“Han encontrado varios cuerpos río abajo de personas que estaban reportadas como desaparecidas, hasta cuerpos desmembrados”. Francisco Yupanky, seudónimo que él mismo ha elegido por miedo a posibles represalias, es estudiante de la Universidad pública del Valle, ubicada en Cali. Un mes después del estallido de las protestas populares en Colombia, Francisco relata con desesperación, rabia y angustia, los asesinatos que siguen aconteciendo en la capital de la salsa que, en las últimas semanas, se ha convertido en el epicentro de las movilizaciones contra el Gobierno de Iván Duque y la imposición de múltiples reformas normativas.

“Desde un comienzo hemos pedido diálogo pero el gobierno lo que ha hecho ha sido incrementar la policía, el ESMAD [Escuadrón Móvil Antidisturbios] y el ejército”, afirma con rotundidad Francisco. Gracias a la presión popular ejercida en Cali, y en el resto del país, “el gobierno retiró la reforma tributaria para generar una nueva, pero hay varias más en proceso: la de la salud, la pensional y la laboral.” Sostiene que “todas son nefastas para la población colombiana” porque “sólo benefician a un sector, a una élite, que son los empresarios que de una u otra manera manejan el gobierno”. 

Cali, epicentro del paro nacional

Yupanky ha presenciado cómo, desde el 28 de abril, la población de la capital caleña se levantaba pacíficamente con “cultura y arte” y sólo encontraban represión institucional: “La comunidad no aguantó más y comenzó a defenderse con palos y piedras”. Afirma que en muchos puntos de la ciudad consiguieron que la policía retrocediera y pudieron establecer asambleas populares donde la solidaridad se tradujo en ollas comunitarias, brigadas médicas y pedagogía.

Concentración en las calles caleñas. Imagen cedida por Medios Libres Cali.

Pero el ESMAD cambió de estrategia y “ya no solamente nos disuadían con gas, granadas aturdidoras y tanquetas sino que empezaron a disparar de frente a la comunidad desarmada”, asiente este joven estudiante. Rememora cómo un día, cuando lograron que replegara la policía, empezaron a llegar camionetas blancas polarizadas, blindadas y motos de alto cilindraje disparando balas. “A un compañero que venía a mi lado le hirieron en el brazo. Nos tocó refugiarnos en una casa que nos brindó albergue y toda la noche la pasamos escuchando motos, disparos, helicópteros, gritos y llantos en la calle”, recuerda con desasosiego. 

A Yupanky se le quiebra la voz cuando recuerda a sus compañeros asesinados o desaparecidos. No puede evitar pensar en las visitas nocturnas que están recibiendo estos días algunos de sus “parceros” en sus casas. “Se los llevaron sin orden judicial, argumentando que son promotores del paro”, cuenta. En cambio, cuando recuerda a las madres caleñas de los barrios más humildes combatiendo en la primera línea, se siente orgulloso al pronunciar sus consigas: “No parimos más hijos para la guerra y si no los defiende el Estado, los defenderemos nosotras”.

La libertad de prensa también se ha visto menoscabada en este mes de movilizaciones. Francisco forma parte de un colectivo de “comunicación independiente” y afirma que no han podido “reportar nada” porque les han “descolgado la página de Facebook” y les han intervenido los móviles. Sin ir más lejos, la policía le “reventó el celular” para que no pudiera grabar: “Ando con uno que medio me permite comunicarme”.

Joven durante las manifestaciones en Colombia. Imagen cedida por Medios Libres Cali.

Cristian Rodríguez es bogotano pero lleva viviendo en Cali una década. Forma parte de La Direkta, un colectivo de comunicación popular que nació en 2008 para “hacer acción directa comunicativa”, mostrar las reivindicaciones de los movimientos sociales y “las realidades que los medios masivos no visibilizan”. Son una veintena de personas, organizadas de manera horizontal con presencia en varias ciudades colombianas. Por seguridad “en este paro, por las noches, cuando hay situaciones de orden público muy difíciles” hacen “un barrido” para comprobar “que todos hayan llegado a sus casas” y lo publican en sus redes sociales. “Hace unos días, una compañera de Manizales fue retenida por el ESMAD y fue una situación muy preocupante porque se le apagó el celular. Afortunadamente, “después de dos horas apareció”, afirma aliviado. 

Cristian ha cubierto las protestas desde el primer día y cuenta que este “gran crisol de exigencias muy variadas” es lo que “denota el gran retraso que tiene este gobierno frente a las necesidades de la gente”. Sostiene que “el movimiento fuerte” en Cali lo ha liderado la juventud. “Se organizan en una cosa que se llama la primera línea, muy inspirado en lo que pasó en Chile, son los que combaten a la policía en cada uno de los puntos”, argumenta. Para Yupanky, “la primera línea consiste en resguardar el punto de concentración, las primeras personas que se encuentran para defender al resto” de la movilización popular.

