Por primera vez en la historia de las negociaciones climáticas, y tras años de presión por parte de los países más vulnerables al calentamiento global, la cumbre de Egipto ha culminado con un acuerdo para que los Estados ricos financien un fondo de compensación económica para afrontar las pérdidas y daños que está causando la crisis ecológica.

Este fondo, que ya se puso sobre la mesa hace casi una década en la cumbre de Varsovia, se ha pactado ahora bajo la sombra de uno de los peores desastres climáticos en años, las inundaciones en Pakistán. Esta «pesadilla», provocada tras las lluvias monzónicas más intensas en décadas, ha dejado bajo el agua a un tercio del país y ha causado el desplazamiento de 30 millones de personas -más de un 10% de la población-, según explica desde Karachi a RTVE.es Sidra Adil, investigadora en gestión de desastres.

Para Adil, episodios como el que ha sufrido su país este verano tienen detrás responsables con nombres y apellidos, y Pakistán, «que ha emitido solo el 0,3% del dióxido de carbono en la atmósfera» no es uno de ellos. Apunta a los big three, los tres grandes emisores de gases de efecto invernadero, es decir, Estados Unidos, China y Europa, cuyas emisiones acumuladas representan más del 60% del CO₂ emitido desde la Revolución Industrial. «Las comunidades más vulnerables al cambio climático están en países de renta baja y media, que son precisamente aquellos que no tienen los recursos y la capacidad para afrontar un evento climático extremo», señala.

Por ello, «los países responsables de las emisiones tienen que pagar estas compensaciones, porque si no los más vulnerables van a sufrir». «Va a haber crisis de refugiados masivas hacia los países del hemisferio norte en los próximos 10 años o 15 años como mucho, y eso ya debería ser un incentivo para que paguen las compensaciones», asegura la investigadora del think tank pakistaní Colectivo para la Investigación en Ciencias Sociales.

¿Qué son las pérdidas y daños?

El concepto de pérdidas y daños, que ha sobrevolado las dos semanas de la cumbre y ha provocado tensiones entre los países del Norte y el Sur global, hace referencia a las aportaciones económicas para compensar a aquellos Estados que ya sufren en el presente los efectos del calentamiento global.

Tendrían forma de compensaciones por los daños tangibles, como cultivos afectados por la sequía que suponen la fuente de subsistencia para las comunidades afectadas, u hogares destruidos por la subida del nivel del mar. También repararían pérdidas intangibles, desde vidas humanas a la destrucción de culturas, tradiciones y modos de vida debido a la crisis climática, aspectos más difíciles de cuantificar e históricamente en un segundo plano en las negociaciones sobre estos fondos.

Pero al margen de los aspectos monetarios, el debate sobre pérdidas y daños lleva aparejado otro de mayor calado: ¿quién paga la factura del cambio climático? ¿Deben hacerlo los grandes emisores históricos, esencialmente Europa y Estados Unidos? Lo que históricamente ha frenado a estos países a asumir un gran despliegue económico en este sentido es que conllevaría asumir su responsabilidad histórica sobre los desastres que están ocurriendo en el presente y que ocurrirán en el futuro, una deuda que va más allá del terreno económico y se adentra en el de la ética hacia las generaciones actuales y venideras.

El fondo acordado en Egipto, una victoria para los países vulnerables

Finalmente, tras el visto bueno de la Unión Europea primero y de Estados Unidos después, los casi 200 países presentes en la COP27 acordaron por primera vez «establecer un fondo para responder a las pérdidas y daños», según se lee en el texto final. Esto supone una victoria para los países que llevan años empujando en esta dirección, como los pequeños Estados insulares, cuya propia supervivencia está en peligro, y en especial para Pakistán, que ha liderado el bloque negociador llamado G77 + China, en el que están integrados 134 países en desarrollo.

«Es un paso histórico hacia la justicia climática», asegura Pedro Zorrilla, portavoz de Greenpeace en la COP. Explica que «el siguiente paso será saber qué forma tiene esta herramienta financiera y cómo funcionaría», algo que se decidirá en la próxima cumbre, que se celebrará en Emiratos Árabes Unidos, y en las siguientes. Será decisivo saber quién formará parte de la lista de países donantes, y si esta incluirá, además de a los países europeos y a Estados Unidos, a China, a Arabia Saudí y otros países del Golfo Pérsico, que en un primer momento han rechazado estar entre los que aportan al fondo.

Por el momento, el acuerdo de Sharm el Sheij apunta a que el fondo se pagará con mecanismos de financiación «ya existentes», como podrían ser los bancos de desarrollo, o con «soluciones innovadoras». Durante la cumbre, la primera ministra de Barbados, una de las voces más contundentes a favor de las compensaciones por pérdidas y daños, propuso que estas se financiaran con un impuesto del 10% a las compañías de combustibles fósiles.

Mia Mottley presentó un programa completo de financiación climática más allá de las pérdidas y daños, la llamada Agenda de Bridgetown. Incluía una reforma en profundidad del Fondo Monetario Internacional, una suspensión de la deuda en los países más afectados por la crisis climática y un nuevo Plan Marshall que desplegara billones de dólares, no miles de millones, la magnitud hasta ahora predominante en estas negociaciones.

El plan recibió un importante espaldarazo cuando el presidente francés lo apoyó al inicio de la cumbre. Emmanuel Macron pidió un cambio en el funcionamiento del FMI, del Banco Mundial y de otros organismos internacionales de financiación, para que incluyeran la suspensión de la deuda en caso de desastres naturales cada vez más frecuentes e intensos.

Una factura climática con números reales: Pakistán pide 30.000 millones

Los impactos que provoca el cambio climático no son solo proyecciones abstractas, sino que ya se pueden cuantificar. En el caso de Pakistán, el Gobierno ha cifrado en 30.000 millones de dólares el coste de la reconstrucción tras un desastre especialmente grave porque no se esperaba. «Ya hemos tenido inundaciones antes, pero cada vez son más erráticas e impredecibles. Incluso nuestro departamento meteorológico no lo pudo predecir», señala Adil.

Esta investigadora se muestra escéptica respecto a los efectos prácticos del fondo adoptado en Egipto, y cree que no será útil hasta que no vincule legalmente a todos los países ricos. «¿Cómo nos vamos a asegurar que la financiación que llegue a los países vulnerables va a traer resultados? ¿Qué instrumentos tenemos para medir estos resultados?», cuestiona, y advierte de que la dificultad de las autoridades en los países vulnerables para canalizar las posibles ayudas.

Las consecuencias de estas inundaciones no solo tienen consecuencias en el presente. El agua sigue anegando gran parte del país, impidiendo cultivar las cosechas del año que viene y alargando la agonía para millones de personas cuyo método de subsistencia es la agricultura. «Soy una de las privilegiadas cuya vida no se vio afectada por la inundación, vivo en una zona urbana a salvo de las inundaciones», reconoce Adil, quien extrapola su situación a la comunidad internacional. «El privilegio realmente protege a la gente del cambio climático. Por eso los países más responsables de esta crisis quieren mantener el status quo» sentencia.