Mis primeros viajes después del confinamiento, a mediados de este año, fueron a Haití y otras naciones caribeñas. En mi recorrido observé que, además de los efectos devastadores de la pandemia, aún se sienten en muchas de estas islas las consecuencias de varias tormentas tropicales y huracanes recientes: Elsa, Fred, Grace…

A comienzos del año pasado, mientras el mundo descubría los efectos del entonces novedoso coronavirus, decenas de miles de personas en el norte de Argentina luchaban contra las inundaciones que arrasaron cultivos y viviendas.

Mientras tanto, en extensas áreas de nuestra región, la deforestación avanza sin tregua, condenando a bosques y reservas naturales a la desaparición, razón por la que la ONU afirma que la sequía podría ser “la próxima pandemia”.

En los tres ejemplos que he dado hay algunos elementos en común. Los fenómenos relacionados con el clima, cada vez más intensos y frecuentes, son, en gran medida, provocados por la actividad humana; y se manifiestan con más fuerza en América Latina y el Caribe.

De hecho, según el Banco Mundial, América Latina y el Caribe es una de las regiones más vulnerables a los efectos del cambio climático con un impacto económico importante, y pudiendo alcanzar los 100.000 millones anuales de dólares en 2050 (85.852 millones anuales de euros).

Pero hay una dimensión más. El cambio climático no es neutral desde una perspectiva de género. Las mujeres y niñas tienden a sufrir más las consecuencias negativas. Para empezar, estos eventos extremos se cobran proporcionalmente más vidas de mujeres que de hombres. Según un informe del PNUD de 2019, en fenómenos climáticos extremos ocurridos en los últimos 20 años, la proporción de fallecimientos entre mujeres fue superior al 60%.

Después de la catástrofe, las mujeres son también las más vulnerables a experimentar inseguridad alimentaria. Al verse afectadas la disponibilidad, la accesibilidad, el consumo, la estabilidad y la producción de alimentos, son ellas las primeras que sufren las consecuencias.

También son ellas quienes llevan la peor parte desde el punto de vista económico.

Las mujeres que se dedican a la agricultura, especialmente en áreas rurales e indígenas, generan entre el 45% y el 80% de los alimentos en los países en desarrollo. Esto significa que los cambios en el clima, como sequías o inundaciones, les afectan —en sus medios de subsistencia, ingresos y seguridad alimentaria— más que a los varones. La desigualdad de género, como se puede ver, es también un factor determinante de la seguridad alimentaria.

En muchas comunidades, las mujeres pasan más tiempo en la casa, cuidando a los niños y niñas, y participan menos que los hombres en los procesos de toma de decisiones frente a los riesgos.

Tampoco hay paridad de género en los ministerios, los organismos de emergencia o las agencias gubernamentales que trabajan en la definición de las políticas públicas, como en la acción comunitaria para prevención de riesgos.

Y cuando se trata de la defensa del ambiente, América Latina y el Caribe ocupa el primer lugar mundial en asesinato de personas que se dedican a proteger la naturaleza. Un fenómeno que va en aumento, y que también se ensaña con las defensoras.

Durante la celebración de la Conferencia de Naciones Unidas para el Cambio Climático (COP26), esta realidad demanda una respuesta firme y urgente de parte de la comunidad internacional, el sector privado, los gobiernos y la sociedad civil. Las mujeres no pueden seguir siendo víctimas de la injusticia climática.

Se necesitan cambios de política, incorporar visión de género a los planes de respuesta a las catástrofes, considerar las necesidades y vulnerabilidades de mujeres y niñas cuando se diseñen programas de adaptación al cambio climático.

Es necesario involucrar a las mujeres indígenas y rurales en todos los procesos de planificación y desarrollo de políticas públicas, tomando en cuenta los roles de género de las comunidades.

Es indispensable, también, garantizar la protección de las defensoras del medio ambiente, un verdadero pilar en la primera línea de protección de medios de subsistencia, fuentes de agua, áreas protegidas y recursos naturales.

Involucrar a las mujeres indígenas y rurales sin dejar a nadie atrás, es clave para la adopción de alternativas estratégicas, innovadoras y efectivas para hacer frente a los efectos del cambio climático y de los riesgos que implica.

Espero que las delegaciones que se reúnen en Glasgow tengan en cuenta a las mujeres, sobre todos a las rurales e indígenas, las primeras defensoras del medio ambiente y las más vulnerables ante el cambio climático.