Las comunidades indígenas no se lo pensaron. “Nos trasladamos a Cali a apoyar la movilización para que los dejaran de reprimir a través de la guardia indígena”, afirma rotundamente Aída Quilcué, Coordinadora del Consejo Regional Indígena del Cauca. En comparación con movilizaciones de años anteriores, y pese a que estas nacieron dentro del movimiento estudiantil, Aída tiene claro que las protestas han dejado de ser “sectoriales” y han dado paso a que “el 80% del país” se levante a favor de “la protección de la vida, de los Derechos Humanos y de la protesta social”. 

Quilcué sostiene que a los jóvenes los “está matando la fuerza pública por órdenes del expresidente Álvaro Uribe y del presidente Iván Duque” y que también podríamos pensar que hay grupos paramilitares involucrados porque “llegan de civil protegidos por la fuerza pública”. Aída es contundente al afirmar que en Colombia existe “una estrategia de exterminio” que viene de muy atrás, “de una política de guerra implementada por el gobierno de Duque” quien “puso en riesgo el proceso de paz”. En el marco de estas protestas, no hay desparecidos en el seno de los pueblos indígenas pero sí al menos una decena de personas heridas. 

Mujeres movilizadas, doblemente expuestas 

El movimiento feminista ha tenido un papel muy importante dentro de este paro nacional. Según la organización Temblores, al menos 22 mujeres han denunciado abusos y violaciones sexuales por parte de las fuerzas públicas en el marco de estas movilizaciones. La gota que colmó el vaso fue el suicidio de una joven de 17 años en la ciudad de Popayán, después de denunciar que varios agentes del ESMAD la habían violado mientras grababa las protestas. 

Mujer reparte comida en los manifestantes, en Cali. Imagen cedida por Medios Libres Cali.

Sandra Solano, Coordinadora de la Confluencia de Mujeres para la Acción Pública, una organización integrada por 150 mujeres con presencia en 8 departamentos del país, tiene claro que “la visibilización de esta violencia sexual” se ha producido gracias a “la presión que ha ejercido el movimiento feminista en todas las regiones”. Sandra, originaria del municipio huilense de Neiva, sostiene que “hay unas formas de violencia policial ligadas a nuestro cuerpo por toda la construcción patriarcal” de las instituciones y que esta violencia “se ha vuelto un arma de guerra”. Apunta que esta situación viene de largo ya que “en el marco del conflicto armado se denunció la violación como arma de guerra contra las mujeres y este paro nacional no está aparte de esa realidad.”

Solano denuncia la presencia de grupos paramilitares en las protestas “que se enmarcan dentro de los bloques que niegan los derechos de las mujeres”. Apunta a quienes se autodenominan como “provida, que principalmente son de iglesias cristianas protestantes de extrema derecha que han negado en el Congreso los derechos de las mujeres, como el derecho al aborto”. Sandra argumenta que “el Estado ha tenido vínculos paramilitares” y no duda en señalar a “la línea uribista” que “fue quien creó los paramilitares en Colombia”.

Pandemia y reforma sanitaria

Herman Bayona lamenta que “a la ya difícil situación en las urgencias por la pandemia, con una ocupación de entre el 150 y el 200%” se le agregue “el colapso por la atención de los heridos por enfrentamientos con la policía”. Es el presidente del Colegio Médico de Bogotá y pese a que el organismo al que representa apoya “el paro nacional y sus causas justas”, no pudieron convocar “marchas” por estar en medio de una crisis sanitaria. “Nuestro sistema es básicamente asistencial, no es un preventivo, y por eso hemos sufrido tanto en la pandemia”, reconoce.

Jóvenes manda un mensaje de resistencia popular. Imagen cedida por Medios Libres Cali.

Bayona argumenta que los trabajadores de la salud están buscando “una reforma sanitaria” orientada a “una salud pública de calidad” que les “permita ejercer nuestra profesión en condiciones dignas”. Herman denuncia que están “contratados por prestación de servicios”, lo que supone que no tienen “derecho a vacaciones, ni a descansos ni a una pensión digna”.

Estas reivindicaciones recuerdan a las del médico Héctor Abad Gómez, defensor de una sanidad pública, y preventiva, en Colombia, asesinado por grupos paramilitares en 1987. Bayona reconoce que las exigencias actuales “son iguales” a las de Abad “en unas condiciones [económicas y sociales] distintas” y espera que no caigan en el olvido. El olvido que [no] seremos.