Las comisiones en la Cámara Baja y el Senado para temas de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos anunciaronque está «tomando acciones bipartidistas para que haya rendición de cuentas» sobre los operativos que el Gobierno federal de Donald Trump realiza en el Caribe en contra de barcos que presuntamente transportan drogas.

El anuncio fue hecho después de reportes de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, habría ordenado «rematar» a la gente que iba en las primeras lanchas atacadas en septiembre, cuando empezaron estas operaciones que ahora son denominadas parte de la misión Southern Spear.

Más de 80 personas han muerto hasta ahora en los ataques a las supuestas «narcolanchas». El Gobierno estadounidense no ha ofrecido evidencia públicamente de que esas embarcaciones realmente transportaban droga, de que sí se dirigían hacia Estados Unidos o de que la gente a bordo realmente puede ser considerada narcotraficante.

«Este comité está comprometido con supervisar de manera rigurosa las operaciones militares del Departamento de Defensa en el Caribe», escribieron en un comunicado Mike Rogers (republicano por Alabama) y Adam Smith (demócrata por el estado de Washington), los dos principales encargados de la comisión legislativa sobre las fuerzas armadas.}

Desde el Senado, el comité respectivo también dijo que se han enviado solicitudes de información al Departamento de Defensa «y se conducirán revisiones vigorosas para determinar los hechos», según los senadores Roger Wicker (republicano por Mississippi) y Jack Reed (demócrata por Rhode Island).

Hegseth ha asegurado que todas las acciones son legales. Este sábado el Pentágono no había contestado a solicitudes para hacer comentarios sobre las revisiones anunciadas por los comités del Congreso.

Desde que los ataques empezaron en septiembre varios integrantes del Congreso estadounidense han expresado preocupaciones sobre si los bombardeos son o no legales, pues usualmente para hacer uso de la fuerza de esta manera se necesita el visto bueno de la rama legislativa.

La Administración Trump ha intentado alegar que hay un «conflicto internacional» contra «combatientes armados». La Constitución establece que el poder de declarar una posible guerra reside en el Congreso incluso si el presidente es el comandante en jefe.

Además de las reservas expresadas por algunos legisladores estadounidenses, a nivel mundial grupos como Amnistía Internacional y el encargado de la defensa de derechos humanos en la ONU han dicho que las acciones del Gobierno de Trump contra las «narcolanchas» parecen ser ejecuciones extrajudiciales.

Ante tales denuncias, este mes ha circulado un memorando de la Administración Trump según el cual los militares a cargo de realizar estos bombardeos y ataques a las supuestas “narcolanchas” pueden quedar eximidos de enfrentar posibles cargos penales o acusaciones de potencial homicidio.

Los ataques contra las supuestas «narcolanchas» son parte de la escalada de tensiones entre Estados Unidos y el régimen venezolano de Nicolás Maduro.

Este sábado, Trump declaró que el espacio aéreo venezolano debe considerarse «cerrado», declaración que fue interpretada como una posible antesala a mayores agresiones. El espacio aéreo de un país, en teoría, solamente puede ser cerrado por la nación que se sobrevuela, pero por precaución varias aerolíneas de cualquier manera han suspendido algunos vuelos.

El Gobierno de Trump lleva meses movilizando a más fuerzas, incluyendo un enorme portaaviones, hacia la zona marítima en el Caribe cercana a Venezuela. Maduro ha respondido con su propio despliegue militar.