Nathali Gómez

Tras una silencio de casi un año y medio, la Organización de Estados Americanos (OEA) vuelve a cargar contra el Gobierno boliviano, luego de su cuestionada actuación en las presidenciales de 2019 y de su señalada vinculación con el golpe de Estado que depuso a Evo Morales. 

La secretaría del organismo regional, ocupada por Luis Almagro, emitió un comunicado el lunes donde hace una serie de peticiones que abarcan una amplitud de temas, que van desde el cuestionamiento sin base de las instituciones bolivianas hasta el llamado a la liberación de los «políticos opositores» detenidos en ese país. El ministro de Justicia de Bolivia, Iván Lima, catalogó estas declaraciones de injerencistas e inconstitucionales.

La reacción del organismo regional ocurre luego de que la expresidenta de facto boliviana, Jeanine Áñez, fuera detenida y acusada por los delitos de «terrorismo, sedición y conspiración» durante la acción golpista que impidió que Morales asumiera su nuevo mandato, tras resultar ganador en los comicios cuyos resultados no fueron aceptados por la OEA, que pidió repetirlos, lo que generó una crisis política caracterizada por hechos de violencia.

Si bien tras la autoproclamación de Áñez, en noviembre de 2019, la dirección del bloque regional no se pronunció sobre la independencia de poderes de las instituciones bolivianas, ahora vuelve a cuestionarla. Su aceptación del Gobierno de Áñez quedó plasmada en varias oportunidades, como la reunión del consejo permanente, en enero de 2020, donde se recibió a la ministra de Relaciones Exteriores de facto, Karen Longaric, quien presentó un informe sobre «el proceso de transición» que dirigía la también exsenadora.

¿Qué plantea la OEA en su comunicado?

En el extenso documento, la organización manifiesta su «preocupación» por el «abuso de mecanismos judiciales que nuevamente se han transformado en instrumentos represivos del partido de Gobierno», con referencia a la detención de Añez, quien también tiene cuatro pedidos de juicio por acciones durante su gestión, además de su presunta responsabilidad, como cabeza del régimen, en las matanzasocurridas en Senkata, Sacaba, Montero y la Zona Sur de La Paz, entre noviembre 2019 y noviembre de 2020.

La OEA afirma que «en los últimos meses» ha constatado «la cancelación o sobreseimiento» de juicios contra miembros del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), «así como amenazas de persecución judicial a políticos opositores al Gobierno».

Esta declaración del organismo no se manifestó cuando los medios reseñaron ampliamente la persecución pública del Gobierno de facto contra los dirigentes del MAS. Uno de los primeros hechos oficiales de este tipo ocurrió en noviembre de 2019, cuando el entonces ministro de facto de Gobierno, Arturo Murillo, anunció una «cacería» contra quienes estuvieran relacionados con el Gobierno depuesto.

Un mes más tarde, el funcionario de Áñez tuvo un encuentro con Almagro «para conversar sobre Bolivia» sin que hubiera algún cuestionamiento sobre esas acciones, según publicó en sus redes sociales.

Según la OEA, «el sistema judicial boliviano no está en condiciones de brindar las mínimas garantías de juicio justo, de imparcialidad y de debido proceso». Esta tajante afirmación la hace sin presentar mayores pruebas, como ya ocurrió en el cuestionado informe que arrojó que era «estadísticamente improbable» que Morales evitara la segunda vuelta presidencial y resultara ganador de los comicios de 2019.

¿Qué pide?

En cuanto a las peticiones, el marco es transversal y las exigencias se centran en asuntos internos del país suramericano. Entre sus demandas se encuentran:

• Conformar una comisión internacional para la investigación de casos de corrupción en los gobiernos de Morales y Áñez.
• Remitir las denuncias sobre eventuales crímenes de lesa humanidad a la Corte Penal Internacional.
• Reformar el Sistema de Justicia.
• La liberación de todos los detenidos.

Bolivia estudia acciones legales contra Almagro

En una entrevista hecha por la televisora Red Uno, Lima manifestó que el comunicado emitido por Almagro «plantea injerencia» y anunció que ese país evalúa iniciar acciones judiciales en su contra.

«Si hubiera justicia y pudiéramos enjuiciarlo y traerlo al país, a que rinda cuentas por la gravedad de las afirmaciones y de la irresponsabilidad de su informe, lo haríamos», expresó.

Lima hizo duros comentarios contra Almagro, al que considera como un «actor político» que desconoce la situación boliviana. «Él está trasnochado, pensando en una realidad que no conoce, por esto comete estos errores», afirmó.

El titular de Justicia aseveró que pedir que se conforme una comisión internacional «de personas que no» conocen «y que, probablemente, sean como los auditores» que envió para «conflictuar al país», es decirle al Ministerio Público que «se vaya de vacaciones». «Eso es una grave afectación a la soberanía, a la Constitución y es intolerable», agregó.

Además, consideró que al denunciar que no hay democracia y que debe aplicarse la Carta Democrática, la OEA «descarta a todo el Poder Judicial de Bolivia».

Almagro y el Golpe

Lima cuestionó que el secretario de la OEA plantee que se lleven los casos de violaciones de derechos humanos ante la Corte Penal Internacional cuando ya el procurador de facto, José María Cabrera, presentó ante La Haya una demanda contra Morales, en septiembre de 2020.

Sobre el pedido de libertad inmediata para los opositores detenidos dijo que le corresponde al poder Judicial y no al Ejecutivo tomar tal decisión. «Los casos no se deciden por declaraciones o amenazas o afirmaciones de Almagro. Esto debe definirse en los tribunales», expresó.

Sobre la actuación del secretario de la OEA en el golpe de Estado contra Morales, el ministro dijo: «Nuestra posición es firme; Almagro ha sido parte de una construcción, de una teoría de fraude que nunca existió«.

Recordó que nueve fiscales, en nueve departamentos, han determinado el sobreseimiento de todos los tribunales departamentales electorales porque «no encontraron una sola prueba que pueda meritar una responsabilidad penal».

Lima expresó que el Gobierno actual considera que la OEA y Almagro «han actuado con profunda irresponsabilidad y con una visión política de destruir un proceso democrático» y ha llevado a lo que considera «un golpe de Estado».

Fustigó que esa organización regional «haya legitimado un discurso moral que estaba equivocado y que no tiene bases en hechos, pruebas, en actas y evidencias».