Hoy, 23 de mayo, participé en la Marcha por la Vida y la Dignidad de niñas, adolescentes y mujeres de República Dominicana.

Lo hice por el derecho a decidir interrumpir un embarazo por 3 Causales, en compañía de mujeres y hombres del Partido de la Liberación Dominicana, del PRM y de otros partidos. También junto a dominicanos y dominicanas que no pertenecen a ningún partido.

¿Por qué?

En nuestro país, a niñas, adolescentes y mujeres violadas y embarazadas (por su padre, tío, abuelo o vecino) se las obliga a parirle un hijo al delincuente ese que la violó. Y eso es un abuso. 

En nuestro país, se obliga a las mujeres a continuar un embarazo que los médicos han determinado que es incompatible con la vida, que nacerá muerto o morirá pocas horas después del parto, como el anencefálico. Eso es una tortura.

En nuestro país, se obliga a las niñas, adolescentes y mujeres embarazadas a continuar un embarazo que les va a causar la muerte.  Lo que es un crimen.

Exijo que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo cumplan su responsabilidad de proteger el derecho de niñas, adolescentes y mujeres de decidir si interrumpen o no el embarazo por las 3 Causales mencionadas.

Poder Ejecutivo y Poder Legislativo no pueden ser indiferentes o mirar para otro lado ante una realidad: quiéranlo ellos o no, las mujeres decidirán, seguirán decidiendo, sólo que lo harán de manera clandestina, sin garantías médicas las pobres, provocando muerte y daños irreversibles a su cuerpo.

¡Por el derecho de las mujeres a decidir!

¡No más abortos clandestinos que causan muerte!