Los colombianos han elegido a Gustavo Petro como su nuevo gobernante, y a Francia Márquez como su mano derecha. Ambos deberán superar diversos retos al frente del país y algunos de ellos tienen que ver con la situación climática y ambiental del territorio nacional. Algo que, por lo general, suele quedar a un lado cuando los mandatarios llegan al poder, pues parece importar más la economía u otros temas que hacen parte de la agenda política.

Algunas de las propuestas del líder de izquierda son cumplir con los acuerdos suscritos por Colombia en las distintas cumbres climáticas, entre las que se encuentra, por ejemplo, el Acuerdo de París, y delimitar las áreas del territorio nacional con alto riesgo de vulnerabilidad a causa del cambio climático. Petro ha hablado acerca de la revisión de los programas de captura de carbono y tratamiento de hidrocarburos, y quiere lograr en la Amazonía un pacto nacional con alcance regional y global para su defensa.

Su programa de gobierno buscaría proteger y preservar ecosistemas estratégicos y suscribir acuerdos comunitarios para la regeneración, restauración y preservación de los mismos. Lo bueno de sus propuestas, de estas y otras más, radica en que hay un reconocimiento del vínculo entre la crisis climática y la pérdida de biodiversidad. El presidente electo ha sido enfático en la necesidad de impulsar transformaciones que vayan dirigidas hacia un modelo de desarrollo sostenible que dependa cada vez menos de los combustibles fósiles.

El único obstáculo que parece resaltar en lo planteado por Petro es que, pese a que propone ordenar el territorio a partir de las fuentes hídricas, no menciona nada respecto a la necesidad existente de conectar los ecosistemas a través de otros corredores e ignora que es necesario regular los incentivos de conservación, a saber el pago por servicios ambientales y los programas de reducción de emisiones causadas por la deforestación y la degradación de bosques.

Frente a esto, WWF Colombia (el Fondo Mundial para la Naturaleza) hace un llamado para que el nuevo gobierno no pierda de vista las urgencias y necesidades que tiene el país en materia ambiental y las ubique dentro de sus prioridades en la agenda política que llevarán a cabo durante los próximos cuatro años.

La entidad señala que el 52 % del territorio nacional está cubierto por bosques de los que no solo dependen las comunidades que los habitan, sino muchos de los servicios que hacen posible la vida en las ciudades. De acuerdo con cifras del Ideam, desde 2015 anualmente se pierden, en promedio, cerca de 170.000 hectáreas de bosque, principalmente en la Amazonia.

El país necesita de una serie de estrategias integrales en los territorios con acciones de tipo preventivo, correctivo y educativo, más que de carácter coercitivo, que permitan abordar los motores directos e indirectos para lograr reducir o, en el mejor de los escenarios, detener la tasa de deforestación en el país. Además, es vital fortalecer los procesos de planificación y ordenamiento territorial, pues más de la mitad del territorio nacional son bosques y, de ellos, el 34 % (37 millones de hectáreas) confluye con resguardos indígenas y tierras colectivas de comunidades afrodescendientes, que, junto con los pequeños productores campesinos, juegan un rol fundamental para la conservación de la naturaleza.

La Amazonia enfrenta una crisis sin precedentes. El 44,3 % del territorio nacional es amazónico y es determinante para el equilibrio natural del planeta y la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, además de la deforestación (en 2020, de acuerdo a cifras del IDEAM, el 63% de este flagelo se concentró allí), enfrenta graves amenazas como los incendios que afectan significativamente la conectividad ecosistémica, y una crisis de seguridad por la intensificación del acaparamiento de recursos y de las actividades económicas ilegales, que pone en riesgo a los defensores ambientales.

Pese a esto, Colombia aún cuenta con el área de bosque mejor conservada de toda la cuenca Amazónica, y se debe en gran parte a que los pueblos indígenas y comunidades campesinas han demostrado conservar mejor que nadie los bosques sobre la base de sus sistemas de conocimiento y prácticas sostenibles.

En este orden de ideas, es necesario garantizar la implementación del Pacto Intergeneracional por la Vida de la Amazonia Colombiana orientado a alcanzar la cero deforestación en la Amazonia de aquí al año 2030; asegurar la participación real, activa y efectiva de los pueblos indígenas y comunidades locales en la conservación de la región, y los apoyos suficientes para que las comunidades puedan vivir del bosque de manera sostenible. Además, será menester poner en marcha una política pública que garantice el acceso y la propiedad de la tierra de las comunidades locales y campesinas, y proteger y asegurar los derechos territoriales de los pueblos indígenas de esta región.

WWF señala que Colombia es el país más peligroso para la defensa del medio ambiente, de acuerdo a cifras del Global Witness. Para la muestra, un botón: según Indepaz, alrededor de 611 líderes ambientales han sido asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz hasta 2021. El riesgo que corren los líderes en los territorios es uno de los mayores desafíos para asegurar una verdadera justicia ambiental en el país.

¿Qué necesita Colombia? Entre otras cosas, ratificar e implementar el Acuerdo de Escazú para impulsar una mejor protección de los defensores del medio ambiente y la inclusión de las comunidades locales en la gobernanza ambiental. Con su adopción se abre una puerta para alcanzar una justicia ambiental y el fortalecimiento de una democracia ambiental desde un enfoque de concertación, progresividad, cooperación y fortalecimiento de capacidades.

En 2020, el país asumió el compromiso de reducir en 51% sus emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 y alcanzar la carbono-neutralidad en 2050. Una ambiciosa meta que plasmó en su Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC), la hoja de ruta a través de la cual aportará al cumplimiento del Acuerdo de París, el compromiso más importante a nivel internacional para la lucha contra el cambio climático. Para cumplirla, se requieren grandes transformaciones en los sectores y la economía nacional, además de financiamiento.

En primer lugar, dejar de depender de los combustibles fósiles (gas, petróleo y carbón), pero sobre todo no incentivar la dependencia a estos a través de la implementación de técnicas de extracción como el fracking. Es clave programar la reducción paulatina de la producción de hidrocarburos contemplando alternativas a los riesgos fiscales, económicos y sociales que la transición conlleva; avanzar hacia fuentes de energía renovables, detener la deforestación, ya que el sector de agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra (AFOLU) es el que más contribuye a la generación de emisiones, y garantizar un mayor financiamiento para la acción climática.

El Estudio de Impactos Económicos del Cambio Climático en Colombia del DNP y el BID, estima que, en el país, cada año la pérdida del PIB sería de 0,49 % por cuenta del cambio climático. Por ello, es necesario avanzar en la estrategia de financiamiento de la NDC, considerando que es un compromiso no condicionado que no considera aportes internacionales, necesarios para lograr una meta tan ambiciosa.

Junto a estas, son varias las tareas que el gobierno de Gustavo Petro deberá enfrentar en estos cuatro años y procurar una solución, sino para todos, para la mayoría de ellos.