Organizaciones de la sociedad civil salvadoreña denunciaron este jueves que, en el contexto de los tres años de gestión del presidente Nayib Bukele, y de los dos meses de la implantación del régimen de excepción, presentaron los hallazgos iniciales sobre las violaciones a los derechos humanos en ese país centroamericano.

El Gobierno del presidente Nayib Bukele declaró el estado de emergencia el 27 de marzo, luego de un aumento en los homicidios presuntamente cometidos por pandillas, que desde entonces se ha extendido dos veces por la Asamblea Legislativa.

De acuerdo a organizaciones salvadoreñas como la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos, Bukele «sumerge al país en una crisis de derechos humanos luego de tres años de gobierno» y «con el pretexto de castigar a las pandillas, las autoridades salvadoreñas están cometiendo violaciones generalizadas y flagrantes de los derechos humanos y criminalizando a las personas que viven en la pobreza». 

Según la denuncia, «en lugar de ofrecer una respuesta efectiva a la dramática violencia provocada por las pandillas y los desafíos históricos de seguridad pública que enfrenta el país, están sometiendo al pueblo salvadoreño a una tragedia. Las víctimas de la violencia de pandillas merecen urgentemente justicia, pero esto solo se puede lograr a través de investigaciones sólidas y juicios justos que garanticen el debido proceso y sentencias efectivas».

En el informe, revelan que ha documentado 28 casos de violaciones de derechos humanos, correspondientes a 34 personas, tras entrevistar a víctimas y sus familiares, organizaciones de derechos humanos, periodistas, operadores y exoperadores de justicia, así como líderes comunitarios.

En dicha investigación se encontró que miles de personas están siendo detenidas sin que se cumplan requisitos legales, tales como la existencia de una orden de aprehensión administrativa girada por la Fiscalía General de la República, por sede judicial o en una situación de flagrancia, sino únicamente por ser percibidos por las autoridades como personas señaladas como criminales en los discursos de estigmatización del gobierno, ya sea por tener tatuajes, por haber sido acusadas por un tercero de tener supuestos vínculos con una pandilla, por tener un familiar perteneciente a una pandilla, por tener antecedentes penales previos de cualquier tipo, o simplemente por vivir en una zona controlada por una pandilla.