Azua, República Dominicana. – Las 460 familias afectadas por la construcción de la presa de Monte Grande reclamaron al Gobierno cumplir su palabra y los compromisos pautados, que incluyen la entrega a cada una de ellas de 30 tareas de terrenos de calidad.

De igual modo, garantizar servicios de agua para riego y la terminación del centro poblado; algo que debió pasar hace cinco meses, antes del 25 de enero, fecha de la inauguración de parte de la obra.

En rueda de prensa convocada frente a la Gobernación Provincial de Azua, organizaciones comunitarias que acompañan a las familias en este proceso, expresaron sentirse engañadas por las autoridades del gobierno central, debido a que las tierras con las que estas 460 familias se sustentaban de su producción, quedaron inundadas.

“Hacemos un llamado al presidente de la República para que ordene la solución urgente de estos problemas, y a las autoridades de la provincia de Azua, a fin de que cumplan su responsabilidad de representar y gestionar la solución a las necesidades de nuestras comunidades», explicaron.

«Nosotros hemos aportado nuestras tierras para la construcción de la presa, que ofrecerá buenos servicios al país; pero no debe ser en perjuicio nuestro”, agregaron los demandantes.

Señalaron que las autoridades han violado más los acuerdos firmados y orales con los comunitarios, incluyendo el último realizado el pasado 24 de abril en el Palacio Nacional, en una reunión encabezada por el ministro de la Presidencia, Joel Santos, mediante el cual Gobierno.

En dicho encuentro, el se comprometió a resolver todos los problemas y a realizar un segundo encuentro en la semana siguiente, pero han transcurrido dos meses en los que las autoridades han cambiado las fechas reiteradamente o simplemente han dejado plantadas a las familias y comunitarios.

De ahí que interpreten que con esa reunión en Palacio, las autoridades sólo buscaban detener los reclamos durante la campaña electoral para no afectar al partido oficialista, porque después de las elecciones han actuado con indiferencia y no han dado continuidad a las reuniones pendientes.

Anuncian plan de lucha

Tanto las familias afectadas por la construcción de la presa de Monte Grande, como las organizaciones comunitarias, anunciaron que estarán en acción permanente y desarrollarán un plan de lucha que no se detendrá hasta tanto el gobierno cumpla con todos los acuerdos firmados, algunos de los cuales han tenido a la iglesia católica como testigo.

“Nuestras familias están pasando miseria y desesperación; pero a la vez sentimos una gran indignación y conscientes de los derechos que nos asisten, elevamos nuestro espíritu y en el día de hoy empezamos un plan de lucha que cuenta con el apoyo y la solidaridad de organizaciones campesinas y del movimiento popular de la región sur y del país”, expresaron.

Decenas de promesas incumplidas

Entre los acuerdos hechos por el gobierno están: un asentamiento agrícola con 30 tareas de tierra con riego para cada familia afectada en Monte Grande, Los Güiros, La Meseta, San Simón y Hato Nuevo; pensiones dignas para los envejecientes y las personas que viven con algún tipo de discapacidad.

También subsidios mientras se concretiza la entrega de la tierra; instalación de una cocina móvil hasta que se construya un comedor económico y el pago de las deudas pendientes por desbroce de cultivos y de otros expedientes por deudas que están en los tribunales.

De igual manera, el Gobierno se comprometió con la terminación y en algunos casos construcción de una serie de obras como el Centro Comunal o Multiuso; el mercado, el cementerio, la funeraria municipal.

Asimismo, un parque, un campo de béisbol, una cancha de baloncesto, dos iglesias, una policlínica, alcantarillados sanitario y pluvial; un acueducto, la impermeabilización de techos en viviendas, la arborización y la finalización de la carretera.