La jefa de Gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, aseguró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pretende continuar con la destrucción de embarcaciones en el Caribe y el Pacífico “hasta que Nicolás Maduro se rinda” en una entrevista publicada este martes por Vanity Fair.

Sus declaraciones volvieron a poner en cuestión los verdaderos objetivos de la ofensiva militar estadounidense, el día después de que el Comando Sur (SOUTHCOM) anunciara que se realizaron nuevos ataques contra tres lanchas en el Pacífico oriental, cerca de Colombia, que dejaron al menos ocho personas muertas.

Según Wiles, Trump está convencido de que la presión militar sostenida forzará al mandatario venezolano a ceder.

“Quiere seguir haciendo estallar barcos hasta que Maduro se dé por vencido”, dijo la funcionaria, en una declaración que, de acuerdo con la propia revista, contradice la narrativa formal del Gobierno estadounidense, que presenta la campaña como una operación limitada contra el avance del “narcoterrorismo” y no como un intento de cambio de régimen.

Desde septiembre, Estados Unidos mantiene un amplio despliegue aeronaval en el Caribe y el Pacífico oriental. En ese marco, las fuerzas estadounidenses destruyeron más de dos decenas de lanchas que, según Washington, estaban vinculadas a redes de narcotráfico y a organizaciones calificadas como terroristas. 

Las pruebas de estas supuestas conexiones no han sido difundidas. Sin embargo, de acuerdo con cifras oficiales del Pentágono, estos ataques dejaron al menos 95 personas muertas, a quienes la Casa Blanca describe como “narcoterroristas”.

Un nuevo ataque

El lunes, el Comando Sur confirmó nuevos ataques contra tres embarcaciones en el Pacífico oriental, cerca de Colombia, en el marco de la operación denominada “Lanza del Sur”. Según informó el propio comando en la red social X, ocho tripulantes murieron durante la operación: “tres en una primera embarcación, dos en la segunda y tres en la tercera”.

Esta nueva serie de ataques, ordenada directamente por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, se apoyó en “reportes de la inteligencia militar estadounidense” que aseguraban que las lanchas se desplazaban por rutas conocidas del narcotráfico y transportaban drogas y armamento. Sin embargo, al igual que en episodios anteriores, no se presentó evidencia que los sustanciara.

Las operaciones se producen en un contexto de creciente tensión regional. Trump ha afirmado en varias oportunidades que “pronto” comenzarán acciones directas dentro del territorio venezolano para erradicar el narcotráfico.

Esas eventuales incursiones se sumarían a una serie de presiones militares y económicas que la administración estadounidense ejerce sobre el país caribeño, cuyo liderazgo Washington vincula con un supuesto entramado criminal conocido como el “Cartel de los Soles”.

Desde Caracas niegan la existencia de esta organización y los señalamientos de presuntos vínculos con el narcotráfico, a la vez que interpretan el despliegue como una amenaza directa a la soberanía del país.

En respuesta a las crecientes presiones, el presidente Nicolás Maduro llamó a la población a organizarse en milicias ciudadanas ante lo que definió como una escalada militar de Estados Unidos.

Pese a ese clima de confrontación, ambos mandatarios mantuvieron en noviembre una conversación telefónica cuyos detalles no trascendieron públicamente. Sin embargo, las declaraciones de Wiles volvieron a alimentar las sospechas de que la estrategia de Washington va más allá de la lucha contra las drogas.

Cuestionamientos internos

Las dudas también se trasladaron al Congreso estadounidense. Este martes, los secretarios de Guerra y Estado, Hegseth y Marco Rubio, comparecieron ante senadores para explicar el alcance de la campaña militar.

La sesión se desarrolló en medio de una creciente inquietud legislativa por la posibilidad de que Trump esté ampliando sus acciones sin la autorización del Congreso.

