El centro ferial IFEMA está a unos diez kilómetros del Congreso. Durante las próximas horas, esa distancia será notablemente mayor: los socios de la OTAN volverán a trazar unas líneas estratégicas que no pasarán por este órgano legislativo. El guion está claro: a la hora de tomar decisiones de calado, la Alianza Atlántica no contempla ni la más mínima ratificación por parte de los Congresos de los países que la conforman.

«Es inconcebible que sea así. La OTAN no es una organización democrática en sus decisiones ni mucho menos», resume a Público el profesor universitario Alejandro Pozo, autor de «La guerra contra el terror» (Editorial Icaria) e investigador sobre paz, conflictos armados, desarme y acción humanitaria.

El alcance de las decisiones de la Alianza volverá a quedar sobre la mesa durante la cumbre de Madrid. Según han coincidido en señalar distintos analistas del ámbito de la Defensa, el encuentro que se celebra este miércoles y jueves en IFEMA definirá un nuevo «Concepto Estratégico», el documento que marca las directrices estratégicas de la OTAN para los próximos años.

«Pretendemos sustituir el ‘Concepto Estratégico de Lisboa’ aprobado en la cumbre de la capital portuguesa en 2010 por un nuevo concepto que sea capaz de adaptarse al nuevo panorama geoestratégico y que sea capaz, asimismo, de no caducar al mínimo cambio en el mismo», señala Miguel Fernández-Palacios, embajador representante permanente de España en el Consejo Atlántico, en un documento publicado recientemente por el Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEES), dependiente del Ministerio de Defensa.

Según destaca el diplomático, el nuevo Concepto Estratégico que se adoptará en Madrid servirá para dar respuesta a las «amenazas y desafíos» actuales. «Las amenazas de ayer conviven con las de hoy; los actores estatales con los no estatales; el mundo analógico con el digital; las acciones kinéticas con las cibernéticas; lo híbrido con lo concreto; los parámetros del conflicto del siglo XX con los del XXI; lo convencional con lo nuclear«, afirma Fernández-Palacios.

El representante del Gobierno dibuja «un conflicto que forzosamente será multidominio, multirregión y multiactor». «Con todos estos ingredientes nos tocará empezar a construir una OTAN que sepa dar respuesta a las necesidades de seguridad estratégica de los aliados. La tarea es enormemente compleja y los primeros pasos en la misma los daremos en Madrid», remarca.

Esas líneas estratégicas constituyen el soporte de las futuras guerras y actuaciones militares que decida emprender la Alianza para intervenir frente a tales «amenazas». Pese a su carácter, estas directrices se aprueban sin pasar por los Parlamentos.

«Disuadir y defenderse»

«El problema es que, al menos desde 1999, el contenido del Concepto Estratégico desborda la regulación del Tratado del Atlántico Norte y plantea problemas sobre el sometimiento pleno de la OTAN a la Carta de las Naciones Unidas», explica el jurista Eduardo Melero en un informe publicado por el Centro Delàs de Estudios por la Paz.

De hecho, el Concepto Estratégico que se adoptó en la cumbre de Lisboa en 2010 y que aún está vigente dejó sentado que  la Alianza «tiene una completa variedad de capacidades necesarias para disuadir y defenderse contra cualquier amenaza a la seguridad de nuestras poblaciones».

Según Melero, ese punto deja claro que «cualquier amenaza puede dar lugar a una respuesta de carácter militar por parte de la OTAN», lo cual «pretende legitimar operaciones militares que vulnerarían la Carta de las Naciones Unidas y amplía el potencial ámbito geográfico de actuación de la OTAN a todo el planeta».  «En España ni siquiera hubo un debate en las Cortes Generales»

Sin embargo, todo esto se realizó «sin plantear un auténtico debate democrático sobre las implicaciones para la política de defensa que supone la aprobación del Concepto Estratégico de 2010″,  lamenta Melero. «En España, ni siquiera hubo un debate en las Cortes Generales antes de que el gobierno español aprobara el Concepto Estratégico en la cumbre de la OTAN de Lisboa», remarca.

En aquel caso el debate parlamentario tenía carácter obligatorio, «ya que el Concepto Estratégico, aunque sea un documento político, modifica en la práctica el contenido del Tratado del Atlántico Norte», añade.

El jurista destaca que según el artículo 94 de la Constitución española, «la celebración o la modificación de un tratado o convenio internacional de carácter militar exige la autorización previa de las Cortes Generales«. «Por tanto, debería haberse abierto formalmente un procedimiento de revisión del Tratado del Atlántico Norte», agregó.

Debate democrático

Gaspar Llamazares estaba en el Congreso cuando la OTAN aprobó esas directrices en Lisboa. El ex coordinador general de Izquierda Unida (IU) era entonces diputado, pero nada pudo decir en torno a esas líneas de actuación. «Los esquemas estratégicos de la OTAN no se ven ni refrendan en los parlamentos», señala el exdiputado a Público.

No en vano, Llamazares recuerda que «esas directrices condicionan la distribución de fuerzas y prioridades, de tal forma que condicionan mucho el futuro». «Por tanto, deberían ser objeto de un debate democrático por esa gran alianza que dice ser democrática», afirmó.

El artículo clave

La investigadora Tica Font, integrante del Centro Delàs de Estudios por la Paz, también ha seguido este asunto de cerca. «Los Conceptos Estratégicos de la OTAN son directrices que los estados asumen y que solo pasan por gobiernos, no por parlamentos. Únicamente se ven obligados a que se trate en el Congreso si hay una modificación estatutaria. Por tanto, la OTAN puede tomar decisiones de alcance sin pasar por los parlamentos«, describió.

La clave está en el artículo cinco del Tratado del Atlántico Norte, en el que se establece que cualquier ataque armado contra sus miembros dará lugar a una respuesta colegiada. Según Font, si la OTAN aprovecha el nuevo Concepto Estratégico que se aprobará en Madrid para definir un ciberataque como una agresión armada «se trataría de una modificación en la práctica del artículo cinco del Tratado, pero sin efectuar un cambio estatutario». En otras palabras, los parlamentos volverían a ser excluidos del debate.