El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) concluyó que el proceso contra el expresidente Luiz Inácio Lula de Silva, que fue condenado en 2017 por corrupción, no fue imparcial y se violaron sus derechos políticos.

«Si bien los Estados tienen el deber de investigar y enjuiciar los actos de corrupción y mantener informado al público, especialmente en relación con un exjefe de Estado, tales acciones deben llevarse a cabo de manera justa y respetar las garantías del debido proceso legal», declaró Arif Bulkán, miembro del comité.

En el marco de la operación ‘Lava Jato’, el exjuez Sergio Moro condenó a Lula a 12 años y un mes de prisión. El expresidente permaneció un año y siete meses recluido en un centro penitenciario, hasta que en noviembre de 2019 el Supremo declaró inconstitucional su encarcelamiento y se le devolvió su libertad. 

La comisión de la ONU consideró que Moro y los fiscales violaron el derecho de Lula a la presunción de inocencia y que las «violaciones procesales» de la operación impidieron al líder del Partido de los Trabajadores (PT) concurrir a las elecciones de 2018.

Además, durante el proceso judicial, Moro autorizó al fiscal la intervención del teléfono personal del expresidente y su familia. El comité de la ONU concluyó que estas grabaciones violaron el derecho de privacidad de Lula.

Lula siempre negó las acusaciones y dijo ser víctima de una conspiración para impedir que se presentara a aquellos comicios, en los que partía como favorito en las encuestas, y que finalmente ganó el ultraderechista Jair Bolsonaro.

En 2019, el portal The Intercept Brasil filtró unos mensajes que revelaron que el exjuez –que después de convertiría en ministro de Justicia– se coordinó con los fiscales para encarcelar a Lula. 

«No es suficiente»

En abril de 2021, el ministro del STF, Edson Fachin, anuló todas las condenas contra Lula da Silva relacionadas con la Operación ‘Lava Jato’, con lo que el exmandatario recuperó sus derechos políticos y le abrió la puerta para participar en los comicios del próximo 2 de octubre. 

Sin embargo, para el comité la anulación de las condenas del expresidente por parte del Supremo «no son suficientes para reparar el daño causado».

«Aunque el Supremo Tribunal Federal anuló la condena estas decisiones no fueron lo suficientemente oportunas y efectivas para prevenir o reparar las violaciones», dijo Bulkan. El comité exige a Brasil que garantice el cumplimiento de las garantías de debido proceso en juicios futuros.

Los abogados de Lula consideraron este jueves que se trata de «una decisión histórica y una victoria no solo del presidente Lula, pero de todos aquellos que creen en la democracia y en el Estado de derecho». 

Lula se presentará en octubre a las elecciones presidenciales donde se enfrentará a Bolsonaro. La última encuesta de las consultoras Genial y Quaest sitúa al petista como favorito con un 46 % de las preferencias, 15 puntos porcentuales por encima del presidente, que obtuvo el 31 %.