La crisis abierta en Venezuela tras la elección presidencial del 28 de julio se desplazó en gran medida de las calles a los pronunciamientos, la diplomacia y los salones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Ya no se ven protestas y caceroladas por parte de los opositores para denunciar lo que consideran un fraude, mientras que el chavismo se moviliza día tras día al Palacio de Miraflores, donde toma la palabra el presidente Nicolás Maduro. 

El restablecimiento de una calma en la superficie es una victoria del Gobierno, que logró dos objetivos 10 días después de la contienda: estabilizarse en medio del vértigo en que había entrado el país y canalizar el conflicto por vías institucionales, es decir, a través del poder Judicial. 

Esto último había sido planteado por el presidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, dos días después de los comicios: «¿Cómo se va a resolver esta pelea? Se presenta el acta (electoral), si el acta contiene dudas entre la oposición y la situación, la oposición apela con un recurso y esperará en el tribunal el trámite. Y habrá una decisión que tendremos que aceptar».

Fue una de las primeras intervenciones tras las elecciones por parte del hombre fuerte de Brasil, que adquirió una centralidad en medio de la crisis. Lula construyó una articulación diplomática en primer lugar con los gobiernos de México y Colombia, con quienes comenzó a desplegar una serie de iniciativas en curso. 

Contener y dialogar

El comunicado conjunto entre Brasil, Colombia y México emergió cuando la crisis escalaba. Washington anunciaba el reconocimiento de Edmundo González como ganador de las elecciones.

Paralelamente, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, pedía una «orden de captura por parte de la Corte Penal Internacional» contra Maduro, una judicialización internacional que el expresidente de Colombia, Iván Duque, volvió a plantear este martes. 

La posición de los tres grandes países progresistas de la región se centró en tres puntos: la presentación de los «datos desglosados» de las urnas, la canalización institucional de las «controversias», y la «paz social».

Fue el puntapié inicial para una articulación que construyó una hoja de ruta centrada en institucionalizar el conflicto, mostrar las actas y dialogar. 

Brasil asumió luego del comunicado la «custodia de los locales de las Misiones Diplomáticas de Argentina y de Perú«, y la «representación de sus intereses y de sus nacionales en territorio venezolano«. Este  acuerdo llegó tras la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Caracas y los dos países sudamericanos, con la expulsión de sus embajadores.

Lula se comunicó el lunes con su homólogo francés, Emmanuel Macron, quien había participado de dos encuentros internacionales sobre Venezuela previos al acuerdo de Barbados. Este pacto fue firmado entre el gobierno venezolano y una parte de la oposición en octubre del año pasado.

La presidencia brasileña anunció que, durante la reunión, »Macron elogió la posición de Brasil, Colombia y México», a la vez que la presidencia francesa comunicó que «los dos líderes pidieron a las autoridades venezolanas que publiquen las actas completas de los colegios electorales para garantizar la transparencia y la integridad del proceso electoral». 

El presidente brasileño viajó a Santiago de Chile el mismo lunes, donde se reunió con el mandatario Gabriel Boric, quien se había adherido al comunicado de Brasilia, Bogotá y México. Allí volvió a referirse a la crisis venezolana, aunque el comunicado conjunto no dio cuenta del tema. Las tensiones Santiago-Caracas volvieron a emerger en las horas siguientes por el cuestionamiento de Boric hacia la apertura de una «investigación penal» por parte del Ministerio Público venezolano contra María Corina Machado y González.

La decisión de la Fiscalía fue tomada después de que Machado y González publicaran una carta dirigida a «militares y funcionarios policías», solicitándoles que desconocieran el resultado presentado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), y no obedecieran al alto mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ni al presidente Maduro.  

La estrategia Lula

«Si retoma el hilo de la historia vera que Lula, Brasil, la diplomacia brasileña, siempre desempeñó ese papel en Venezuela, intentar mediar en los conflictos con Estados Unidos», explica José Dirceu, fundador del Partido de los Trabajadores de Brasil, exjefe de gabinete de Lula, con amplio conocimiento de las relaciones entre ambos países.

«Lula, como presidente, busca construir siempre una posición independiente de la Unión Europea y de los EEUU», sostiene Dirceu. El también exdiputado compara lo que intenta hacer la oposición encabezada por Machado con el golpe de Estado ocurrido en Bolivia en el año 2019 contra Evo Morales: «El objetivo es evitar que eso ocurra en Venezuela, y encontrar una salida negociada y diplomática, los acuerdos de Barbados fueron un camino para eso», declara.

«La manera de resolver es aceptar los resultados electorales y disputar elecciones el año que viene (en 2025 habrá comicios regionales), pero la oposición ya tomó otra decisión y EEUU también, que es crear un impasse y seguir intentar golpear por dentro con las sanciones y el bloqueo.

EEUU al reconocer la oposición como vencedora (…) y Machado y el candidato al solicitar al Ejército que los apoye, creo que dejaron claro que pretenden un golpe», añade. 

Las audiencias y el tiempo

El conflicto se encuentra ahora con foco en el TSJ, donde acuden los candidatos y apoderados de partidos citados según un cronograma presentado el lunes. González anunció su no comparecencia a la «pretendida citación», ya que al hacerlo estaría «en situación de absoluta indefensión». Además, alega, «la Sala Electoral no puede usurpar las funciones constitucionales del Poder Electoral y certificar unos resultados que aún no han sido producidos». 

El TSJ anunció que podría tardar unos 15 días en dar su veredicto sobre el peritaje de los resultados presentados por los partidos y por el CNE, que ya hizo entrega de sus documentos, incluidas las actas. El CNE, por su parte, aún no anunció cuándo presentará de manera pública el resultado desglosado de las elecciones y las actas, como solicitaron los gobiernos de Brasil, Colombia y México.

Manuel Rosales, gobernador del estado Zulia que respaldó la candidatura de González y compareció ante el TSJ el miércoles aunque sin presentar actas, planteó la «exigencia al CNE, haciendo uso de nuestros derechos constitucionales, de la publicación de las actas definitivas del proceso electoral». 

Por el momento, la crisis sigue abierta y Gabriel Boric anunció que «no reconoce el triunfo autoproclamado de Maduro», ni validará resultados que no hayan sido «verificados por organismos internacionales independientes del régimen«. Asimismo, repitió «la confianza en los esfuerzos que están haciendo países que tienen capacidad de negociación y diálogo con las diferentes partes involucradas», países liderados por Brasil, Colombia y México.