El tsunami conservador que sacude Estados Unidos desde un Tribunal Supremo radicalizado avanza a un ritmo endiablado y ha dado este lunes otro golpe de impacto, derribando otro de los muros que mantenían la separación entre iglesia y Estado.

Tres días después de la trascendental derogación de la protección constitucional del derecho al aborto, y seis después haber dado luz verde a la financiación pública para la educación religiosa, la mayoría conservadora de los magistrados en el Alto Tribunal ha dictado este lunes una sentencia que respalda la oración en las escuelas públicas.

Se trata de la última decisión de una mayoría conservadora en el Alto Tribunal que cada vez protege más los derechos religiosos. También, de la última en que esa mayoría conservadora se muestra dispuesta a romper con los precedentes. En este caso, aunque a diferencia de en el tema del aborto no deroga sentencias previas, sí rompe con al menos seis décadas de jurisprudencia.

Rezar en público

En el centro del caso estaba Joseph Kennedy, un antiguo entrenador de fútbol en un instituto público del estado de Washington que solía rezar con jugadores. Pese a haber recibido órdenes de dejar de hacerlo las desoyó y siguió rezando, incluyendo tras los partidos en medio del campo. El distrito escolar lo puso de baja y no renovó su contrato y, respaldado por First Liberty Institute, un grupo legal religioso, Kennedy acudió a los tribunales. Ahora el Supremo ha dictaminado que el distrito escolar de Bremerton, representado legalmente por Americanos Unidos por la Separación de Iglesia y Estado, violó sus derechos amparados por la primera enmienda.

“Las cláusulas de libre ejercicio (religioso) y de libertad de expresión protegen a un individuo que hace una acción religiosa personal de represalias del gobierno”, ha escrito el juez Neil Gorsuch, uno de los tres nombrados por Donald Trump, en una sentencia que han respaldado los otros cinco magistrados conservadores.

“La Constitución ni obliga ni permite al gobierno suprimir esa expresión religiosa”, reza la sentencia, en la que también se asegura que “la Constitución y las mejores tradiciones aconsejan respeto mutuo y tolerancia, no censura y supresión, tanto de opiniones religiosas como no religiosas”.

La postura progresista

Los tres magistrados progresistas han disentido. Y en una opinión redactada por la jueza Sonia Sotomayor, vuelven a denunciar algo que ya cuestionaron con la otra sentencia que tocaba la religión la semana pasada: que la mayoría conservadora se centra casi exclusivamente en la cláusula de la Constitución que garantiza el libre ejercicio de la religión pero obvia una cláusula anterior; la que prohíbe al estado el establecimiento de una religión.

“Esta decisión perjudica a las escuelas y a los jóvenes ciudadanos a los que sirven y al longevo compromiso de la nación con la separación entre iglesia y estado”, ha escrito Sotomayor, que también ha atacado uno de los argumentos de la mayoría conservadora, que asegura que el entrenador no obligaba a los estudiantes a unirse en sus oraciones y ejercía un derecho privado. “Hay pruebas directas de que los estudiantes se sentían forzados”, ha escrito la jueza, que ha añadido fotos a su opinión y ha apuntado al “poder coercitivo único de las acciones de un entrenador entre jugadores adolescentes”.

Un país polarizado

Como ha sucedido con las recientes sentencias más controvertidas de la mayoría conservadora, incluyendo la que la semana pasada reconoció el derecho a portar armas en público y, especialmente, la del aborto, la de este lunes ha provocado reacciones radicalmente diferentes en un país cada vez más polarizado y dividido.

En el lado conservador se han escuchado alabanzas y celebraciones de líderes como el exvicepresidente Mike Pence, cristiano, que en un comunicado distribuido a través del Comité de Acción Política con que prepara su potencial candidatura presidencial ha asegurado que “hay que rechazar cualquier intento del gobierno de controlar la expresión religiosa privada”.

Frente a ellos, otros han lamentado una sentencia que, dicen, “desmantela décadas de progreso”. “Desde 1962 el Supremo ha reconocido consistentemente que la oración en la escuela es coercitiva, mina los derechos de libertad religiosa de estudiantes que se sienten presionados a participar”, ha recordado en un comunicado Kathy Joseph, directora de la organización Interfaith Alliance.