Los peruanos aún no tienen presidente. El Congreso del hermano país suramericano alargó la crisis que creó a partir de la destitución del exgobernante Martín Vizcarra, decisión que ha sido calificada por varios juristas como ilegal.

Luego de la renuncia de Manuel Merino, elegido el lunes pasado por el Parlamento que él presidía en medio de masivas protestas en contra de su gobierno, que duró menos de una semana, el Congreso debía elegir al reemplazante, pero 77 de los 130 congresistas boicotearon la elección de la candidata única, Rocío Silva Santisteban, del izquierdista Frente Amplio, que debió haber sido una candidatura de consenso.

Silva Santisteban obtuvo 42 votos a favor, pero 52 votaron en contra y otros 25 se abstuvieron.

Los fujimoristas y otros grupos de la coalición de derecha, con muchos de sus miembros más importantes acusados de diversos cargos de corrupción, que destituyeron a Vizcarra y lo reemplazaron por Merino, originando la indignación ciudadana, expresada en masivas protestas, y la crisis política, estuvieron en primera fila para boicotear una salida a esa crisis que ellos originaron. Rechazaron la elección de Silva Santisteban. 

Esta irresponsable decisión prolonga y agrava la crisis que pone otra vez al Congreso como factor central de la crisis política en el país y amenaza encender nuevamente las masivas protestas en las calles.

De haber sido elegida, Silva Santisteban, de 57 años, poeta, periodista, docente universitaria y activista de los derechos humanos y de los derechos de la mujer, se habría convertido en la primera mujer en llegar a la presidencia en el Perú y también la primera persona de un partido de izquierda en gobernar el país. 

Fue una de las dos legisladoras, de los ocho integrantes de la bancada del Frente Amplio, que votaron en contra de la destitución de Vizcarra y de llevar a Merino al poder.

El vacío de poder por la no elección de un reemplazante de Merino podría favorecer el regreso del exmandatario Vizcarra.

Hay una demanda ante el Tribunal Constitucional (TC) para que defina cuáles son los alcances de la figura de “incapacidad moral permanente” para destituir a un presidente, la razón usada en el Congreso para sacar a Vizcarra por cargos de haber recibido sobornos cuando era gobernador entre 2011 y 2014, acusación basada en unas declaraciones que todavía están en investigación.

Si el TC señala que esa ambigua figura constitucional no aplicaba en este caso, como indican diversos juristas, se confirmaría que la destitución de Vizcarra fue inconstitucional, pero el TC deberá definir si su fallo es retroactivo o no, es decir, si deja sin efecto la destitución del expresidente y, por lo tanto, Vizcarra debería ser repuesto en la presidencia, o si su decisión rige como una aclaración doctrinaria de esa figura constitucional para el futuro.

Te invitamos a leer el resto de este interesantísimo artículo escrito por Carlos Noriega, desde Lima, para Página 12.