El país tiene derechos a organizar sus fronteras y a hacer cumplir la ley de migración, a lo que no tienen derecho es a violar los derechos fundamentales de las personas.

Con estas palabras inicia un comunicado suscrito por sacerdotes de Dajabón en el que se declaran testigos de excesos y violaciones de derechos en las últimas semanas.

«Se están dando condiciones en las que el gobierno no puede asegurar el debido proceso, por los números tan elevados de deportaciones que desbordan las capacidades operativas de los agentes de Migración», señalan los curas.

Aseguran que la situación impide que haya una discriminación positiva en la que todos los nacionales haitianos que son apresados en los operativos de migración y el Ejército Nacional sean depurados de manera efectiva.

«Por el contrario, son tratados con métodos negadores de derechos. Esta acción está violando la Constitución nacional, las leyes y los convenios internacionales», expresaron.

Los sacerdotes enumeraron sus denuncias:

• Los migrantes son sometidos a procedimientos violentos, humillantes y poco profesionales, en los operativos que diariamente se realizan.
• Cualquier uniformado puede detener una persona migrante, esto está fomentando el “macuteo” y promoviendo el miedo.
• Hay deportaciones de niños con arraigo social en la República Dominicana, y nos entristece la cantidad de menores no acompañados que han sido conducidos a la frontera.
• Los centros de detención no cumplen con el mínimo que garanticen la dignidad humana: baños, muebles para sentarse o dormir, tampoco se les brinda agua y comida. A esta situación son sometidos tanto niños como mujeres embrazadas y madres lactantes.

Los representantes de la iglesia católica recuerdan que la Ley General de Migración 285-4, en su  artículo 27, indica que “en los casos que proceda la deportación o expulsión de extranjeros, se realizarán con el debido respeto a los derechos humanos, conforme lo disponen las leyes vigentes y los acuerdos ratificados por la República Dominicana”.

Cualquier extranjero que esté en suelo dominicano se le deberespetar su dignidad humana y sus derechos, los mismos deben de ser garantizados por el Estado. El Estado, en todos los casos, siempre es garante de derechos, cuando esto no ocurre se lacera el acuerdo social que sostiene nuestra sociedad. Es claro el problema de gobernanza de las migraciones en nuestro país. La única solución que se brinda son las repatriaciones, cuando eso se soluciona con la regularización.Necesitamos una política migratoria eficiente y la regularización de la mano de obra haitiana.

Tomando en cuenta, que la República Dominicana depende de la mano de obra haitiana en varios rubros fundamentales, como la construcción, el turismo, la agropecuaria y los servicios domésticos, los curas señalan que las deportaciones masivas pueden poner en peligro la estabilidad económica y la seguridad alimentaria en el país.

Entendemos que la situación de irregularidad de muchos haitianos, en República Dominicana, igualmente es responsabilidad de los empleadores, que se aprovechan de esa situación para sacar ventajas de la explotación de la mano de obra.

Razonan que si muchos migrantes no han podido renovar su carnet, esto se debe a la no existencia de oficinas que brinden estos servicios en las provincias donde viven, deben ir a Santo Domingo. Todo esto nos confirma que el gobierno no tiene una política migratoria clara sobre Haití.

Los sacerdotes piden al Gobierno:

• Detener las deportaciones masivas.
• Resolver el problema de la participación de los militares en el tráfico de personas.
• Crear centros municipales para la regularización de los migrantes.
• Implicar a los empleadores como corresponsables en la regularización de los migrantes.
• Mejorar la infraestructura de los centros de detención y crear espacios seguros para los menores, madres embazadas y lactantes, que deban ser repatriados. 

El comunicado está firmado por una docena de curas de la provincia Dajabón.