«Van a tener Gobierno socialcomunista para rato», decía el vicepresidente Pablo Iglesias el pasado miércoles en una intervención en el Congreso de los Diputados.

A pesar del anuncio de Iglesias, esta no ha sido una semana fácil para el Ejecutivo, que durante los días en los que sacaba adelante los Presupuestos Generales del primer Gobierno de coalición progresista de la democracia posfranquista veía cómo ex altos cargos del Ejército y militares retirados iniciaban una ofensiva golpista, señalando que el Gobierno amenaza la democracia y la cohesión.

En plena vorágine de la pandemia del coronavirus, con los escándalos del rey emérito arreciando y en medio de una beligerante oposición de militares retirados contrarios al Gobierno de Pedro Sánchez, el actual Ejecutivo logró aprobar mediante un amplio consenso en la Cámara Baja unos Presupuestos Generales después de tres años prorrogando los del PP de Mariano Rajoy y Cristóbal Montoro. 

El pacto para sacar adelante los Presupuestos tiene un añadido notorio, a pocas semanas del primer aniversario de este Gobierno.

Tras miles enmiendas negociadas y jornadas maratonianas de mediación, Pedro Sánchez puede presumir de haber aumentado sus alianzas respecto a su jornada de investidura: el Gobierno de coalición ha sumado 21 votos más que hace casi un año.

Un golpe encima de la mesa que, además, afianza al Ejecutivo hasta 2023 y sienta las bases para alcanzar nuevos pactos en un futuro.

Sin embargo, este hito, que pone fin a varios años de parálisis presupuestaria, se ha visto ensombrecido por los mensajes de varios centenares de militares ya retirados, que no paran de lanzar proclamas contra el Gobierno electo, con ensalzamientos dictatoriales y alabanzas a la ultraderecha.

Mensajes ante los cuales su máximo responsable, el rey Felipe VI —capitán general del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire— ha decidido guardar silencio. Mientras, la derecha española ha preferido mirar para otro lado o condenar tibiamente la andanada golpista. 

Precisamente el hecho de que formaciones como EH Bildu hayan dado su apoyo a los Presupuestos ha sido uno de los elementos más polémicos de las negociaciones, que además ha terminado de encabritar a la derecha y a esta rama más antidemocrática del Ejército.

Otro asunto que tampoco ha gustado a los más conservadores ha sido el voto favorable de los dos partidos catalanes más relevantes, ERC y PDeCat, al proyecto.

El hecho de que se trate de dos partidos independentistas ya es suficiente para soliviantar a Cs, PP y Vox. Pero además su «sí» a los Presupuestos a pocas semanas de las elecciones en Catalunya (14 de febrero) augura futuros respaldos a nuevas acciones y propuestas del Gobierno de coalición.

Y el papel de Pablo Iglesias a la hora de sumar a estas formaciones ha sido clave, algo que no perdonan ni los exmilitares ni las formaciones más conservadoras del arco parlamentario.

Ante los exabruptos de los ex altos mandos del Ejército, el Gobierno ha optado mayoritariamente por la estrategia del silencio y por evitar el desgaste en un momento tan crítico como es la negociación de unos Presupuestos Generales.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, declaró este jueves que las opiniones vertidas en el chat son «inaceptables» y están fuera del marco constitucional, pues ponen en una «situación complicada al rey» y siembran «dudas sobre la labor de las Fuerzas Armadas».

Sin embargo, en agosto, ante una información de Público que revelaba una intensificación del auge ultraderechista en el seno de las Fuerzas Armadas a través de chats y grupos cerrados en redes sociales, el Ministerio de Robles decía no tener indicios de núcleos de ultraderecha en el Ejército.

Ni dos meses después Infolibre sacaba a la luz chats de WhatsApp privados con contenido ultraderechista y contrario al Gobierno. Chats cuyo tono se ha ido elevando tras el referéndum catalán del 17 de octubre de 2017 y, más recientemente, a raíz de la entrada de Unidas Podemos en el Gobierno. 

La ofensiva militar

Aunque el debate durante estos días se ha centrado más en si tomar en serio o no todas estas declaraciones de los militares jubilados, lo que sí pone sobre la mesa es que éstos no reconocen el Gobierno electo, ni a los partidos que votaron a favor o se abstuvieron durante la investidura.

Este sector de militares alega la defensa de la «cohesión nacional» mientras desoye el mandato popular de las urnas. Una soberanía que según el artículo 8 de la Constitución le corresponde salvaguardar.

A finales de noviembre, 73 exmandos del Ejército de Tierra, ya jubilados, enviaron una carta al rey Felipe VI en la que tachaban al actual Gobierno de «socialcomunista apoyado por filoetarras e independentistas»; un Ejecutivo que, según estos, pone en peligro la «cohesión nacional».

Tal vez la declaración más polémica ha sido la de Francisco Beca Casanova, que a través de un chat de WhatsApp con otros militares retirados alababa a Franco y manifestaba su deseo de fusilar a 26 millones de españoles.

Constantes señales de golpismo en personalidades reconocidas dentro del Ejército y que han vuelto a la carga durante la semana en la que se aprobaban los Presupuestos, una victoria del Gobierno, pero sobre todo, una derrota del bloque de la derecha parlamentaria. 

Por último, este sábado se supo que otros 270 militares retirados hablan del «deterioro de la democracia» y acusan al Gobierno de intentar «imponer un pensamiento único». Los firmantes reiteran su lealtad al rey como mando supremo de las Fuerzas Armadas, no así al Gobierno electo. 

Tensión también desde la Justicia

El frágil equilibrio en el que se sustentaba la aprobación de los Presupuestos Generales, que finalmente han contado con el apoyo de once formaciones políticas, se pudo ver amenazado con la decisión del Tribunal Supremo de revocar el tercer grado penitenciario a los presos del procés, decisión que también coincidió con las negociaciones parlamentarias. 

El siguiente escollo que tendrá que solventar el Gobierno, y que trae cola desde hace meses, es la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Si no se llega a acuerdos con el PP para desbloquear la situación, el Ejecutivo intentará aplicar reformas legales del sistema judicial.

El mismo Pablo Iglesias aseguró que será la única vía, pese a que varios órganos oficiales desaconsejan ese camino.

Desde el 4 de diciembre de 2018, el gobierno de los jueces se mantiene en funciones, ante la incapacidad del poder legislativo de llegar a un acuerdo para renovarlo. Las asociaciones judiciales exigen independencia y el final de la «politización».