Uno de los puntos más sensibles fue el ataque del 2 de septiembre en el Caribe, considerado el más polémico de la operación. En esa acción, las fuerzas estadounidenses bombardearon una lancha que, según Washington, transportaba narcóticos. Tras el primer ataque, un segundo bombardeo mató a los dos sobrevivientes que se encontraban aferrados a los restos de la embarcación.

Expertos en derecho militar señalaron que esa acción podría constituir una violación del derecho internacional.

Al salir de la reunión, Rubio y Hegseth defendieron la campaña naval como una “misión muy exitosa”, que apunta contra organizaciones designadas como terroristas por Washington y cárteles a los que acusan de traficar drogas y armas hacia Estados Unidos, según declararon a la prensa.

Ambos secretarios anunciaron que el video íntegro y sin editar del ataque será mostrado a los miembros de las comisiones de Fuerzas Armadas del Senado y de la Cámara de Representantes, aunque descartaron su difusión pública por tratarse de material clasificado. “No vamos a publicar un video top secret, completo y sin editar, para el público general”, sostuvo Hegseth.

La falta de acceso pleno a las imágenes generó fuertes críticas. El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, aseguró que la Administración “no aportó nada nuevo” durante la sesión informativa y cuestionó el nivel de secretismo.

“Si no pueden ser transparentes en este asunto, ¿cómo se puede confiar en su transparencia sobre todos los demás temas que agitan el Caribe?”, declaró. En un mensaje en sus redes, el líder demócrata en el Senado expresó su fundamento: “el pueblo americano no quiere más guerras eternas en el exterior”.

Las objeciones no se limitaron al Partido Demócrata. Algunos senadores republicanos también expresaron dudas sobre la legalidad de atacar a presuntos narcotraficantes que ya no representaban una amenaza inmediata.

Otros, en cambio, defendieron la actuación militar. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, consideró “totalmente apropiada” la decisión de atacar por segunda vez la embarcación y aseguró que la operación se ajustó a las normas del Departamento de Guerra.

El debate se da mientras el Senado evalúa resoluciones destinadas a limitar la capacidad de Trump de lanzar una acción militar contra Venezuela sin el consentimiento del Congreso.

En paralelo, el titular del Comité de Servicios Armados de la Cámara baja, Mike Rogers, afirmó que no considera necesaria una investigación adicional y sostuvo que los tripulantes de las lanchas “no eran náufragos indefensos, sino traficantes de drogas”.

Presión petrolera

Más allá del plano militar, la presión estadounidense también se extendió al ámbito económico, con un foco creciente sobre el sector energético venezolano.

La semana pasada, Washington interceptó y confiscó un buque petrolero que transportaba crudo venezolano en el Caribe. Según la Casa Blanca, la embarcación estaba vinculada a redes de contrabando de petróleo iraní, aunque Caracas aseguró que llevaba casi dos millones de barriles de crudo de la estatal PDVSA.

Maduro calificó el episodio como un “acto de piratería” y criticó duramente a la Corte Penal Internacional y a la Organización de las Naciones Unidas por su silencio frente al caso. En la emisión del lunes de su programa televisivo semanal, el mandatario cuestionó el rol del sistema internacional de derechos humanos y denunció la desaparición de la tripulación del buque.

Mientras tanto, el Pentágono defendió la campaña naval como una “misión muy exitosa” contra organizaciones criminales y terroristas. Trump, por su parte, reiteró que “los días de Maduro están contados” y evitó descartar una eventual invasión terrestre, una posibilidad que mantiene en alerta a los gobiernos de la región.

El presidente venezolano insistió en que Estados Unidos busca apropiarse de las reservas petroleras del país y provocar un conflicto regional.

Al mismo tiempo, aseguró confiar en que sectores de la sociedad estadounidense rechacen una escalada bélica en América del Sur. “Sé que el pueblo de Estados Unidos le va a amarrar las manos a los locos que quieren una guerra por petróleo”, zanjó Maduro.