Sri Lanka, manual para una guerra religiosa

Laicidad/ Religiones
06-01-2022
Rebelión, España

El gobierno de Sri Lanka continúa con la agenda de políticas antiislámicasejerciendo discriminación, acoso y violencia contra esa comunidad lo que se incrementó desde 2013 tras los ataques coordinados del domingo de Pascuas de 2019 que dejaron 290 muertos y 500 heridos. Al tiempo que Colombo se ampara en la constitución de 1978 que otorga al budismo el principal lugar en lo religioso del país y que el Estado tiene el deber de protegerlo, por lo que tiene la excusa para incentivar el nacionalismo cingalés-budista, etnia y religión que representa más del setenta por ciento de los casi 22 millones de esrilanqueses.

Desde aquellas Pascuas la discriminación contra los musulmanes, que representan cerca del diez por ciento de la población, ha ido en constante aumento registrándose ataques de turbas “muy bien organizadas” contra viviendas y comercios pertenecientes a esa minoría. Este tipo de acciones nunca han sido castigadas, sino todo lo contrario, ya que los fanáticos budistas se siente totalmente respaldados por el Gobierno del presidente Gotabaya Rajapaksa, que desde su asunción en 2019 ha seguido aplicando las mismas políticas de su antecesor, Maithripala Sirisena (2015-2019).

El gobierno de Rajapaksa ha utilizado la pandemia para seguir hostigando a los musulmanes, promulgando una norma. Apenas se produjo el deceso del primer musulmán víctima del Covid, el primero de abril del 2020, prohibió el entierro de cualquier persona sospechosa de haber muerto por esa enfermedad, lo que obligaba a la incineración forzando a la comunidad a faltar a sus estrictos ritos funerarios sin que ninguna evidencia científica avalara la teoría de que enterrar a las víctimas de esa enfermedad alentaría su propagación. Los musulmanes rechazan la cremación, ya que creen en la resurrección de los cuerpos. Dada la presión internacional esta normativa sería revertida. Por su parte el Parlamento debate la prohibición del uso del niqab (un velo facial completo que solo deja al descubierto los ojos) al tiempo que se aspira a prohibir la actividad de las madrassas (escuelas coránicas).

Las acciones antiislámicas de los sucesivos gobiernos de Sri Lanka se profundizaron a partir del 2013, cuando terminó con éxito la campaña de los grupos nacionalistas para impedir la fabricación de alimentos considerados halal, en referencia a los rigurosos procedimientos que establece la sharia para la elaboración de comestibles, los cuales invadían los derechos religiosos de otros y estaban financiando de manera encubierta a los grupos fundamentalistas musulmanes. Por eso, desde entonces, la certificación de halal en el etiquetado ha desaparecido. Durante aquella campaña se produjeron ataques contra mezquitas y comercios musulmanes que nunca fueron esclarecidos y cuyos responsables se desconocen. Tal como sucedió en 2014 cuando las acciones antimusulmanas protagonizadas por los mismos grupos nacionalistas estallaron en las ciudades costeras de Beruwala y Aluthgama, donde más allá de innumerables pérdidas materiales murieron cuatro personas y otras 80 resultaron heridas.

En los años sucesivos, a pesar de que el entonces nuevo gobierno de Wickremesinghes había prometido investigar los ataques contra las minorías étnicas y religiosas, las acciones violentas contra los musulmanesdespués de un breve interregnocontinuaron. En 2017 cuando grupos vinculados a la Bodu Bala Sena (BBS) o Ejército del poder budista, una organización de extrema derecha, desplegaron acciones terroristas en la ciudad de Ginthota y en 2018 se replicaron en las ciudades de Digana y Ampara sin que los culpables fueran castigados.

Tras los atentados de aquel domingo de Pascuasla aversión contra el islam escaló todavía más, por lo que en mayo de ese año, durante Ramadán, la comunidad islámica en varias ciudades de la provincia noroccidental de Sri Lanka fue atacada. Lo mismo que diferentes mezquitas de la isla.

Las autoridades cingalesas también han utilizado la Ley de Prevención del Terrorismo (PTA), que permite la detención de sospechosos sin evidencia durante tres meses sin presentarlos ante la justicia, herramienta utilizada de manera constante contra la minoría islámica, habiéndose registrado detenciones de figuras destacadas de esa comunidad, como abogados e intelectuales, por más de 15 meses.

