sociales, estudiantiles, campesinas, indígenas y gremiales anunciaron que desde este 28 de abril hasta el 1 de mayo llevarán a cabo 60 actividades que contemplan concentraciones, manifestaciones, eventos culturales y ambientales en las ciudades de Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Popayán y Cali, la capital del departamento del Valle del Cauca, que fue epicentro del descontento popular y de la represión policial durante el paro nacional.

Previo a estas movilizaciones, se registraron disturbios en la Universidad Nacional de Bogotá. Según un comunicado de las autoridades de la institución, 30 hombres de un grupo armado ingresaron al lugar y tomaron por la fuerza un edificio de aulas y manipularon explosivos. Tras estos hechos, cuatro personas resultaron heridas.

El también llamado estallido social de 2021 comenzó en abril de ese año como una protesta en contra de una fallida reforma fiscal impulsada por el Gobierno de Iván Duque, que dejó como saldo la paralización del proyecto y la salida del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.

Estas movilizaciones dieron pie a la exigencia del cumplimiento de otras demandas como el acceso gratuito a la educación universitaria pública, la creación de una renta básica mensual para millones de familias afectadas por la crisis económica generada por la pandemia y la presencia integral del Estado en las regiones donde operan grupos armados ilegales.

La Policía toma las calles

Como ocurrió un año atrás, el Gobierno, que desde hace días sostiene que posee información sobre posibles «infiltrados», ha anunciado un gran despliegue de uniformados. 

En todo el país habrá 50.000 uniformados destinados a «atender las movilizaciones y concentraciones previstas», informó el director de la Policía, Luis Vargas Valencia, la noche del miércoles desde el Puesto de Mando Unificado. Solo en Bogotá habrá 4.000 funcionarios en las calles, entre los que se encuentran integrantes del cuestionado Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), de las Seccionales de Investigación Judicial y Criminal (SIJIN), la Dirección de Inteligencia de la Policía (CIPOL), entre otros organismos de seguridad especializados. 

Vargas Valencia aseveró que manejan información de que en doce ciudades del país, en más de 25 puntos, hay «personas que quieren generar delitos como ataque a la Policía, a servidores públicos, bienes de la institución». Del mismo modo, afirmó que tuvieron conocimiento que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) «quieren generar disturbios y violencia».

Por su parte, el director de la Policía de Bogotá, Eliecer Camacho, publicó en su cuenta de Twitter una carta abierta donde hace un llamado a los manifestantes a llevar a cabo las actividades «de manera pacífica» y a evitar «hechos que deriven en vandalismo». En el texto dice que ese cuerpo «se compromete a cuidar a los ciudadanos y colectivos que marcharán».

A un año del paro nacional, reaparece la posibilidad de la denominada estigmatización de la protesta, denunciada por las organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos, que responsabilizaron a los voceros gubernamentales de justificar la represión y el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes. Entre sus argumentos, la supuesta presencia no comprobada de grupos de infiltrados con financiamiento internacional que buscaban desestabilizar al Gobierno.

Horas antes de las movilizaciones de este jueves, el ministro de Interior, Daniel Palacios, advirtió que se garantizará la protesta social pero que manejan informaciones sobre grupos «que promueven el vandalismo» y que podrían generar violencia.

Tema pendiente: los derechos humanos

La actuación de los cuerpos de seguridad en la contención de las manifestaciones fue la gran cuestionada durante las protestas de 2021. 

Días antes de una visita de trabajo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizada en junio pasado para indagar sobre las denuncias sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de los uniformados, el presidente colombiano anunció una «transformación» policial y la «modernización» del Ministerio de Defensa. La oposición y las organizaciones sociales tildaron a esta medida de «cosmética» puesto que no atendía el problema de fondo generado por la desigualdad social y la poca presencia del Estado en los territorios del conflicto.

La garantía del respeto de los derechos humanos por parte de la Fuerza Pública también estuvo bajo la mirada internacional. En diciembre de 2021 la Organización de Naciones Unidas (ONU) emitió un documento, titulado ‘El Paro Nacional 2021: Lecciones Aprendidas para el ejercicio del derecho de reunión pacífica en Colombia’, donde se refiere a la cifra de 63 muertes en el contexto de protestas. De ese número, se verificaron 46 casos, de los cuales 28 serían homicidios a manos de la fuerza pública, 10 habrían sido cometidos por «actores no estatales» y en ocho no se pudieron obtener datos suficientes. 

Las ONG colombianas –como el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) y Temblores– manejan una cifra total de 80 muertes relacionadas con las manifestaciones, además de lesiones oculares, violencia sexual, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y agresiones físicas y verbales. 

En cuanto a las datos de fallecidos, hay un amplio margen de discrepancia. Hasta ahora, la Fiscalía ha adelantado que hubo 29 homicidios que guardarían relación con las protestas y que se recibieron 4.269 denuncias, de las cuales 4.009 están en indagación, 57 en investigación, 179 en juicio, 123 en ejecución de penas y una en terminación anticipada. Además, se realizaron 606 capturas, se imputaron a 625 personas y hay sentencias condenatorias contra 30 personas, informa El Tiempo.

En cuanto a las personas reportadas como desaparecidas, el órgano informó que recibieron 627 reportes de este tipo y especificó que 295 personas fueron localizadas; 132 eran registros duplicados; 192 fueron inadmitidos y 8 no han sido localizadas.