En los días posteriores a los ataques de Pascuas fueron detenidos más de 2.000 musulmanes, gracias a las leyes de emergencia y terrorismo, de cuya enorme mayoría no se contaba con pruebas para ser encarcelados y lo único que las autoridades pudieron argumentar era que tenían un Corán o algún texto escrito en árabe. Por lo cual el Gobierno estableció también programas de desradicalización para aquellos que profesan una religión fundamentalista, lo que a todas luces se observa que fue puesta solo para los ciudadanos musulmanes, hecho que permitió encerrar a cientos de ellos en campos “especiales” durante más de un año.

Cómo esconder una crisis detrás de una mezquita.

Si bien el presidente Rajapaksa cuenta con una larga historia antiislámica, considerando que ya desde el Gobierno de Mahinda Rajapaksa (2005-2015), hermano del actual, se alentó la violencia interétnica e interreligiosa.

La irrupción de la pandemia, que ha provocado la caída a pique de la economía del país, particularmente en el área del turismo que ocupa a más de 200.000 personas de manera directa, además de la acuciante deuda externa, prácticamente obligó a Rajapaksa a culpar a los musulmanes de todos los males de la nación. Para ello se ha apoyado en el mahanayake (alto dignatario) budista Galagoda Gnanasara, líder del Bodu Bala Sena, a quien designó en octubre pasado, a pesar de haber estado muchos años enfrentados, para que dirija un grupo de trabajo sobre reformas legales para combatir la discriminación y garantizar los valores humanitarios. Tal designación ha sido interpretada como una provocación no solo a los musulmanes, sino a todas las minorías del país, como la etnia tamiles, hindúes y cristianos en su mayoría, cuyo brazo armado los Tigres de la Liberación de Tamil (Eelam) ha librado una guerra separatista desde 1983 a 2009 que dejó cerca de 100.000 muertos, contra los sucesivos gobiernos de mayor o menor grado, siempre budistas, un conflicto en el que la colectividad musulmana se mantuvo siempre a favor del Gobierno central.

El nombramiento de Gnanasara, quien estuvo condenado a seis años de prisión por desacato y amenazas en 2018 pero fue indultado a los seis meses por el entonces presidente Sirisena, ha sorprendido incluso los nacionalistas, ya que el monje fundamentalista se ha caracterizado por su discurso de odio particularmente contra los musulmanes, que habían pasado a la acción en múltiples ocasiones. Los más críticos han calificado el nombramiento de irracional e incomprensible.

Entre las campañas mediáticas encaradas por Gnanasara y respaldadas por el Gobierno de Gotabaya Rajapaksa propagan teorías como que el crecimiento de la población musulmana superaría a la cingalesa, lo que le daría la posibilidad de convertir al país al islam al tiempo que empresas de dueños musulmanes distribuían, subrepticiamente, productos para esterilizar a los cingaleses para impedir el crecimiento de su poblaciónAdemás Gnanasara acusó sin pruebas a los entonces ministros musulmanes Rishad Bathiudeen y Azath Salley acusándolos de estar involucrados en los ataques de Pascuas, de lo que todavía no ha presentado ninguna evidencia. A pesar de ello y tras demostrarse que no tenían ninguna relación con los hechos de los que le acusan, el exministro Bathiudeen enfrenta cargos por terrorismo y extremismo. Por su parte, recién el pasado 2 de diciembre Salley, después de haber pasado ocho meses en prisión, fue liberado por falta de pruebas.

La investigación amañada de los ataques de 2019 ha hecho que con el apoyo del Papa Francisco, el cardenal Malcolm Ranjith, arzobispo de Colombo, pidiera una investigación internacional. Por lo que más tarde la policía interrogó durante tres días a uno de los principales asesores del cardenal. Mientras las políticas de provocación continúan, recientemente el Gobierno prohibió la matanza de ganado, industria dominada por musulmanes y que va en contra de los preceptos budistas.

Sin duda, de existir un manual para una guerra religiosa, llevaría la firma del mahanayake Gnanasara y la de su aliado “espiritual” el Primer Ministro indio Narendra Modi, otro fundamentalista religioso que ha provocado en su país una escalada de odio y persecución contra los musulmanes que preanuncia lo peor.

Guadi Calvo es escritor y periodista argentino. Analista Internacional especializado en África, Medio Oriente y Asia Central. En Facebook: https://www.facebook.com/lineainternacionalGC.